El 9 de agosto se realizó la segunda movilización convocada por la mesa de urbanización participativa de la villa 31 y 31 bis. Los vecinos exigen mayor participación y representatividad en el plan de urbanización de su propio barrio. A raíz de estas luchas, el Gobierno porteño debió posponer la fecha de presentación del proyecto de ley en la Legislatura.

A las seis de la tarde la noche ya se come al día en invierno. El frío corta y la oscuridad -por falta de tendido eléctrico- destaca las luces de los carteles luminosos. Los micros de dos pisos entran y salen bamboleándose  de la estación de Retiro. En grupitos y a los gritos, los pibes y pibas vuelven del colegio, los vecinos entran al barrio a pie o en bicicleta, y la calle principal sigue cortada por obras. Los puestos de la feria comienzan a desarmarse. A simple vista no se nota, pero si se la recorre, queda en claro que la villa 31 es un reptil que va mudando su piel. La urbanización planeada por el gobierno de Larreta ya comenzó y lentamente va modificando un territorio de desigualdades y contrastes. Las familias del barrio “Cristo Obrero” fueron reubicadas -casi sin otra opción- en las nuevas viviendas.  Ambientes amplios con paredes internas de durlock y los módulos de “monoblock” se insertan una sobre otra en bloques de tres pisos, totalmente enrejados.

El 9 de agosto se realizó la segunda manifestación convocada por la mesa de urbanización participativa de la villa 31 y 31 bis. La primera había sido un abrazo simbólico al barrio. Esta vez el abrazo no fue suficiente: en caravana, acompañados por canciones de Karina y bombos, los vecinos de la mesa de urbanización quisieron hacer llegar a todo el barrio su reclamo.

“El Gobierno de la Ciudad, a través de la secretaría de Integración Social y Urbana -dirigida por Diego Fernández- impulsó un dictamen que quería ser llevado a la Legislatura el 10 de julio pasado. Ahí fue que se hizo el primer abrazo al barrio. Se impidió eso y se siguió exigiendo participación de los vecinos y el rechazo a la ocupación del espacio aéreo, el pago de la tierra, la preocupación por las tierras libres donde deberían ir viviendas y no quieren decir que van a hacer ahí. Además, el pedido de que se derogue el decreto que sacó Larreta que permite los desalojos”, cuenta a El Grito del Sur Héctor Guanco, vecino del barrio y miembro de la mesa de urbanización. “Esta nueva movilización se da en el mismo día que el gobierno retoma las reuniones donde informa sobre los avances en el dictamen, que no se hacían hace dos semanas. Ahí se entregó un borrador enteramente nuevo en que el Gobierno, por la presión de la mesa de urbanización, tuvo que modificar puntos que se venían discutiendo. Implica haber logrado que den marcha atrás en algunas cosas, pero no es una victoria total. Ahora debemos trabajar en el borrador y volver a presentarlo la semana que viene”.

La mesa de urbanización surge en respuesta a la indiferencia de las autoridades porteñas y la falta de información sobre la urbanización que llegaba a los vecinos del barrio. La mesa -rotativa y participativa- nuclea a 40 vecinos, pero se extiende a más de 1000. Sin embargo, como organización tienen voz pero no tienen voto en la mesa técnica, en la que están los representantes del gobierno, los consejeros y técnicos. El gobierno calcula que en total hay 40.000 personas viviendo en villa 31, pero desde la mesa de urbanización reclaman la necesidad de tener un censo real.

La mesa de urbanización busca ampliar la representatividad en el barrio. Héctor agrega que “el barrio tiene sectores, cada sector tiene un delegado y el delegado elige a un consejero por sector. Los delegados fueron elegidos en 2015, por lo cual su mandato ya debería haber vencido. Sin embargo, en abril de 2018 por disposición judicial les extendieron. Nosotros no estamos de acuerdo y exigimos la elección de consejeros legítimos”.

El dictamen del gobierno exige que cada vecino pague la vivienda que se le sea otorgada, a pesar de que muchos llevan más de 20 años viviendo en el barrio y han levantado las propias casas que ahora les obligan a abandonar. La modalidad de pago que planteó el gobierno consistía en que cada vecino pague 20% de sus ingresos mensuales, durante un mínimo de 30 años de hipoteca. Gracias al reclamo de los vecinos, el gobierno debió hacerle ciertas modificaciones al dictamen. Se consiguió que las cuotas se calculen en base a la canasta básica familiar total (18833 pesos) y la canasta básica alimentaria de 7.473 pesos del mes de mayo. Las familias con ingresos superiores a los 18.833 pesos pagarán un 20% como cuota hipotecaria, si llegan a un salario equivalente a la canasta alimentaria pagarían un 12% y, en caso de que los ingresos de un grupo familiar sean menores a la canasta básica alimentaria, serán exonerados del pago. Lo mismo ocurrirá con los jubilados.

“Lo central de todo es que no puede aprobarse nada que no sea conocido por los vecinos que sean afectados, y que cumplan con la ley 3343. La ley dispone que el proceso tiene que ser participativo y que no pueden haber desalojos forzosos. Además está la pelea por la normativa urbanística, que no quieren discutirla y es lo que permitiría que el barrio en un futuro sea desplazado por actividades económicas u otros emprendimientos. El miedo es que pase el dictamen a la Legislatura sin modificar los puntos fundamentales que exigen los vecinos”, cuenta Graciela, otra de las vecinas que forma parte de la mesa.

Otra de las exigencias de los vecinos es recibir la escritura y el título de propiedad antes de empezar a pagar el inmueble, ya que sino existe la posibilidad de que se den titulaciones intermedias como certificados de vivienda que no tengan la misma validez.

En la movilización se encontraron varias organizaciones del barrio. Los docentes del Polo Educativo Mugica, representados por Walter Larrea, delegado de UTE, expresaron por micrófono:  “Entendemos la docencia no solamente como dar clases en el aula, sino también como el acompañamiento a los vecinos con la lucha por el barrio y  la urbanización, que es una de las luchas más importantes que tenemos ahora”.

Después del recorrido por el barrio, evitando el lodazal que dejó la tormenta, los vecinos vuelven al punto de partida. Siguen cantando que “la villa 31 no se vende, se defiende”, siguen discutiendo como si no trajeran consigo dos horas de caminata por el barrio. Sus expresiones cambian, sus cuerpos se amuchan a favor de la música y en contra del frío. Sus voces se superponen y se alzan, en contra de todo aquel que quiera decidir por ellos sin consultarles.