El 2024 comenzó (más) agitado para las personas en situación de calle. El nuevo deterioro de la situación económica a partir de la abrupta devaluación que impulsó el presidente Javier Milei complicó aún más la posibilidad de alquilar una pieza, que hoy ronda los 100 mil pesos mensuales en la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, cada vez más personas caen en esta condición. Ni que hablar del acceso a un plato de comida, que cada vez cuesta más cara y no hay limosna o changa que alcance para comprar un pedazo de pan.
A esto se le suma que en la metrópolis porteña asumió un nuevo jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien desde hace tiempo se ha mostrado hostil a las personas en situación de calle. En medio de la campaña electoral, Macri llegó a comparar los cajeros automáticos en los que duerme gente con monoambientes. Esto habla de una falta de sensibilidad enorme con quienes son víctimas de la pobreza extrema.
Jorge Macri planteó como objetivos de su gestión la seguridad, la limpieza y el orden. En un contexto en el que la Ciudad está visiblemente sucia, señaló a las personas en situación de calle por revolver «mal» la basura. «Eso les genera muchas consecuencias a ustedes (los ciudadanos)», planteó el Jefe de Gobierno en tono de acusación.
A Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, no le sorprenden para nada estos ataques. «Las menciones de Jorge Macri en relación a la problemática no son algo nuevo. Quizás se siente con mayor impunidad para hablar porque es un problema demasiado visible y al no poder disimularlo busca criminalizar lo que no puede resolver él mismo. No nos sorprende que un Macri sea Macri», señaló en diálogo con El Grito del Sur.
«Desde la asunción de los nuevos Gobierno de la Ciudad y Gobierno Nacional, se vio intensificada la violencia hacia la gente en situación de calle así como los desplazamientos forzados que ya eran una política del gobierno macrista en CABA. Larreta había bajado muchos subsidios habitacionales, con lo cual frente al aumento descomunal de los hoteles -que tienen un nivel alto de precariedad- se hace imposible poder alquilar algo», explicó por su parte Paula Milione, integrante de la organización No Tan Distintes (NTD).
Crisis y desplazamientos forzados
4 de enero de 2024. Constitución, bajo autopista frente a la estación. La Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle filma a la Policía de la Ciudad y funcionarios de Espacio Público del GCBA que, sin ningún tipo de registro administrativo y orden, realizan «operativos» de levantamiento de ranchadas sin ofrecer alternativa de alojamiento. «La impunidad en su máxima expresión», plantean desde la Asamblea. Hubo otros episodios similares durante dicho mes y en febrero.
Asimismo, a principios de febrero, un total de 19 personas en situación de calle que dormían en el Aeroparque Jorge Newbery fueron desalojadas en un operativo encabezado por organismos nacionales que operan en la terminal aérea y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, según informaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que las mujeres y feminidades son víctimas particulares de esta crisis. «Estamos en un circuito perverso, donde no hay vacantes en los paradores y a muchas compañeras no se las deja acceder aduciendo de que están en una supuesta lista negra por mal comportamiento. Los pocos espacios que hay para mujeres y LGBT en situación de calle terminan estando cerrados. A eso hay que sumarle la violencia intrafamiliar, que en contextos de crisis aumenta», expresó a este medio Milione.
Según Ávila, «hay que hacer un reclamo más general sobre la política pública que está aplicando el Gobierno de la Ciudad«. «La falta de aumento de los subsidios habitacionales -que tienen un tope de 50 lucas-, los hoteles que están cerrando y pasando a ser alquileres temporales, la infinidad de desalojos, cómo el GCBA limpia ranchadas a dos manos. Hay que focalizar en esos temas y, a nivel nacional, también apuntamos a que se implemente y se le asignen recursos a la Ley de gente en situación de calle. Es decir, que se abran centros de integración. Creemos que es la solución para que, al menos, mucha gente deje de vivir en la calle», expresó el referente de Proyecto 7.
Desde esta organización se manifestaron recientemente en contra del DNU de Javier Milei, dado que la pérdida de trabajo en muchos sectores productivos del país «es un claro riesgo de situación de calle». A esto se le sumó la derogación de la Ley de Alquileres y la suba indiscriminada de los artículos de primera necesidad de la canasta básica. Hay algo que tienen muy en claro: si se vulneran los derechos humanos, constitucionales y laborales de toda la población, las peores víctimas van a ser los eslabones más débiles y desfavorecidos.
