En una sesión escandalosa, que expuso la falta de consenso entre los vecinos, el oficialismo porteño presentó ayer en la Legislatura el proyecto de ley con la letra chica de la urbanización de la Villa 31. Una masiva movilización rechazó la iniciativa y abucheó a Diego Fernández, el funcionario Pro encargado del proceso, que no logró terminar su exposición en medio de un caos.

La falta de consenso con el modelo de “reurbanización” de la Villa 31 que impulsa el Gobierno porteño volvió a quedar en evidencia. El plenario de las comisiones de Vivienda,Presupuesto y Planeamiento Urbano de la Legislatura, con que el oficialismo buscó ayer darle impulso al flamante proyecto de ley con las nuevas condiciones del proceso, terminó a los gritos, con enfrentamientos entre sectores del barrio a favor y en contra de la iniciativa. El titular de la Subsecretaría de de Integración Social y Urbana, ex CEO de la cadena Sushi Bar Restó Diego Fernández, no logró completar su exposición de la letra chica del texto y tuvo que alzar la voz para hacerse escuchar entre vitoreos y chiflidos y el ruido de los bombos que llegaba desde la calle, donde unos 300 vecinos se concentraron para denunciar otra vez que no fueron convocados para su redacción. La legisladora por Vamos Juntos, Lia Rueda, presidió la sesión a los gritos. Legisladores oficialistas y de la oposición se agarraban la cabeza y debieron intervenir más de una vez para evitar una trifulca. “Es evidente que no tienen el consenso necesario para impulsar este proyecto”, le espetó el fracaso a Fernández la legisladora de Unidad Ciudadana, Paula Penacca.

El proyecto fue presentado el martes pasado sin mayores anuncios, y tomó de sorpresa a la mesa participativa de urbanización. Lleva la solitaria firma del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo que el sector del barrio más movilizado toma como síntoma de la falta de consenso interno. La mesa de urbanización denunció que el Pro no logró conseguir el apoyo de los dos tercios de los consejeros electos por el barrio (8 de 11) necesarios para que una nueva norma se adecúe a los mecanismos de democracia interna de la villa, algo que los funcionarios de Fernández reconocen, aunque le restaron importancia.

Un borrador del proyecto circuló durante meses entre distintas ONGs como la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e instituciones como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, que recomendaron cambios menores, y fue discutido entre los sectores del barrio que militan activamente para el Pro, en su mayoría beneficiarios de las cooperativas de trabajo que dependen directamente de la estructura de Fernández. Ese fue el sector del barrio que ayer vitoreó el proyecto, y varios de los consejeros de ese espacio, como el histórico referente Teófilo Tapia, expusieron a favor y consideraron como “histórica” a la iniciativa. Pero desde el sector organizado en la mesa participativa, en cambio, denunciaron que el texto nunca les fue presentado y que hasta uno de sus consejeros fue violentado cuando quiso hacerse de una copia para socializarla con el resto de los vecinos.

En ese marco llegó Fernández ayer a la Legislatura, que lo recibió con una movilización de rechazo en la puerta y silbidos de un grupo que desde temprano se convocó para exponer sus puntos de disidencia y revelar los desalojos que sufrieron en el último tiempo. Entre ellos, Valeria Ibarra, cuyo caso es emblemático porque su casa fue literalmente aplastada por topadoras del Gobierno en febrero de este año. “Fue lo peor que me pasó en la vida”, contó.

De hecho, una de las críticas más fuertes de la mesa participativa al proyecto oficial tiene que ver justamente con la ausencia, a lo largo de las 45 páginas del texto, de una prohibición taxativa a los desalojos compulsivos en el marco de la urbanización, un derecho que consideran conquistado con la ley vigente, la 3343, sancionada en 2009. “¿Para qué sancionar una nueva ley si ya tenemos una con la que estamos de acuerdo?”, se preguntaron ayer tanto los vecinos movilizados como varios de los legisladores de la oposición.

El titular de la “Sisu”, el ex Sushi Bar Restó Diego Fernandez, ayer, en la Legislatura porteña. Foto: Lilian Andrade

La respuesta en parte la dio el propio Fernández, cuando durante su exposición repasó las obras que el Gobierno porteño puso en marcha hace ya dos años: el complejo de viviendas del barrio YPF y las Containeras -una construcción vergonzosa, impugnada por los arquitectos que colaboran asesorando a la mesa participativa-, en Cristo Obrero. Ambas obras son parte de un acuerdo sellado en 2016 con el Banco Mundial, a quien el Gobierno debe dar cuenta de los avances en las obras financiadas. En parte, ese apuro quedó expuesto ayer: el Pro está decidido a avanzar con el proyecto y considera que la oposición de un sector del barrio es “política” y será un obstáculo menor. La mayoría automática que goza en la Legislatura alienta esa hipótesis.

