El famoso 690 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un subsidio habitacional destinado a personas en situación de calle o que se encuentren ante un inminente desamparo habitacional. Se trata de una “ayuda económica”, la única que existe en el país, dirigida a los sin techo.
En la actualidad, el monto que se otorga es de $35.000 por grupo familiar de un solo miembro, que puede ser aumentado hasta $50.000 en casos de familias con cuatro o más integrantes. El mismo monto se entrega a personas con certificado de discapacidad. La medida es complementaria de otra que también goza de mala fama entre aquellos a los que se dirige: los Centros de Inclusión Social, popularmente conocidos como “paradores”. Son espacios pensados para que las personas sin hogar pernocten ocasionalmente. No obstante, muchas veces la gente prefiere dormir en la vía pública: dentro de los paradores hay robos, violencia y hasta circulan rumores de que algunos de sus funcionarios están implicados en el narcomenudeo.
Para acceder al subsidio habitacional es necesario contar con una serie de requisitos: DNI original y fotocopia; un informe social realizado por el programa Buenos Aires Presente (BAP) o por un trabajador social en el que se confirme el contexto de vulnerabilidad; y un presupuesto certificado del sitio en el que la persona va a alquilar. Desde marzo del año pasado, los beneficiarios tienen la obligación de hacer una rendición mensual a través de la página web del Ministerio o mediante las oficinas existentes.
Aunque la iniciativa parecería adecuada, las características de los trámites requeridos hacen que el subsidio resulte casi imposible de obtener. Por otro lado, desde abril del año pasado, el Gobierno de la Ciudad inició una política de reducción de beneficiarios. Según las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en agosto de 2021 había 23.615 personas que recibían la transferencia condicionada, pero para junio de 2022 la cifra se redujo a 16.287. El último registro es de marzo de este año: en ese momento solo 9.350 personas recibían el subsidio.
Como se mencionó anteriormente, uno de los requisitos para acceder al 690 es presentar un presupuesto de hotel. En caso de habitaciones en domicilios particulares, la documentación debe incluir una nota del dueño junto con su DNI, firma, número de contacto y un comprobante del servicio de agua o ABL. Sin embargo, la mayoría de los dueños de hoteles no quieren recibir a la gente en situación de calle. Por eso, apenas un posible inquilino solicita los documentos que deben ser presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social, se niegan a entregarlos.
Las historias de quienes solicitan el subsidio son muy diferentes entre sí. Daniel (47) se quedó en la calle luego de que el restaurante donde trabajaba cerrase como resultado de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19. A veces duerme en lo de un amigo, pero la mayoría de las noches se ubica en un cajero automático. Presentó los papeles en tres ocasiones distintas, y siempre lo rechazaron. Nadia (32) estaba embarazada de seis meses en el momento en el que brindó su testimonio. Perdió su trabajo en 2018 a raíz de un consumo problemático. No pudo volver a insertarse en el mercado laboral. En noviembre de 2022 empezó a juntar los papeles para hacer el trámite correspondiente. Vive en una pensión donde no tiene contrato y el alquiler aumenta todos los meses. El panorama es más delicado para quienes tienen hijos. Érica (29) logró tramitar el subsidio, pero en muchos hoteles se niegan a brindar hospedaje a mujeres con hijos. Es importante tener en cuenta que, en estos casos, el costo del alquiler es mucho más elevado y el subsidio está muy lejos de cubrir las necesidades de una familia.
La opacidad burocrática no es el único problema detrás del subsidio habitacional. En marzo de 2022, distintas organizaciones sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), comenzaron a denunciar que muchos beneficiarios del subsidio fueron dados de baja sin un aviso previo. Tal es el caso de Graciela (43), quien de un mes a otro dejó de recibir el ingreso. Cuando se acercó al Ministerio de Desarrollo Social, le explicaron que un trabajador social había estado el martes pasado por la dirección que ella había declarado y, al no encontrarla, decidió retirarle la ayuda. Graciela consultó con el portero del edificio, quien le confirmó lo que ella sospechaba: nadie había estado allí.
En una entrevista realizada en julio de 2022, Lucas Castrogiovanni, profesor de Educación Física y director de la Dirección General de Atención Integral Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, explicó las bajas de la siguiente manera: “En diciembre tomamos la determinación de volver a empadronar a toda la gente que cobraba el subsidio. Por eso, en enero y febrero montamos operativos para convocar a todo el padrón y que pudieran tener un encuentro cara a cara con nuestros profesionales para conocer cuál era su estado económico actual. Nos interesaba tener un legajo completo y, además, aplicar otras políticas públicas”. Antes de la pandemia, el Ministerio requería que las personas presentaran mes a mes una rendición del subsidio. El requisito fue suspendido apenas inició la crisis sanitaria y en marzo de 2022 se volvió a implementar.
