Después de 11 días de huelga de hambre en las cárceles bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, convocaron ayer por decreto a una mesa de diálogo para buscar soluciones a las condiciones carcelarias y la sobrepoblación en los 12 complejos penitenciarios, de los que dependen 58 unidades carcelarias y alcaidías penitenciarias. En la mesa habrá autoridades de los tres poderes del Estado, ONGs de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica. Esta medida se tomó luego de las protestas que comenzaron el 5 de diciembre y a las que se sumaron cerca de 10 mil presos, es decir, un 20% de la población carcelaria total en la Provincia.
Más allá de esta medida -que abarca la órbita provincial-, desde ayer al mediodía familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones de DD.HH. llevan a cabo un acampe fuera del Congreso Nacional que no levantarán hasta ser recibidos. Esta protesta busca visibilizar que las condiciones inhumanas de los presos y las presas no sólo se dan en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país.
La precariedad y los malos tratos tienen larga data en el sistema penitenciario argentino. Según el “Documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires”, del Tribunal de Casación Penal, en mayo de 2019 más de 48 mil personas se encontraban privadas de la libertad en comisarías, alcaidías y cárceles provinciales. En octubre este número ascendió a más de 48 mil.
Esto significó que la sobrepoblación en cárceles llegue al 113% y en las comisarías al 160% de su capacidad. Esto significa que en la provincia de Buenos Aires hay 308 detenidos cada 100 mil habitantes. En ese sentido el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informó en agosto de 2019 que 3.807 personas permanecen alojadas en comisarías. En abril de este mismo año, el 98% de la población alojada en éstas se encontraba procesada. El 12% de los detenidos estaba imputado por delitos con penas menores a tres años de prisión y el 18% por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Según el informe, el aumento significativo de la población carcelaria tendría que ver con la modificación del Código Penal, la Ley de Ejecución y el Código Procesal Penal. Estas medidas elevaron las escalas penales para los delitos de robo con armas de fuego, penaron el robo con arma de fuego de utilería, agravaron las penas para los delitos contra la integridad sexual y aumentaron la pena para la portación de armas cuando se registraren antecedentes. Además restringieron y dificultaron las salidas transitorias y anticipadas. A esto se suma que la Ley de “narcomenudeo” generó el encarcelamiento masivo de consumidores y pequeños comerciantes, afectando especialmente a la población femenina y del colectivo travesti-trans.
Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, 140 personas murieron el año pasado bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Débora Suárez es integrante del Colectivo de Familiares de Causas Armadas de Zona Norte y Oeste. Hace cinco años su hijo está detenido en la penitenciaría de José León Suárez. Durante su arresto recibió torturas durante una semana en la Comisaría 1era de San Martín. Sin embargo, cuando Débora se acercó a exigir por sus derechos el juez de garantías no quiso atenderla.
Débora asegura que la mayoría de los presos están en la actualidad con prisión preventiva sin tener fecha de juicio. Aún cuando la Justicia indica que el proceso no debe superar los tres años, muchos llevan hasta siete años esperando. También hay muchos que ya cumplieron parte de su condena y podrían tener el beneficio de una salida transitoria o una pulsera electrónica, la cual les es negada.
“Estamos pidiendo que no se libre al azar una prisión preventiva cuando el sistema no está preparado para recibir a más personas. La sobrepoblación genera hacinamiento, molestia, menos recursos para los que ya están hace tiempo esperando un proceso o cumpliendo una condena. Esto los lleva al hartazgo y genera que no haya empatía con el recién llegado”.
Gran parte de los reclamos de los presos y las presas tienen que ver con las condiciones carcelarias. Débora explica que incluso a los detenidos que tienen la salud muy deteriorada se les niegan los beneficios de la prisión domiciliaria. Hay muchas penitenciarias donde la comida es retenida por los mismos integrantes del Servicio Penitenciario, y a la malnutrición y la escasez se suman el mal estado o directamente la putrefacción de los alimentos que les proveen. Los organismos de DD.HH. revelan que en las cárceles de todo el país la mayoría de los internos están hacinados, sin agua caliente ni gas; además duermen en el piso entre cucarachas, chinches y deben defecar en los buzones porque no los dejan salir.
