La toma de La Galería en la Villa 31 comenzó en 2019, en un lugar que estaba abandonado hace cuatro años. La mayoría de las personas que hoy integran el espacio son madres con hijos pequeños o mujeres que están a cargo de un familiar con alguna discapacidad. Ninguna de ellas conseguía alquiler en el barrio porque no aceptan niños, por los ruidos o porque en las viviendas garantizaban la seguridad, y además tampoco les alcanzan sus ingresos para poder pagarlo.
Ángela Viera alquilaba, pero como tiene dos hijos -un niño de 5 años y una beba de 10 meses- no le quisieron renovar el alquiler. “Los propietarios preferían que tuviera perros, en vez de hijos”, contó a El Grito del Sur. Estuvo varios meses quedándose en la casa de una amiga sin encontrar una vivienda, hasta que en 2019 le ofrecieron un lugar en La Galería. “No tengo todas las comodidades, recién ahora pude instalar una manguera para tener agua, antes estábamos con botellas o baldes. Tampoco tengo piso, puse una alfombra porque hacía mucho frío”, relató Ángela, de 22 años, y destacó: “Pero por lo menos ahora tengo un lugar para mis hijos, en vez de estar en la calle. Pensé en estar debajo de un puente, porque nadie me ayudaba a que tengamos un lugar. Me querían cobrar un alquiler que representaba más de lo que gano y no podía trabajar aún más porque no tengo con quién dejar a mis hijos”.
El lunes se presentaron en La Galería integrantes de la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojos del Ministerio Público de la Defensa, acompañados de policías, para “asistirles en su situación habitacional” y ofrecerles un subsidio habitacional. Lo que temen las mujeres de La Galería es el desalojo, que haya una represión -como la que ocurrió en 2021 contra mujeres en la Villa 31-, y además quedar en situación de calle.
A lo largo de los años recibieron amenazas de parte de vecinos, una abogada del Gobierno de la Ciudad y de la policía. Apenas comenzó la toma, integrantes de las Fuerzas de Seguridad ingresaron a la vivienda y le sacaron todas las pertenencias de una de las mujeres a la calle. A las horas se fueron, pero sus objetos quedaron destruidos. Además, otro episodio ocurrió a principios de mayo: “Vino una delegada del barrio a amenazar con que iba a venir gente armada. A ella le interesaba este lugar. A una de las chicas le pateó la cabeza y la amenazó. Yo tengo miedo por mis hijos”, aseguró Ángela Viera.
Elizabeth Reyes tiene 23 años y un hijo de 8. Vive en La Galería desde hace dos años. Antes de llegar allí, su mamá había fallecido y quedó a cargo de sus hermanos sin un techo para vivir. Una de ellos tiene una discapacidad y por esa razón no les quisieron alquilar. No tenían adónde ir, hasta que encontraron este lugar. En diálogo con este medio, Elizabeth contó que vinieron varias veces a reclamarles que se vayan. “En todas las ocasiones nos quedamos pensando en qué iba a pasar, si nos quedaríamos en la calle o no. Yo no duermo bien. Me levanto pensando: ¿Van a venir hoy? ¿Nos quedamos en la calle o no?”, expresó. Además, sostuvo que recibieron hostigamientos de parte de algunos vecinos y vecinas: “Siempre que venían nos decían que nos iban a sacar a los tiros, que iban a pagar a alguien para que venga y nos saquen. También la policía venía y sacaba fotos”.
Por su parte, Ana está desde los inicios de la toma. Tiene 29 años, trabaja y estudia. Hasta la pandemia vivía en la casa de su madre con su hermano, que tiene un consumo problemático de alcohol. Por situaciones de maltrato, se tuvo que ir. “Supuestamente era una galería donde iban a vender ropa, pero nunca la usaron. Estuvo cuatro años abandonada. Cuando comenzó la pandemia, empezaron las tomas. Yo me enteré de este lugar y pedí ayuda”, relató la mujer. Además, Ana destacó que la policía les decía que se tenían que ir porque sino les iban a quitar a sus hijos. “Me hicieron una causa por usurpación, pero todavía no llegamos a un acuerdo. Hasta el día de hoy nos siguen violentando, también vienen de parte del Gobierno de la Ciudad a amenazarnos. Yo me voy con mucho gusto, pero necesito una vivienda digna: ¿a dónde vamos a ir?”, sostuvo. Además, añadió: “No me alcanza para el alquiler. No puedo trabajar más horas porque tengo que cuidar a mi hijo y me pagan mil pesos la hora. Compro carne, verduras, artículos para la casa y después ya no alcanza para más”.
El Gobierno de la Ciudad les ofrece un subsidio habitacional, que está destinado a personas que se encuentran transitoriamente sin vivienda por motivo de desalojo u otras causas, aunque incluye numerosos requisitos para lograr el acceso. El monto varía entre $35.000 y $50.000, según la cantidad de integrantes en la familia. “No nos conviene a nosotras que nos den un poco de plata, que nos consigan un alquiler que no podemos pagar y después nos corten el habitacional. No quiero volver a la calle. Vamos a resistir hasta que nos den llave por llave”, afirmó Ángela.
Ruth Gómez vive en La Galería desde hace un año. Residía antes en Formosa, sufrió violencia de género y por eso tuvo que dejar su anterior casa. Buscó alquiler para ella, sus tres hijos adolescentes y su tía que tiene una discapacidad. No encontró soluciones y las pocas opciones que aparecieron eran inseguras, ya que tenían ventanas sin rejas o escaleras sin barandas. “Yo les dije a los de Defensoría, cuando vinieron, que no se trata de plata sino de que no te aceptan con chicos o te aceptan pero por un tiempo corto y después te lo suben a un costo que no podés pagar”, aseveró.
La Constitución Nacional dice en el artículo 14 bis que todo ciudadano/a tiene derecho a una vivienda digna. Para lograr esto, se necesitan medidas de los gobiernos que posibiliten el acceso a un hogar adecuado. Sin embargo, en CABA la construcción de viviendas sociales es insuficiente y existe una enorme dificultad para acceder a un alquiler, debido a la escasez de propiedades disponibles para la ciudadanía y sus altos costos -con un promedio de $139.000 a 269.000, según el Gobierno de la Ciudad- e inclusive alquileres dolarizados, que poca relación tienen con un salario en pesos que se devalúa mes a mes con la inflación.
La reurbanización, que comenzó en 2016, tiene fuertes críticas por el escaso presupuesto aplicado para la construcción o mejoras y sobre todo porque ha dejado a muchas familias sin hogar. Según un informe de ACIJ, basado en el periodo de 2016-2021, se registró “la construcción de 1.254 viviendas nuevas y 2.642 mejoramientos de las existentes”. Sin embargo, en el documento destacan: “Estas cifras resultan sumamente bajas, considerando que el censo poblacional llevado adelante por el GCBA arrojó que al barrio lo habitan 12.825 familias”.
Mientras algunos acumulan propiedades, otros viven hacinados o tienen que dejar sus viviendas porque ya no pueden afrontar el gasto. Según un relevamiento del CELS, junto a otros organismos, el 22% de las personas cambió de vivienda porque no pudo continuar con el pago y más del 63% de quienes alquilan en el AMBA contraen deudas. La crisis habitacional es uno de los grandes problemas de la Ciudad de Buenos Aires y en la Villa 31 están todas las evidencias.
