La reurbanización de la 31 en clave de género

Construir la resistencia desde los cimientos feministas

Las vecinas del Bajo Autopista en la Villa 31 se organizan contra la relocalización forzada tejiendo un feminismo intuitivo que les permite contraponer sororidad a los abusos del poder. Lesly Rojas y Mirta Rodriguez lo cuentan en primera persona.

La potencia de los feminismos se trama en los territorios, donde impacta como un puñetazo en la boca del estómago el regreso de la Argentina al desempleo de dos dígitos y al crecimiento sostenido de la pobreza. En un momento en donde las mujeres menores de 29 años son el mayor porcentaje de desocupadas, y quienes logran emplearse cobran aproximadamente un 27% menos que sus pares varones, son ellas las que disuelven la sopa, las que estiran el pollo confundiéndolo en arroz, las que generan todo tipo de estrategias -juegos de ingenio- para llenar el plato de comida de los hijos propios y ajenos.

Las vecinas del Bajo Autopista del barrio Carlos Mugica, además, se enfrentan a otro agravante. A partir de la reurbanización de la Villa 31, impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y coordinada por la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo de Diego Fernández, tuvieron que dar la lucha para que no las saquen a ellas y sus familias de las casas que habían logrado construir a pulmón.

Fotos: Nicolás Cardello

Lesly Rojas es vecina de Bajo Autopista y tiene 28 años; Mirta Rodriguez es del mismo sector, de la manzana 36. Lesly y Mirta se conocieron en noviembre del año pasado en las mesas de urbanización organizadas por los vecinos ante la falta de respuesta institucional a sus reclamos. Afectadas por los atropellos estatales, ambas decidieron organizarse para visibilizar la lucha de su sector. Como la mayoría de las mujeres del barrio, traen consigo un archivo de desidia estatal y conocen de memoria las estrategias del Gobierno para sacarles lo poco que les pertenece.

Fotos: Nicolás Cardello

En octubre pasado, la Legislatura porteña aprobó el traslado de los vecinos de Bajo Autopista para recuperar los espacios debajo de la autopista y trasladarlos a un complejo de viviendas, llamado YPF por el sector del barrio en que fueron emplazadas y a las que casi nadie quiere mudarse. Sin embargo, esta norma se sancionó sin instancias reales de coordinación con los vecinos y con muchos reclamos al respecto.

Las vecinas organizadas denuncian que las viviendas a donde el Gobierno porteño quiere reasignarlas son de calidad inferior a las que con esfuerzo y a pulmón pudieron construir, sin tener en cuenta el artículo 36 de la Ley 6192, donde se deja de manifiesto que “…en los casos de relocalización se garantizará la disponibilidad y terminación de soluciones de iguales o superiores características respecto a la ocupación original..”.

Vecina del barrio
Fotos: Nicolás Cardello

En el informe realizado por los vecinos y vecinas de Bajo Autopista, se especifica cada una de los impericias en las nuevas construcciones del Ejecutivo que conduce Rodríguez Larreta: pisos de cemento alisado donde debiera ponerse cerámica, vigas y losetas pretensadas que -en caso de que las terminaciones no tengan una adecuada ejecución (como es el caso de las nuevas viviendas de Cristo Obrero)- provocan filtraciones, construcciones estilo Steel framing que implican mayor mantenimiento y no tienen el aislamiento acústico de las viviendas actuales, paredes internas de durlock, y reducción en el tamaño de los ambientes.

Además advierten que hay familias a las que se les dijo que debían cambiar de rubro o achicar la actividad productiva, ya sea porque los espacios destinados para comercios en YPF no están preparados para rubros como carpintería, mecánica, herrería y lavandería, quitándoles además de la vivienda su actividad laboral.

“La Secretaría de Integración dijo que, por la Ley 3343, Bajo Autopista no podía existir porque iba a ser una autopista y era peligroso. Cuando se sanciona la Ley 6129 dicen que va a ser un parque en altura; por lo tanto, ya no correríamos el riesgo de vibraciones ni de accidentes automovilísticos, pero nos quieren sacar de ahí igual y así pedir préstamos al Banco Mundial para realizar las nuevas viviendas”, denuncia Lesly, quien asegura que hoy en Argentina no hay viviendas de construcción tipo Steel Framing que hayan soportado más de 30 años.

Las consecuencias ya las están sufriendo otros sectores del barrio que fueron relocalizados hace dos años. “En Conteinera – otro sector de la Villa 31-, a dos años de mudarse a las nuevas casas ya están llenos de problemas. Hoy el Gobierno porteño se sigue haciendo cargo del mantenimiento, pero el día de mañana cuando se les dé la escritura se lava las manos y las familias pasan a hacerse cargo de los problemas que vayan existiendo”, agrega Lesly.

Fotos: Nicolás Cardello

Los problemas edilicios no terminan ahí. Las nuevas viviendas no cuentan con instalaciones de gas ni pueden usar gas portátil. “La explicación que nos brindaron fue que no hay gas suficiente en el país y ya no pueden importar más; sin embargo, la realidad es que no pusieron la red de gas porque el material que se utilizó para construir las casas es inflamable”, aclaran en su informe los vecinos. Sin embargo, como la luz se corta seguido -y tanto el suministro de agua como las cocinas dependen de la electricidad-, las familias terminan adquiriendo garrafas de gas, lo cual es sumamente riesgoso. Mirta y Lesly cuentan que ya hubo varios incendios y en una ocasión los matafuegos del edificio se encontraban vencidos, teniendo que acudir a los del complejo lindante, que aún no fueron reemplazados.