El caso de Valeria Ibarra es un ejemplo de ese apuro y de cómo ya se traduce en un avasallamiento de derechos. Su desalojo se produjo sin orden judicial y fue “ordenado” por un decreto del Ejecutivo que, sospechosamente, fue publicado posteriormente al paso de las topadoras, aunque con fecha anterior. La decisión acrecentó la desconfianza de los vecinos sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. “El desalojo de Valeria fue un punto de quiebre”, dijo ayer Graciela Aguirre, integrante de la mesa de urbanización. “No queremos la ley porque si sale, el destino de Valeria es el destino de todos los vecinos”, agregó.

“Fue lo peor que me pasó en la vida”, contó Valeria Ibarra, vecina desalojada en febrero por decreto del Jefe de Gobierno. Foto: Lilian Andrade

En contraste con el caos de la exposición de Fernández, los vecinos que se juntaron en el salón Montevideo en la previa pudieron dar cuenta de las principales objeciones al proyecto de ley, aunque sólo los escucharon un puñado de legisladores, entre ellos Penacca y Victoria Montenegro, ambas de Unidad Ciudadana. Las principales son:

  • El proyecto no define cuál será el valor total del m2 que deberán pagar los vecinos para hacerse de la titularidad de las viviendas. Fernández aclaró ayer que la fórmula dará como resultado un precio accesible para el poder adquisitivo promedio de la villa, pero no dio mayores precisiones.
  • Se establece que la cuota mensual de la hipoteca no superará el 20 por ciento del ingreso familiar, si éste está por encima de la canasta básica (hoy supera los 21 mil pesos para una familia tipo porteña, según la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad), y del 12 por ciento si no lo supera. Esa es la realidad de la mayoría de la villa, cuyo promedio de ingresos es de 15 mil pesos. “Muchos no lo vamos a poder pagar, el proyecto estimula la gentrificación”, insisten.
  • Hay una contradicción entre la imposibilidad de pago que pueda afrontar una familia y el derecho a la vivienda digna que el propio texto reconoce. “La imposibilidad de pago no excluye el derecho a la vivienda”, aclaró ayer Fernández, aunque la ley establece que el Gobierno puede pagar hasta tres veces el valor de la hipoteca si el vecino así lo decide. Eso implicaría que abandone el barrio.
  • El Gobierno se adueña del “espacio aéreo”, es decir de la construcción hacia arriba, de nuevos pisos para crear nuevos ambientes para las familias.
  • No hay un protocolo de acción definida a la hora de abarcar el hacinamiento y el desglose familiar (hay muchas familias que viven en pocos metros cuadrados y necesitan más de una vivienda).
  • No se prohíben taxativamente los desalojos.
  • Si bien el texto garantiza los derechos a la salud y a la educación, todavía no está claro cuántas escuelas y establecimientos de salud pública se construirán. Las familias piden, de mínima, que se incluya un hospital.
  • La autoridad de aplicación, que quedaría en manos de Fernández, “consultará” a la mesa participativa, pero ésta no tendrá poder de decisión final sobre las obras del barrio.

Consejero exponiendo a los gritos su rechazo al proyecto. Foto: Lilian Andrade

Antes de llegar a la Legislatura, el proyecto fue remendado, tachado, reescrito centenares de veces, lo que generó en el barrio una suerte de misticismo sobre cómo terminaría siendo. De todas formas, la movilización creció. La última, un corte sobre Libertador a la altura de Retiro, fue reprimida por la Policía de la Ciudad.

Para Fernández, las idas y vueltas que tuvo el proyecto dan cuenta del diálogo con los vecinos. “Se trabajaron más de diez borradores”, introdujo, y siguió: “Llegaron a haber más de 20 puntos de disenso que fueron trabajando con la mesa técnica” del barrio. “La disidencia que se ve acá adentro no es reflejo del barrio”, agregó ante las preguntas que le lanzaron -entre otros- Gabriel Solano (FIT) y Paula Penacca. Hasta llegó a usar la metáfora de “proyecto arcoiris” para graficar “los aportes de todos los colores que recibió el proyecto”.

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Una erradicación encubierta

Pese al acompañamiento que logró de la ACIJ, la letra chica Pro de la urbanización recibió varios cuestionamientos institucionales y de ONGs. Entre ellas, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presidido por el abogado Jonathan Baldiviezo, que denunció ayer en un comunicado que la ley “transforma un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión de su población y quebrando de identidad barrial para que el suelo sea explotado especulativamente por el mercado inmobiliario”.

En esa línea, más combativa dentro del barrio, se expresó Graciela Aguirre: “Entre Larreta y Cacciatore, me quedaba con Cacciatore, porque no mentía, venía a desalojar y lo frenábamos. Este proyecto es una erradicación y sin el consenso del barrio no va a salir. Vamos a seguir resistiendo”.