COVID-19, antes y después

Un informe de la UBA alerta por la situación de barrios populares, migrantes y pueblos originarios

Desde el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) realizaron un trabajo acerca de la situación que se vive en la Argentina producto de la pandemia y sus consecuencias sobre los pueblos originarios, las personas en situación de calle, la población migrante y los barrios populares.

El Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, publicó el informe «COVID-19, antes y después. El coronavirus en Argentina ante un mundo cambiante». Allí se analiza el impacto de la crisis sanitaria en el país y la forma en que golpea a la población migrante, las personas en situación de calle, los vecinos y las vecinas de los barrios populares, y los pueblos originarios. El grupo multidisciplinario de investigadores universitarios que intervino en la realización del estudio aportó información certera sobre problemáticas ligadas a la cuarentena tales como violencia de género y maltrato familiar, con focalización en grupos vulnerables, así como problemáticas específicas de riesgo en población sin techo, carcelaria y pacientes crónicos.

@marcos.sierras para @pandemia_fotografica_sudaca

El documento hace un repaso de las principales medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Además, parte de las críticas a la administración de Mauricio Macri en materia sanitaria, con la degradación del Ministerio a Secretaria por ejemplo, para explicar la importancia de tener un sistema público de salud fortalecido y un Estado presente en una situación de excepcionalidad y emergencia como la actual.

Más adelante analizan la situación de los trabajadores y las trabajadoras «informales», hoy agrupados en su mayoría en grandes organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), uno de los principales actores sociales que se plantó contra el modelo neoliberal de Cambiemos, con el objetivo de visibilizar y entender como sujetos de derecho a los miembros de la economía popular.

Respondiendo a la transformación sufrida por la sociedad en su conjunto, pero principalmente por aquellos sectores en situación de pobreza y precariedad social, mencionan también el modo en que esta crisis ha golpeado a los pueblos originarios y la población migrante. Según explicó Sebastían Valverde, especialista en Antropología Rural y pueblos originarios de Filosofía y Letras (UBA), se volvió a verificar en el marco del aislamiento «una exacerbación de las experiencias históricas de racismo, discriminación, violencia verbal y física hacia los integrantes de los pueblos originarios, a través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos por parte de funcionarios de diversos organismos públicos, instituciones sanitarias y/o fuerzas de seguridad, los que pueden asumir características sumamente conflictivas y traumáticas en algunos puntos del país».

En ese sentido, Valverde destaca las redes de solidaridad, acompañamiento y apoyo que supieron construir las organizaciones sociales en los ámbitos institucionales, educativos y sociales para hacerle frente a esta situación.

Por otro lado, en lo que respecta específicamente a la población migrante, desde el OUBA tomaron los datos del colectivo Agenda Migrante 2020, el cual realizó tiempo atrás un informe sobre la base de 1266 migrantes residentes en nuestro país, con el apoyo de reconocidas organizaciones internacionales como Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). «El diagnóstico obtenido indica que las personas en situación de movilidad internacional han quedado más expuestas al impacto socio-económico del ASPO en Argentina, Por un lado, la falta de documentación (el 29% no cuenta con documentación, está tramitandola o cuenta con una residencia precaria) afecta la posibilidad de acceder a otros derechos. Por otro lado, esta población se encuentra más expuesta a la informalidad laboral —el 75% trabaja en changas, de manera informal o no trabaja—; a enfrentar dificultades habitacionales —el 81% tiene que pagar alquiler y un 28% indicó haber tenido problemas con su alquiler desde que se inició el aislamiento—, además, tiene escaso acceso a beneficios y derechos sociales —79% no recibe ninguna ayuda social», informaron desde Agenda Migrante 2020.

Joanna Sander, becaria doctoral del Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras y coautora del reporte, explicó: «Ante la explosión del COVID-19 quedó expuesta en Argentina la vulnerabilidad de decenas de miles de personas, como por ejemplo los migrantes venezolanos recién llegados, que no cuentan con redes de contención de colectividad tan sólidas y carecen de ingresos y medios, sin siquiera tener derecho al acceso al IFE por no tener dos años de residencia». «Cuando hablamos de precariedad esto incluye lo laboral, habitacional y jurídico», sumó Sander.

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A continuación, el informe del Observatorio de la UBA se detiene en el estado y la evolución de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de la Argentina, y en particular en las villas, que concentran una población de 350 mil personas. Al sábado, el Gobierno porteño confirmaba ya 3518 casos de COVID-19 en los barrios populares, de los cuales 1230 ya recibieron el alta médica. Los datos corresponden a 2046 casos de la Villa 31; 1074 del Barrio Padre Ricciardelli (Villa 1-11-14); 225 en la Villa 21-24; 58 en Villa 20; 31 en Ciudad Oculta; 14 en Barrio Cildañez; 14 en Los Piletones; 11 en La Carbonilla; 9 en el Barrio Ramón Carrillo; 8 en Barrio Fátima; 5 en la Rodrigo Bueno; 4 en Zavaleta; 3 en Villa 13 bis; 3 en el Barrio Inta; 3 en Barrio Los Pinos; 2 en el Asentamiento Saldías; 2 en el Conjunto Habitacional Los Piletones; 2 en el Asentamiento El Triángulo; 2 en el Asentamiento Lamadrid; 1 en el Playón de Chacarita y 1 en el Asentamiento Luján-Bosch.

