Carta a Horacio Rodríguez Larreta

CABA: denuncian incumplimiento del decreto contra los desalojos

Organizaciones sociales aseguran que, desde la publicación del decreto 320/20, se registraron amenazas y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones y habitaciones alquiladas. Exigen al Gobierno porteño medidas concretas para garantizar los derechos de los inquilinos.

Más de 50 organizaciones sociales, políticas y sindicales enviaron ayer una carta al jefe de Gobierno porteño para informar sobre diferentes situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria. A pesar de que el decreto 320/20 prohibió los desalojos en todas sus instancias, desde el 29 de marzo siguieron las amenazas y los desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso exigen la adopción de medidas concretas para garantizar sus derechos.

La mayor parte de los conflictos se produjeron hasta el momento en los barrios de Constitución, Barracas, San Nicolás, San Telmo, Villa Devoto y Villa Urquiza. «Las intervenciones ante estas situaciones han sido puntuales, de acuerdo a cada caso, y articuladas principalmente desde el campo social. En otros casos, en lugar de una intimación abierta al desalojo hemos recibido denuncias de acciones intimidatorias como el corte de servicios básicos a las habitaciones como una forma de hostigamiento para que las personas abandonen el lugar. También se han producido reubicaciones forzosas de personas en habitaciones de hotel, generando más hacinamiento y poniendo en riesgo la salud individual y colectiva. Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista», explica la nota firmada por un gran número de organizaciones sociales, entre las que se destacan Inquilinos Agrupados, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la UTEP (Seccional Capital), La Boca Resiste y Propone, y Habitar Argentina.

Otro de los aspectos problemáticos que destaca la carta son las condiciones sanitarias deficitarias en este tipo de establecimientos, «que se oponen a las establecidas en la ley 4631 que regula los alojamientos turísticos y vuelven incumplibles las indicaciones de higiene y prevención realizadas en forma homogénea por el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires». También reclaman que existe una negativa de propietarios e inmobiliarias para facilitar nuevas formas de pago bajo la premisa de que la población inquilina pueda abonar el alquiler a través del sistema bancario, tal como establece el DNU.

En cuanto a la situación en los barrios populares de la Ciudad, los locadores están comunicando a sus inquilinos que el DNU 320/20 no se aplica a sus contratos «por ser informales o verbales». Según las organizaciones, «esta interpretación no se condice con la letra ni con el espíritu del DNU y anticipa la posibilidad que los desalojos en las villas sigan ocurriendo con absoluta discrecionalidad».

Por último, los firmantes exigen al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta medidas concretas para garantizar los derechos de las personas en el marco del cumplimiento del decreto citado: desde establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo, hasta comprometer a propietarios de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades. También se sugiere adoptar mecanismos de fiscalización para garantizar el congelamiento de los precios y establecer una línea de subsidios especiales para contribuir al pago del alquiler de habitaciones por al menos los próximos seis meses.

La carta fue apoyada también por referentes sindicales como Eduardo López (Unión de Trabajadores de la Educación) y Daniel Catalano (ATE Capital), así como por el bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña.

 

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