“Es un genocidio a cuentagotas, es un exterminio de quienes ante la Constitución siguen teniendo derechos. En prisión el único derecho que se les priva es el ambulatorio, no todos los demás”, explica Débora y agrega: “Detrás de cada preso hay un familiar con su historia, que sufre, que padece, que no descansa”.
Según el informe antes citado, en el Servicio Penitenciario Bonaerense se alojan 1.777 mujeres en 14 unidades y una alcaidia departamental. De ellas 53 son madres con hijos, 19 de las cuales se encuentran embarazadas y con ellas hay 58 niños. Hacia diciembre del 2016, el 61% de las mujeres cis se encontraban detenidas por delitos vinculados a drogas y este porcentaje llegaba a 70% en el caso de las mujeres trans, situación que se agravó a partir de la desfederalización de la ley de narcomenudeo.
“Estamos como sociedad levantando un pañuelo para que se deje de morir gente, pero las mujeres en los penales padecen de torturas y malos tratos. Nosotras, las familiares, tenemos que someternos a requisas vejatorias para ingresar, nos siguen humillando a los familiares y cuando reclamamos que se cumplan los derechos somos negadas o reprimidas por hombres. Eso sigue siendo violencia de género”.
En tanto la Justicia argentina mantiene sus deudas. De los delitos cometidos por internos de Unidades y Alcaldías, un 41% son contra la propiedad, un 20% contra personas y un 15% contra la seguridad pública. El sistema judicial también deja en claro que la diferencia de clases es fundamental a la hora de decidir quienes pueden acceder o no a ciertos beneficios. Mientras las personas que tienen en su defensa a abogados pagos, lo cual acelera el curso de su causa, muchos de los detenidos que están condenados por delitos de robo o hurto llegaron a esa situación empujados por el sistema clasista que los excluye del mercado laboral.
“Transitamos procesos con familiares que vienen de barrios muy humildes, donde por una portación de cara la policía te lleva. Lo hacen porque necesita cobrar un adicional, hay cargos que están en juego, hay ascensos que están en juego. Los policías acosan a los chicos de condiciones vulnerables, los mandan a detener”, manifiesta Débora. “Muchas veces las personas por falta de información desconocen que el fiscal, el juez y el defensor tienen la obligación de responderle. Incluso siendo inocentes terminan firmando que son culpables por falta de conocimientos o promesas falsas”.
Débora señala que en las causas armadas los testigos son policías, y es justamente esta fuerza la que se dedica a investigar de la mano del fiscal. Por su parte, el juez de garantía (in garantía como lo llama) no vela porque ese proceso sea constitucional. “Hay una condena social que lamentablemente está instalada. Los presos y las presas no son personas que vinieron al mundo para ser juzgados; si están en esa condición es porque hay una falta de Estado, porque hay una falta de acompañamiento y los abogados se aprovechan del familiar, que a veces no sabe ni leer ni escribir y no tiene el carácter para poder exigir».
Las familias y organismos de DD.HH., formados por personas que estuvieron privadas de la libertad, reclaman ser veedores del plan que implemente el Gobierno. En relación a la importancia de pensar pensar otro tipo de Justicia, Débora responde: “El Estado debe hacer su trabajo y no mirar para otro lado. Es necesaria una contención muy importante porque los pobres se autodiscriminan, porque hay una sociedad que ya los miran de costado y los marcan por la vestimenta o el color de piel. Para ello la educación es fundamental. Los políticos se tienen que acercar al barro, tienen que pisar barro. Si tienen ganas de ser parte del pueblo y dejar de estar atrás del escritorio, deben ver todas las necesidades que están pasando”.