Otra de las problemáticas que sufren las familias tiene que ver con las escrituras de las nuevas viviendas. Los vecinos, al día de hoy, no tienen confirmado cuánto deberán pagar. No sólo no se les reconoce el precio de los materiales de sus viviendas actuales, sino que hasta se les da información confusa y contradictoria instándolos a mudarse a las nuevas viviendas sin dejar en queda claro cuál será el monto de la deuda por aceptar relocalizarse.

Según explicaron en el informe realizado por las familias, el modelo de escrituración exige la implementación de un plan de pago que no tiene en cuenta sus necesidades, expectativas y trayectorias de vida. Al no realizarse una tasación durante la reurbanización, los vecinos no tienen manera de comprobar de manera fehaciente los metros que les corresponden respecto a su vivienda actual.

Mirta Rodriguez
Fotos; Nicolás Cardello

“Pedimos que se considere la inversión realizada en nuestras casas actuales, con un arquitecto, un cotizador y un escribano. Y que se haga un descuento del valor actual de la vivienda con respecto al valor total invertido, o que se devuelva con dinero en mano el valor invertido”, exigen los residentes de Bajo Autopista.

Para Lesly las escrituras resultan confusas y abusivas. Según éstas, si falta a una de las cuotas el vecino ya entraría en mora y desde las tres cuotas en quiebra, lo que significa un riesgo de que se embargue la propiedad. “La Secretaría dice que si vos avisas eso no va a pasar, porque se condona la deuda. Pero no tenemos ninguna seguridad de que si en un tiempo la Secretaría cambia y el próximo se hace el desentendido, no quedemos expuestos a perder nuestra casa” .

Blanca, vecina del barrio
Fotos: Nicolás Cardello

Si bien la cuota a pagar no debería superar el 20% de los ingresos totales, en ningún lado queda garantizado que los habitantes tendrán acceso pleno a la tarifa social de los servicios, como se dice en la ley 6129 y 3313.

A esto se suma que las familias relocalizadas pasarían a pagar todos los servicios públicos y una cuota obligatoria del consorcio. Si bien los vecinos están de acuerdo, piden que se les contemple a través de la tarifa social la situación de vulnerabilidad del barrio y además rechazan que la cuota del consorcio sea obligatoria. “Hoy en día que no pagamos nada, igual la mayoría accede a los comedores. Si las madres tienen que elegir entre pagar el consorcio o darle de comer a sus hijos, no lo van a pagar.  Además si debes tres cuotas de los servicios o el consorcio, pasas a estar en mora y te pueden rematar la casa”, aportan Lesly y Mirta.

Según la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), habría alrededor de 150 familias que se quedarían sin vivienda al trasladarse de Bajo Autopista a YPF, pero este número no contempla el desglose familiar ni el hacinamiento que sufren las familias de Bajo Autopista. “Para Bajo Autopista hicieron 800 viviendas, ellos dicen que hay 900 familias, pero nosotros contabilizamos 1200 con desgloces familiares e inquilinatos, no sabemos qué va a pasar con quienes se queden afuera”, explica Mirta.

Los vecinos y vecinas denuncian que en el barrio YPF, a donde el Gobierno porteño quiere relocalizarlos, hay 12 terrenos libres que podrían revertir esta situación. Sin embargo, en los planos estas tierras ya aparecen como “edificios administrativos”. Teniendo en cuenta la política de vivienda de Larreta, los vecinos presumen que éstas serán asignadas a empresas privadas.

Fotos: Nicolás Cardello

La urbanización de la 31 incluye un Mc Donalds y un Banco Santander Río, el cual ya está funcionando, aunque en muchas partes de la villa aún no llegan los servicios básicos ni las ambulancias y las calles no están asfaltadas.

Las vecinas advierten que, como forma de expulsión, la Secretaría comenzó a realizar las demoliciones sin planificación ni permisos válidos y han generado riesgos para los vecinos que aún no han abandonado sus viviendas y daños en las mismas. Tanto la demolición como los trabajos realizados en la vía pública, al no contar con los señalamientos de seguridad necesarios, ya se cobraron la vida de 9 vecinos del barrio. Lesly explica: “Rompen las calles a desmedida y no hay un camino alternativo para que lleguen las ambulancias y cuando llegan ya es tarde”.

Además denuncian que las trabajadoras sociales enviadas por el Ejecutivo porteño manipulan a las familias dándoles entrevistas a cada miembro del grupo familiar por separado, generando enfrentamientos entre los vecinos que acceden a la relocalización y quienes luchan por quedarse en las casas que ellos mismos construyeron. En Containera, explican los vecinos, muchas personas fueron desalojadas por la fuerza bajo amenaza de cortarles los servicios, deportarlas del país o incluso encarcelarlas por causas penales pasadas.

Lorenza Martínez, vecina del barrio. Fotos: Nicolás Cardello

Mirta dice que se siente violada por un gobierno que no respeta sus derechos, y que aplica los privilegios del poder macho y racista sobre su cuerpo feminizado. Ella tiene tres hijos y sabe de lidiar con las vulnerabilidades cotidianas.

“¿Por qué las mujeres nos empoderamos y nos ponemos esta mochila? Porque las mujeres somos luchadoras natas”, dicen las vecinas que no planean dejar de dar pelea.

En un barrio cada vez más castigado por las medidas económicas, donde el tejido social se extiende y cede para no romperse, las mujeres se hacen cargo de anudar una red de contención. En una realidad donde la vida de muchos y muchas es limitada por determinaciones de intereses ajenos, las mujeres y disidencias son el sostén cotidiano de la comunidad, contraponiendo a la desidia del Estado feminismo intuitivo, mestizo y plebeyo.