La vida en la calle implica cierta trashumancia: mucha gente se sostiene en base a “changas”, por lo que acercarse a una oficina y llevar papeles una vez al mes no siempre es posible. La nueva medida desconoce por completo las problemáticas de quienes carecen de un techo. Son varios los entrevistados que declararon no haber recibido el llamado para el reempadronamiento. Gustavo (57) siempre mantuvo su línea telefónica activa y jamás se movió del hotel de San Telmo donde consiguió hospedaje. Sin embargo, denuncia que nadie se comunicó con él: “Me di cuenta a principio de mes porque vi que la plata no estaba depositada. Pude pagar el alquiler porque un amigo me prestó lo que me faltaba. De otra forma habría vuelto a vivir en la calle”, cuenta. Es importante señalar que un gran sector de la población que carece de hogar no tiene celular ni acceso a internet.
A propósito de las políticas públicas complementarias adoptadas por el Ministerio, Castrogiovanni afirmó: “Hoy el paradigma consiste en estabilizar a la persona, trabajar y conocerla para que en un futuro pueda generar cierta autonomía y apuntar a una reinserción social y laboral”. Luego agregó: “Tenemos 20 casos de personas que volvieron a trabajar porque pudimos conseguirles un laburo”. Con respecto a la metodología utilizada, el funcionario público explicó: “Para ayudar a las personas les explicamos cómo presentarse a una entrevista laboral, también les brindamos asesoramiento con el armado del currículum y tratamos de generar puentes con distintas empresas que dispongan de un cupo para gente en situación de calle”.
Cada día, en la parte trasera del Ministerio, se forma una fila de gente que no pudo tramitar el subsidio y, ante la desesperación, vuelve al sitio donde comenzó todo en busca de respuestas. Tomás (32) se cansó de insistir y optó por llevar su CV impreso. El empleado que lo atendió se le rió en la cara y se negó a aceptarlo. Yanina (22) atravesó una secuencia similar: “Me dijeron que no sabían si el subsidio me iba a salir, pero que podía llevar mi CV impreso. Volví al día siguiente muy ilusionada porque la idea de trabajar me copaba mucho más que la de cobrar plata a cambio de nada. La empleada que me atendió se hizo la boluda, y no me dejaron pasar a la oficina”.
Las organizaciones sociales y algunas iglesias cumplen un rol fundamental a la hora de asistir a la población de calle en la tramitación del subsidio. A propósito de los problemas detrás del subsidio, Guido Carlana, trabajador social del MTE, explicó que el programa habitacional de la CABA tiene dos puntos críticos que dificultan el ingreso y la permanencia. En primer lugar, la formalidad de los requisitos contrasta con las condiciones en que los sectores populares resuelven el problema del alquiler de vivienda. Además, la desactualización de los montos genera que el subsidio sea solo una cuota de lo que hoy tienen que alquilar las familias. Por último, concluyó: “En un momento en el que acceder a un alquiler es difícil incluso para sectores medios, la política de la Ciudad debería ser la flexibilización de las condiciones, y la ampliación de la base de beneficiarios que es muy reducida”.
No es necesario recurrir a las cifras para darse cuenta de que la población en situación de calle aumentó mucho en los últimos cuatro años. Alcanza con caminar por los pasillos del Aeroparque Jorge Newbery y observar a toda la gente que duerme allí, o con caminar por la Avenida Corrientes y encontrarse con familias enteras viviendo a la sombra de los carteles incandescentes. Hace poco más de dos semanas, 70 familias fueron desalojadas de un complejo habitacional en Villa Lugano. No hubo una notificación, el gas pimienta fue suficiente.
En abril de 2023, el gobierno porteño realizó un censo nocturno y determinó que había un total de 3511 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la cifra es poco fiable -varias organizaciones sociales denunciaron que el número real es mucho mayor-, el informe daba cuenta de una suba del 34% respecto del relevamiento de 2022. En la actualidad, distintas organizaciones sociales se encuentran realizando el primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE), que apunta a obtener información más rigurosa sobre la población de calle a nivel nacional.
En el último tiempo los precios de los alquileres, la falta de políticas destinadas a la ocupación de viviendas vacías, y la ausencia de una regulación sobre empresas como AirBnb no hizo más que empeorar la crisis habitacional. En un contexto donde la vivienda no es un derecho, sino el privilegio de unos pocos, y el negocio de un grupo aún menor, el acceso a un techo estable parece una realidad inalcanzable, sobre todo para aquellos a quienes el Estado parece olvidar.
En su cuento “Ante la ley”, Franz Kafka narra la historia de un campesino que se presenta frente al guardián que custodia la puerta de la Ley y le solicita que le permita pasar. El hombre, poco acostumbrado al trato con la autoridad, entiende que la Ley debería ser accesible para todos. El guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar, pero que quizás lo haga más tarde. Durante años, el campesino aguarda: sabe que el centinela es poderoso y dentro del salón hay más. El final es predecible, pero no vale la pena spoilearlo. Dicen que en las situaciones de crisis, los hechos pertenecientes a la realidad y la ficción tienden a confundirse. Si aceptamos esta premisa, bien podemos decir que las lógicas que rigen el subsidio habitacional fueron redactadas por un personaje de Kafka en uno de sus peores días. La puerta permanecerá cerrada en tanto no exista voluntad política real para abrirla.
