"En la cárcel nos cuidamos como podemos"

Devoto después del estallido mediático y de las cacerolas

El penal de Devoto ya tiene 13 infectados por COVID-19. ¿Qué ocurrió luego de la protesta de las personas privadas de su libertad y de la amplia cobertura que dieron los medios hegemónicos? Jorge González, secretario adjunto del SUTPLA, habla sobre las condiciones actuales de salud e higiene en la única cárcel de la Ciudad de Buenos Aires.

El techo de chapas levantadas, internos cubiertos con frazadas para protegerse de las balas de goma y un cartel con la consigna: “El Covid-19 está en Devoto. Jueces genocidas. El silencio no es mi idioma”. A fines de abril, se desató una protesta masiva en el penal porteño luego de que se conocieran los primeros casos de infectados por coronavirus. “El Covid pone de manifiesto lo que nosotros veníamos diciendo sobre las condiciones carcelarias hace bastantes años”, dijo a El Grito del Sur Jorge González, secretario adjunto del Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). Hoy ya son 13 los internos que contrajeron el virus.

Los primeros casos que se detectaron, contó González, fueron en la segunda planta del penal donde “está el universo carcelario”. “Los últimos tres casos fueron en el pabellón noveno, en la planta tres, que se caracteriza porque es (para internos) de avanzada edad, tiene personas de más de 60 años y varios tienen alguna patología -detalló-. Algunos (de los contagiados) fueron trasladados al Muñiz en primera instancia y después acá para estar en observación”.

González afirmó que en el penal se destinaron pabellones especiales para aislar a personas de manera preventiva y que, aunque algunos internos dieron positivo, “están evolucionando favorablemente”. “Pero es muy escasa la información que tenemos. Pueden decirnos que fulanito está bien, que está en el hospital, pero jamás nos muestran un parte médico ni nada -advirtió-. El Servicio Penitenciario miente permanente y sistemáticamente, entonces no podés confiar en personas que no tienen nada de credibilidad”.

El referente del Sutpla sostuvo que los internos de Devoto denuncian desde hace varios años los problemas y las carencias que sufren las cárceles del país. “Hay carencia en cuanto a la comida, elementos de higiene, medicación. Nosotros tenemos pruebas de todo lo que decimos y hemos radicado las denuncias, pero el gran ausente acá es la Justicia”, afirmó.

González aseguró que “aunque el Estado da la partida presupuestaria”, los insumos no llegan porque “el Servicio Penitenciario se queda con las cosas”. “En mi pabellón nos dan 5 litros de lavandina para 40 personas y tiene que durar una semana. Con el detergente o el jabón pasa lo mismo”, acusó. También explicó que dentro del penal hay una cantina “donde te cobran al mil por ciento (de aumento) los alimentos o los elementos de higiene” y señaló que “no te venden el alcohol en gel y un paquete de yerba de medio kilo te lo cobran a $200”. En el supermercado, un kilo de yerba que está dentro del acuerdo de Precios Cuidados sale $225.

Los familiares de las personas privadas de su libertad no tienen un permiso especial para visitar a sus parientes, pero González contó que algunos “hacen el esfuerzo para mandar algunas cosas”. “Pero si tu familia te quiere mandar alcohol en gel le dicen que no, que no te pueden mandar un pote grande porque dicen que nosotros lo podemos llegar a tomar. Es una locura -afirmó-. Tu familia hace un sacrificio enorme y le dicen que no, que te tiene que mandar los potes chiquitos y el Servicio va regulando cuándo te los da”.

El distanciamiento social, señaló Jorge González, tampoco es viable dentro del penal, a pesar de que a algunas personas se les permitió continuar cumpliendo la pena en sus casas debido a la pandemia. “Cada pabellón tiene 80 personas y cada baldosa mide 50 centímetros, aproximadamente. Bueno, cada cama está a 80 centímetros una de otra y las camas son cucheta. En un metro cuadrado tenés cuatro personas. ¿Entonces?”, cuestionó.

