Nueva arremetida contra la oposición

Jujuy: Morales judicializa a las organizaciones sociales

El gobernador Gerardo Morales impulsa un nuevo juicio contravencional contra organizaciones sociales y sindicatos. Esta vez los imputados son ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, la Corriente Clasista y Combativa, el PTS y el Partido Obrero.

Ayer comenzó en Jujuy el juicio contravencional impulsado por el gobernador Gerardo Morales contra organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda. La causa persigue a las agrupaciones que se movilizaron y fueron reprimidas a comienzos del año 2018 durante la apertura de sesiones legislativas del Congreso provincial.

Entre los imputados en la causa se encuentran los sindicatos ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Obrero y el PTS. Si bien la defensa presentó en un principio una serie de recursos de nulidad argumentando que las pruebas facilitadas por la policía tenían un origen ilícito, ya que constaban de filmaciones de la represión obtenidas ilegalmente, los recursos fueron negados por el juez Matías Ustares.

«El código contravencional que rige actualmente en Jujuy se hizo durante el gobierno de Eduardo Fellner y se comenzó a aplicar bajo la gestión de Gerardo Morales. El tribunal que lo aplica es dependiente del Ejecutivo, por lo que tiene un juez que está puesto a dedo por el gobierno de turno y que responde directamente al gobernador», explica a El Grito del Sur Maia Hirsch, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y abogada defensora de los militantes del PTS.

El código contravencional jujeño sanciona conductas que no constituyen delitos y permite condenar protestas o manifestaciones. A los militantes procesados se los acusa de impedir la circulación vehicular, a pesar de que el centro estaba vallado por el propio gobernador para proteger las instalaciones legislativas. «Es imposible que cortes lo que ya está cortado», argumenta Hirsch. Asimismo, se les imputa de portación y utilización de armas de fuego y explosivos, caratula tildada como «descabellada» por la abogada.

Con motivo del inicio del juicio, una decena de organizaciones se movilizaron frente al tribunal para exigir el cierre de la causa y denunciar la persecución política que se vive en la provincia. «Con la llegada de Morales, en Jujuy se instaló un laboratorio de ajuste y represión, se montó un régimen policíaco. En septiembre de 2016 recopilamos más de 200 denuncias por avasallamientos, violencia y judicialización contra organizaciones estudiantiles, sociales y sindicales. Con la información recopilada, algunas de las organizaciones se presentaron a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la situación», agrega Hirsch.

Dato no menor: el juicio en su totalidad se está realizando en la Escuela Superior de Seguridad Pública, dependencia de la policía local, una muestra más de la parcialidad del proceso. «Buscamos mostrar un marco de unidad y hacer el mayor esfuerzo por cuestionar este juicio y finalmente derogar el código contravencional que sólo sirve para criminalizar organizaciones y avasallar derechos», concluye Hirsch.