Graves falencias a 9 años de la Ley de Salud Mental

Liberarse del manicomio, otra deuda pendiente

De acuerdo con el 1º Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, aún existen 162 hospitales psiquiátricos públicos y privados en nuestro país y más de 12 mil personas están internadas por motivos de salud mental. Especialistas opinan sobre las dificultades para resolver este panorama.

El pasado 1 de agosto, la Secretaría de Salud de la Nación presentó los resultados del 1º Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM). Este relevamiento, que busca cumplir con el artículo 35 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, fue efectuado en los establecimientos de internación monovalente en salud mental públicos y privados de nuestro país entre los años 2018 y 2019 con el objetivo de conocer el estado de situación de las personas con discapacidad psicosocial. De acuerdo con diferentes especialistas, los datos arrojados en esta primera etapa de implementación del censo evidencian “graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Foto: Nicolás Cardello

Cabe destacar que la realización de este censo era una deuda pendiente en Argentina, puesto que uno de los mandatos de la Ley de Salud Mental -vigente desde el año 2010- es que el relevamiento de la situación de las personas internadas debe realizarse cada dos años, lo que significa que a la fecha ya deberían haberse realizado por lo menos cuatro. Esta legislación también dispone el cierre o “reconversión” de los hospitales psiquiátricos (también llamados centros “monovalentes”) para el año 2020 y plantea una pespectiva comunitaria y de atención primaria de la salud. A pesar de que falta apenas un año para el cumplimiento del plazo, el Estado no ha avanzado en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan sustituir el sistema de atención tradicional basado en la internación manicomial por uno de atención comunitaria que permita incluir a estos pacientes como sujetos de derecho.

Eduardo Quiroga, abogado del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señala a El Grito del Sur que “los resultados del censo muestran que aún existen 162 manicomios públicos y privados en el país y que 12.035 personas están internadas por motivos de salud mental con un promedio de 8,2 años de permanencia en estos lugares. Del total de personas, una de cada cuatro lleva entre 11 y 90 años internada”. Al mismo tiempo, existe un alto porcentaje de internaciones sin consentimiento: el 60,4% de las personas ingresó al hospital psiquiátrico por fuera de su voluntad y, de acuerdo con los equipos tratantes, sólo el 36,4% tiene criterio de internación, con lo cual aflora un peligro cierto e inminente para la propia persona o para terceros. En ese marco, el especialista de ACIJ explica que este panorama exige “la adopción de políticas públicas urgentes porque no se ha creado una red de dispositivos comunitarios alternativos a la internación que les permita a estas personas vivir en forma independiente y autónoma, y ser incluidas en la comunidad”.

Foto: Nicolás Cardello

Otro de los graves problemas que se desprenden de los resultados del censo es la falta de presupuesto destinado a promover la salud mental comunitaria. La ley 26.657 establece la obligación de destinar al área por lo menos el 10% del presupuesto nacional en Salud; sin embargo, un informe realizado por ACIJ advierte que la salud mental representa apenas el 1,6% del presupuesto total proyectado para el entonces Ministerio de Salud en el año 2018. “En lugar de ir progresivamente aumentando los fondos hasta alcanzar el 10%, éstos se reducen año tras año. Así, en los últimos años se ha registrado una reducción sostenida y alarmante de los recursos destinados a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, y a la promoción de la salud mental comunitaria”, sostiene la ONG en su trabajo.

Camila Azzerboni, trabajadora social en el hospital Dr. Alejandro Korn (La Plata) e integrante del Movimiento Desmanicomializador Romero, plantea que “para la transformación de las prácticas no se necesitan tantos recursos materiales, pero sí se necesitan decisiones políticas sobre cómo hacer la distribución del dinero para los emprendimientos, los centros de día y los alquileres. Eso tiene que ver con una planificación y una redistribución de los recursos porque el Estado está pagando por esas internaciones, hay un presupuesto ya destinado a eso. No es cierto cuando dicen que no se puede cumplir con la ley, se necesita voluntad política y planificación”. En ese sentido, el Hospital Laura Bonaparte y la Colonia Montes de Oca -sitos en la Comuna 3 de CABA y en el partido de Lujan respectivamente- son claros ejemplos de establecimientos que deben invertir gran parte de los recursos que reciben para sostener internaciones, muchas de ellas por motivos sociales.

Foto: Nicolás Cardello

La falta de políticas públicas destinadas a la creación y desarrollo de dispositivos que permitan a les pacientes ser externades y vivir en comunidad motivó en el año 2015 una sentencia judicial en contra del Estado Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no ha sido cumplida. “Sólo una de las personas pudo ser externada y no se ha acreditado la creación de un nuevo dispositivo comunitario. En este sentido, la Justicia les impuso una multa por cada día que pasa sin que cumplan con la sentencia”, sostiene Eduardo Quiroga.

Por otra parte, el elevado número de internaciones prolongadas muestra que los hospitales monovalentes -donde se vive por lo general en condiciones inhumanas- siguen siendo la única respuesta para las personas con un diagnóstico en el campo de la salud mental. Carmen Cáceres, psicóloga que trabaja en el programa de externación asistida del Hospital Esteves de la provincia de Buenos Aires, plantea que, a casi una década de la sanción de la Ley de Salud Mental, “no hay dispositivos que den continuidad a personas que probablemente sí necesitan cuidados en salud mental, pero también necesitan un sistema de apoyo para vivir en la comunidad que mire sus necesidades materiales y de trabajo: es una restauración de derechos para estas personas que han estado internadas. El poder vivir afuera precisa un sostén y el Estado es responsable de generarlo con asistencia, un lugar donde vivir y medios para obtener el dinero que necesita alguien para su subsistencia. Hay muchas variantes para solucionar esto”.

Luego agrega que “la ley de Salud Mental lo dice con total claridad: una persona tiene que ser internada sólo si hay riesgo cierto inminente para sí o para terceros. Es absolutamente posible que las personas vivan fuera de internaciones y éstas quedarían solamente para los momentos de crisis”.

El 1º Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental trajo a colación preguntas ya hechas en reiteradas oportunidades: ¿No salen porque necesitan internación o no salen porque no tienen a dónde ir? ¿Acaso la posibilidad de reinsertarse en la sociedad está vedada? Carmen Cáceres resume en una frase la sensación de muchas personas que han pasado por el manicomio y que requieren de los dispositivos comunitarios para salir adelante: “Durante una asamblea en el programa que yo trabajo, una señora a la que le está costando porque tiene que vivir ajustadamente, pero que está feliz por encontrarse fuera del psiquiátrico, me dijo: «yo tengo dificultades, pero la libertad no tiene precio».