Ayer se cumplieron 1000 días de la detención "arbitraria" de Milagro Sala. En una conferencia de prensa, se difundieron los resultados de un nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que dieron cuenta de la "gravedad de la situación" en que se encuentra la dirigente social.

En enero de 2016, la secretaria general de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo contra el gobernador Gerardo Morales. Su caso trascendió las fronteras nacionales, dado que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuaron sendos dictámenes en el año 2017 cuestionando el proceder del Poder Judicial de Jujuy y realizando un “llamamiento urgente” al gobierno nacional para que la libere. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y ayer se cumplieron 1000 días de su detención “arbitraria” en la provincia del norte argentino. Ahora un nuevo informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura confirma “la gravedad de la situación” en que se encuentra la dirigente social.

Durante el pasado jueves, unas diez mil personas se movilizaron desde el Obelisco a la Casa de Jujuy para exigir la libertad de Milagro Sala. Allí el coordinador nacional de la Túpac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, destacó la “fuerte vertebración y unidad entre las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en estos momentos de resistencia”. También se hicieron presentes dirigentes sociales de la CTA Autónoma y del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, ATE Capital, el Frente Sindical, diputadas y diputados provinciales y nacionales, y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas. En ese marco, se destacó el discurso de Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T, quien aseguró que “Milagro Sala es rehén desde hace 1000 días de ese odio de clase, de ese revanchismo político que se hace carne en Gerardo Morales y los Blaquier. Es un orgullo para nuestra CTA que en la conducción que asumirá con el voto de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, Milagro Sala ocupe la Secretaría de Pueblos Originarios”.

Ayer el Comité por la Libertad de Milagro Sala realizó una conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados del informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, organismo federal que debe velar por los derechos humanos de las personas en contextos de encierro. Éste fue creado por la ley 26.827 en 2013 y puesto en funcionamiento a finales del 2017. En agosto pasado, tras la “intempestiva e ilegal” decisión de trasladar a Sala al Penal Federal salteño de General Quemes, se realizaron varias denuncias ante este organismo dando cuenta de una situación que, según la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), iba en contra de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, en sus “considerandos”, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reconoció la veracidad de la denuncia formulada por la APDH y “confirma la gravedad de la situación advertida en el lugar mismo de los hechos”.

Entre los pedidos que le realizan a la Justicia provincial, se destaca “el pleno cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, la recomendación “a las autoridades judiciales que le garanticen a Milagro una adecuada atención médica y psicológica, sin condicionamientos ni limitaciones” y la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional para “que revise la colaboración de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería) en su custodia”.

Las atribuciones legales del Comité Nacional contra la Tortura, que está integrado por el Procurador Penitenciario de la Nación, seis representantes parlamentarios, miembros de organizaciones no gubernamentales y hasta un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, deberían permitir que se diera cumplimiento a esta misión, por lo que tanto el Poder Ejecutivo Provincial como el Nacional deberán comunicar en un plazo razonable los avances habidos respecto de sus recomendaciones.