Durante casi 90 años de existencia, la villa 31 se debatió entre la destrucción y la integración con el resto de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente ganó la partida un modelo de urbanización con el aval de desarrolladores inmobiliarios, grandes empresarios y financistas.

El modelo agro-exportador en Argentina provocó la concentración de la riqueza en la zona pampeana y desató el consecuente movimiento de la población hacia los núcleos urbanos a causa de las migraciones, tanto externas como internas. A comienzos del siglo XX buena parte de los inmigrantes europeos se instaló inicialmente en “conventillos” céntricos y el resto conformó las primeras villas miseria en la ciudad de Buenos Aires junto a las corrientes migratorias provenientes de diferentes provincias del sur, centro y norte del país. Así surgió en 1932 la llamada Villa Desocupación, que refugió principalmente a inmigrantes polacos afectados por la crisis económica mundial de 1930. Luego de varios cambios de nombre, este asentamiento ubicado en el barrio de Retiro quedaría popularmente conocido como la villa 31.

A lo largo de sus casi 90 años de existencia, la polémica en torno a la villa 31 estuvo entre quienes pretendían destruirla y aquellos que apostaban a su integración con el resto de la metrópolis porteña. Sin embargo, la lógica predominante en las políticas públicas y en los discursos disciplinares de nuestro país durante gran parte del siglo XX se basó en la erradicación de villas y asentamientos. El desarrollo más acabado de la planificación expulsiva se alcanzó durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, que comenzó a implementar el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) en 1967. Esta iniciativa consideraba necesaria la “urbanización”, no de las villas sino de los villeros. Por esta razón, en ese entonces se construyeron múltiples conjuntos de vivienda que devinieron en los famosos monoblock. Diez años más tarde, la última dictadura cívico-militar embistió brutalmente contra las villas consideradas por la prensa oficial como “guetos oscuros”. A pesar de los camiones, las topadoras y el intento de arrasar con el barrio lindero a la exclusiva zona de Recoleta, 43 familias resistieron el desalojo y lograron que en 1979 el Poder Judicial fallara a favor de su permanencia en el lugar.

Esta política de erradicación explícita siguió inclusive hasta la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de Gobierno en 2007, dado que fue uno de los principales puntos de su campaña. No obstante, esta promesa electoral no se cumplió y el 3 de diciembre de 2009 se produjo un quiebre en el diseño de las políticas públicas para el sector: la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó un proyecto de ley por unanimidad para urbanizar las villas 31 y 31 bis, donde ya residían por entonces unas 26 mil personas (esta cifra se habría elevado a 40 mil habitantes entre 2009 y 2013). El desarrollo de este proyecto urbano contó con la labor del Instituto de la Espacialidad Humana -IEHu- de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA) a partir de la articulación entre un equipo de profesionales universitarios, la mesa barrial y la Legislatura porteña. Allí se constató la factibilidad arquitectónica y urbana de radicación en el lugar, dado que se apostaba a valorar las preexistencias y a lograr la integración socio-territorial.

Después del fuego, las cenizas

Luego de varias desavenencias entre los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en agosto de 2016 el plan de acción para urbanizar las villas 31 y 31 bis. El proyecto “Treinta y todos” representa un cambio de paradigma en relación al accionar desplegado durante las décadas anteriores: propone la construcción de un polo educativo donde se ubicará la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, la realización de un “corredor verde” en reemplazo del tramo de la autopista Illia que cruza el barrio y la puesta en marcha de un conjunto de obras de infraestructura básica que permitirán el acceso a iluminación, cloacas, desagües pluviales, cableado y pavimentación. Al mismo tiempo, la iniciativa se plantea mejorar las diez mil viviendas existentes a través de un trabajo conjunto con arquitectos y un relevamiento “caso por caso” para evaluar la necesidad de reformas internas y de fachada.

Ésta no es la única cara de la urbanización PRO: en el marco de la financiación de obras de integración social y urbana en la villa 31 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el organismo internacional de crédito anunció el año pasado la intención de trasladar sus oficinas centrales al barrio de Retiro. Seguidamente, la cadena norteamericana Mc Donalds comunicó que planea abrir un local de comidas rápidas en el corazón del asentamiento. Esta euforia empresarial e inmobiliaria, junto a la falta de participación vecinal en la planificación de obras de infraestructura que están generando inconvenientes en la vida cotidiana de los residentes en el barrio, plantea sospechas fundadas por el lado de los detractores del proyecto oficial. Julián Salvarredy, coordinador del Proyecto Habitar, explica que “el gobierno de la CABA resignó los aspectos que benefician a la población como el acceso a la infraestructura o el mejoramiento de los servicios urbanos o plazas barriales y, al mismo tiempo, viabiliza negocios de distintos planos”. El especialista enumera cuatro casos en que, detrás de esta “política liberal” de urbanización en la metrópolis porteña, existen “procesos asociados a desarrollos inmobiliarios y emprendimientos de marketing urbano vinculados al turismo”: la villa 20 y 31, Fraga y Rodrigo Bueno.

El riesgo latente del desplazamiento de una gran cantidad de vecinos y vecinas de la 31 -más allá del desalojo forzoso- a partir del encarecimiento del costo de la tierra que el propio GCBA quiere cobrar, es una de las principales preocupaciones en un barrio donde el promedio de ingresos mensuales es de ocho mil pesos. La convicción de que la tierra les pertenece y que no la tienen que pagar, tal como se pactó con la urbanización en marcha en el barrio Rodrigo Bueno, es una cuestión insoslayable que no están dispuestos a resignar.