Respecto a la atención médica, el integrante de Sutpla lamentó que “hace tiempo que el médico en Devoto perdió su impronta”. “Ya no viene a revisarte con el recetario, el estetoscopio, como antes -precisó-. Ahora te miran a dos metros (de distancia), te dicen que estás bien y no tienen ni para medirte la presión. Para todo te dan un Ibuprofeno y, si te duele algo más, te dan dos”. González explicó que el protocolo por casos de Covid-19 que hay en Devoto “es el mismo que se usa en los barrios” y que “no se hacen testeos”. “Te miden la temperatura una vez por día con una pistolita y a todos les da lo mismo. Para que se haga un hisopado tenés que presentar algún síntoma”, detalló.

Los internos, agregó González, “nos cuidamos como podemos”. Intentan mantener las condiciones de higiene dentro de los pabellones y abrir las ventanas para que corra aire. “Tengo muchos amigos en otros pabellones y no nos abrazamos, nos hacemos señas a distancia. No compartimos el mate y nos lavamos las manos. Más que eso no se puede hacer”, lamentó.

Un reclamo producto de la impotencia

El miércoles 20 de mayo hubo una reunión de la mesa de diálogo que se generó a partir de la protesta de abril en Villa Devoto. Sin embargo, González afirmó que todavía “no ha habido ningún cambio sustancial” y que “falta una pieza clave”: que más jueces participen de esta instancia.

En la primera reunión estuvieron presentes representantes de los pabellones del complejo penitenciario; el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena ; el director nacional del SPF, Emiliano Blanco; el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morín, integrante de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de ejecución penal Vilma Bisceglia, funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y los abogados Claudia Cesaroni y Matías Isequilla, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Jorge González destacó que Bisceglia fue la única jueza que estuvo presente.

“Nosotros no queremos victimizarnos, generamos una pena y la estamos cumpliendo, no pedimos que le perdonen nada a nadie, sino que se cumpla con la ley -afirmó González-. En muchos países del mundo se conmutaron penas y se dieron indultos, no pedimos eso. Pedimos que compañeras con hijos menores, gente que esté en grupos de riesgo, que tenga enfermedades preexistentes o que tenga las condiciones para cumplir una domiciliaria vaya a su casa con todas las condiciones y restricciones que quieran ponerle”.

La protesta de los internos del 24 de abril, explicó González, “es producto de una impotencia”. “En Devoto lo que hubo es un estallido por miedo a morirse preso -sostuvo-. Cantidad de veces planteamos nuestro reclamo de manera pacífica, con batucadas. Esta vez la cárcel explotó, nadie se puso de acuerdo y fue una reacción en cadena y hace más de veinte años años que no pasaba algo así”.

González aseguró que lo que pasó “no fue un motín”. “Un motín es cuando agarrás de rehén a uno, dos, cuatro guardiacárceles. Acá tenías a 1500 personas por piso y nunca se agarró a un policía ni a alguien del Servicio Penitenciario. Y cuando se hizo presente el Ministerio de Justicia (de la Nación), las personas de los techos depusieron su actitud y se produjo una mesa de diálogo”, explicó.

Sin embargo, González acusó a las fuerzas de seguridad porque “estuvieron nueve horas tirando hasta con balas de plomo” y “dejaron hemipléjico a un compañero”. “A ese pibe le quedaban tres meses para agotar la pena, es muy joven y porque a un hijo de puta se le ocurrió tirar balas de plomo tiene la vida deshecha”, afirmó.

González también denunció que, incluso cuando los internos están en condiciones de tener salidas transitorias o libertad condicional, “la Defensoría no te atiende” y los jueces “no contestan” o toman “decisiones arbitrarias”. “Hay un muchacho que tiene una pena mínima y está en condiciones de salida. Está preso por robo, no hizo un solo disparo y Gendarmería lo atropelló. Ese pibe salía cada 45 días a un hospital afuera (del penal) y en los últimos dos años lo operaron tres veces, la última hace muy poco, y el juez le negó reiteradamente la domiciliaria -contó González-. El Servicio Penitenciario dice que está en condiciones de atenderlo, ¿pero cómo va a atenderlo si antes de la pandemia ya salía a atenderse a un hospital afuera? Acá se mueren los viejos, se mueren los jóvenes. Preguntale a los jueces si les importa”.

González aseguró que en la mesa de diálogo hay muchas propuestas y buena intención, aunque no se haya producido ningún cambio. “Nosotros tenemos predisposición, nos hemos bajado y estamos tratando de hablar y razonar, pero no sé por cuánto tiempo. ¿Si se muere un pibe mañana qué pasa?”, inquirió.