El reporte universitario incluye también testimonios de militantes barriales que describen la situación y hablan acerca de las medidas adoptadas por la administración de Horacio Rodríguez Larreta en las últimas semanas en función del pico de contagios desatado en todas las villas de la Ciudad. «Se trata de una buena iniciativa, pero tardía y organizada de manera improvisada, según palabras de los propios funcionarios porteños, cuando aparecieron los primeros fallecidos», dijo un militante de La Poderosa en la Villa 31, que pidió no revelar su identidad, en relación al operativo DETeCTar.

«En la emergencia y todo el año las organizaciones sociales somos el camión de bomberos que apaga los incendios. Sin nosotros no se sabría lo que pasa dentro de las villas», sentenció el militante barrial. «Estamos en el distrito más rico del país y en el caso del barrio Zavaleta, de Barracas, lo que notamos a partir de la pandemia es el agravamiento de algo que vemos desde hace años: la falta de voluntad política del Gobierno de la Ciudad para las soluciones de fondo y la ayuda que no es suficiente», denunció Lucas Bogado, referente de la Villa 21-24.

Natalia Lerena, doctora en Geografía e investigadora del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se refirió a los procesos de urbanización encarados por el macrismo a lo largo de sus 13 años de gestión en la CABA y aseguró que el verdadero objetivo de los proyectos oficialistas es el de seguir expandiendo el mercado inmobiliario, a costa de la profundización de las desigualdades de decenas de miles de vecinos y vecinas de los barrios populares. La geógrafa cuestionó también el Nuevo Código Urbanístico y de Edificación, aprobado el año pasado por la Legislatura en reemplazo del Código de Planeamiento Urbano, habilitando la densificación de las áreas más consolidadas de la Ciudad.

«En la Ciudad de Buenos Aires, es posible observar, durante la última década, una serie de políticas de desarrollo urbano, tendientes a incorporar al mercado inmobiliario y de suelo una gran cantidad de metros cuadrados edificables. Se trata de políticas del suelo que, aunque se presentan como aisladas en los medios de comunicación y el ámbito de la política, conforman en su conjunto una compleja trama de intervenciones públicas, orientadas a avanzar sobre las últimas fronteras del capital inmobiliario en la Ciudad», detalló Lerene y advirtió: «La reurbanización de cuatro villas, tres en la zona norte de la Ciudad, implica el ingreso al mercado formal de cientos de hectáreas urbanizadas, cuyas viviendas estarán ‘protegidas’ del mercado solamente durante los primeros cinco años. En la medida en que la regulación dominial implica la propiedad privada de la vivienda y el terreno, se trata de suelo que en pocos años estará ‘destrabado’ para el capital, librando a la competencia desigual a familias propietarias frente a desarrolladores inmobiliarios».

Finalmente, el OUBA recoge los datos del 2º Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado hace un año por las organizaciones sociales, que dejó al descubierto el enorme número de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad que no tienen un techo. El relevamiento determinó en su momento que del total de 7251 personas sin techo, 5.412 vivían en plazas, umbrales de edificios o directamente en veredas de la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que representaba a la mayoría de las personas en situación de calle -el 73 por ciento-, mientras que 641 (9%) dormían en paradores del Gobierno porteño y otras 1340 (18%) en otros establecimientos que alojan a los sin techo en la metrópolis porteña.

«Al estallar la pandemia este ejército de personas recibió como otro imposible en sus vidas el mensaje sanitario ‘quedate en casa’. De hecho se produjo desde el mes de abril un crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, ya que a personas solas o a familias enteras los subsidios habitacionales no le cubrían el total del costo de los hoteles y al cerrarse todo tipo de acceso a ingresos informales, se quedaron sin recursos adicionales», explicó la especialista en el tema Mónica Farías, becaria posdoctoral del CONICET y docente de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras.

Sobre este punto, Farías calificó de insuficientes las medidas ejecutadas por el gobierno de Larreta, cuestionó los intentos de desalojo que intentaron llevarse adelante a pesar del decreto 320/2020 que los prohíbe, y destacó el proyecto presentado por las legisladoras del Frente de Todos, María Bielli y Ofelia Fernández, para asistir a inquilinos y hotelados en este contexto de emergencia por la crisis del COVID-19.

En CABA persiste el déficit habitacional endémico y, pese a que en las últimas décadas la construcción de viviendas se multiplicó, las posibilidades de acceso de los sectores de menores ingresos a un techo digno resultan imposibles. Allí está la raíz del problema del crecimiento poblacional de los asentamientos y el elevado número de personas que terminan
literalmente viviendo en las calles.