Precupa el alcance de las medidas de prevención para las personas en situación de calle

Una cuarentena a la intemperie

La expansión del coronavirus puede complicar la ya de por sí deteriorada salud de la población en situación de calle, unas 7200 personas que no tienen donde resguardarse. Organizaciones sociales, la Iglesia y la Justicia de la Ciudad reclaman al Gobierno porteño medidas urgentes.‬

Las consecuencias que podría traer el contagio de coronavirus entre la población en situación de calle en la Ciudad, unas 7200 personas de acuerdo al último censo extraoficial realizado por organizaciones sociales, generó preocupación en vastos sectores de la sociedad civil, que se movilizaron desde distintos ámbitos esta semana para reclamarle al Gobierno porteño medidas de prevención a la altura de la emergencia sanitaria que vive el país. El diagnóstico compartido por ONGs como el CELS, ACIJ, Proyecto 7 y la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, por la Pastoral Social de la Iglesia y hasta por uno de los juzgados contencioso administrativo porteño es similar: las afectaciones previas de salud como las enfermedades respiratorias y las bajas defensas producto de las pésimas condiciones de vida, a lo que se suma la obvia imposibilidad de cumplir con la cuarentena obligatoria, convierte a los sin techo en un sector social especialmente vulnerable ante la propagación de la pandemia que se espera para las próximas semanas.

El problema es aún más grave si se toman en cuenta las denuncias acumuladas de las mismas organizaciones a través de los años sobre las fallas estructurales que arrastra la administración del Pro en dar respuesta a la problemática: paradores en pésimas condiciones, la precariedad de los programas de contención como el Buenos Aires Presente (BAP) y la negación constante a reconocer públicamente las cifras reales de indigentes. Fallas que quedaron al desnudo durante el invierno pasado, cuando fallecieron al menos tres personas en situación de calle entre mayo y julio por las bajas temperaturas a pesar de que en la Ciudad ya había desplegado el “Operativo Frío”. Esas muertes generaron, además, acciones solidarias como la que impulsó Juan Carr de abrir las puertas del estadio Monumental para brindar comida y abrigo por una sola noche, lo que puso el tema en agenda y obligó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a mostrarse activa.

Adelantar la entrada en vigencia del Operativo Frío de junio a los próximos días está entre las medidas que comunicó el viernes la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore. También se habilitarán cinco nuevos centros de integración, dos de ellos para mayores de 65 años. El primero, que funcionará en el natatorio bajo autopista del Parque Chacabuco, fue inaugurado ayer, en una recorrida que compartió con su par nacional, Daniel Arroyo, y a la que se sumaron legisladores y legisladoras de la oposición.

Cerca de Arroyo aseguraron a El Grito del Sur que la preocupación por las personas situación de calle es “compartida” con su par porteña y que la posición del ministro es buscar soluciones de conjunto “y dejar de lado cualquier diferencia política”, en la misma línea de colaboración con la oposición que tomó el Presidente desde el primer día para abordar la crisis sanitaria que en ciernes. Esa colaboración es reforzada además por el vínculo profesional que los unía a ambos antes de ser ministros, y que se vio reflejada en la recorrida conjunta por la feria popular de la 21-24 de febrero, en el marco del plan Argentina contra el Hambre, un gesto que no se había visto años atrás.

Con los anuncios del viernes, Migliore dio una primera respuesta a los reclamos de las organizaciones, que se venían acumulando desde hace dos semanas. En su entorno reconocen que la problemática “es un tema caliente ya sin pandemia” y que por ese motivo buscarán mantener el diálogo abierto con las organizaciones. “Si hay que hacer más, se hará más, porque la situación es muy grave y lo amerita”, afirmaron.

Las organizaciones sostienen que los paradores, aún con los que se sumaron, no alcanzan para resguardar a toda la población en calle, algo que quedó claro el invierno pasado. Además, temen que la mala relación construida durante años por los funcionarios porteños con los sin techo (la Defensoría del Pueblo recibe denuncias de violencia desde hace años) complique su ingreso a los refugios. “Va a haber mucha gente que no va a llegar al dispositivo”, afirmó la referente de la Asamblea de Dorrego e investigadora del Conicet, Jorgelina Di Iorio, “por lo que tenemos que garantizar también que haya comida en los comedores y para las organizaciones que asisten por fuera de los canales institucionales”.

Por los antecedentes de violencia, la cuarentena obligatoria puede llegar a ser un tema delicado. El propio jefe de Gobierno suele insistir en que la gente en calle “no quiere ir a un parador”. Pero desde el gobierno porteño sostuvieron que de todas formas “en este contexto hay otra conciencia” y que la recepción a los trabajadores del BAP cambió a partir de las recomendaciones sanitarias, “sobre todo en las familias” que están en la calle. Además, confían en que producto de la cuarentena, el cierre de comercios y la caída de las changas, mucha menos gente sin nada llegará desde la Provincia a la Ciudad, lo que haría caer el número total de gente deambulando o durmiendo en las calles.

Por todos esos motivos, las organizaciones reclaman el control y monitoreo de las políticas que ya están en marcha.

UNA BATALLA JUDICIAL

El asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, arrojó la primera piedra la semana pasada y elevó una intimación al Gobierno porteño para que aclare qué medidas concretas se iban a implementar. La medida no cayó bien en el sector de la justicia porteña que se encarga de seguir de cerca los actos de gobierno. Enseguida se armó una «mesa judicial» para centralizar las causas y proteger al oficialismo.

Un fallo del juzgado del juzgado número 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo del juez Guillermo Scheibler retomó el planteo de Moreno en el marco de un amparo preexistente de la legisladora porteña Laura Velasco, le ordenó al Ejecutivo porteño informar en un plazo de cinco días y criticó duramente la movida del macrismo.

«La situación es muy grave, el panorama es sombrío para la poblacion en calle y también para las villas y los hotelados», le dijo Moreno a este medio. «Nuestra intención es colaborativa, esta situación nos sobrepasó a todos. Lo que buscamos es resguardar derechos», afirmó.