Una lucha por derechos que llegó muy lejos

La ONU interviene para frenar un desalojo en la Villa 15

Seis familias de la Villa 15, víctimas de fallos adversos en la Justicia incluso en plena pandemia, lograron que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU les diera la razón y obligara al Estado a frenar el desalojo. "Se trata de un importante precedente en la defensa del derecho a la vivienda en las villas de Argentina", dijeron desde la CEJIP.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU -órgano encargado de  supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- le ordenó al Estado Nacional suspender «de forma inmediata» un desalojo forzoso en puerta en la Villa 15 y que además tome las medidas necesarias «para evitar daños irreparables hacia las personas afectadas».

La decisión del Comité llegó luego de que las familias que formaron parte del amparo para frenar el desahucio agotaran todas las instancias de apelación en la justicia local ante los fallos adversos que se fueron sucediendo, incluso en estos meses de aislamiento social obligatorio por el coronavirus, período durante el cual los desalojos están prohibidos por ley.

Del amparo formó parte un colectivo de 6 familias -26 personas en total-, de las cuales 11 son niñas, niños y adolescentes, y 7 son personas con discapacidad. Todas ellas viven en la casa 4 de la Manzana 22 de la Villa 15, conocida como «Ciudad Oculta», a pocos metros del nuevo edificio del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, en el barrio de Lugano.

«Se trata de un importante precedente en la defensa del derecho a la vivienda en las villas de Argentina, especialmente en este contexto de vulnerabilidad agravada en la que se encuentra su población ante la rápida propagación del COVID-19 en los barrios populares», dijeron desde el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP), que acompañó a las familias en el proceso local. «Resulta indispensable que el Estado garantice el derecho a una vivienda adecuada, a un hábitat digno y evite los desalojos forzosos, para que puedan adoptarse las medidas sanitarias de prevención que la grave situación actual exige», agregaron.

LA NECESIDAD DE UN ESTADO PRESENTE

El CEJIP publicó, además, un informe detallado de cómo impacta la crisis por el coronavirus en la Villa 15 y barrios aledaños. Al día de ayer, había 80 casos confirmados, y las familias y organizaciones denuncian un abandono del Estado ante la pandemia, morigerado apenas por el trabajo comunitario en comedores, capillas y centros de salud. «Consideramos que la falta de acceso al agua potable en diversas manzanas, el hacinamiento crítico, así como la falta de insumos sanitarios y de higiene, generan condiciones para que aumenten rápidamente los casos confirmados, como sucedió en los Barrios Carlos Mugica, Villa 1-11-14 y en la Villa 21-24», advirtieron.

El informe señala que aumentaron considerablemente las familias que se vuelcan a los comedores y ollas populares para poder comer, a partir de la caída de la changa y los trabajos informales previos a la entrada en vigencia de la cuarentena. «En el comedor En-Haccore, a cargo de Bilma Acuña, la situación es similar. Antes de la pandemia, Bilma recibía a 400 personas, y actualmente recibe a 700, registrando así un 40% de aumento en la demanda. Los alimentos se entregan a través de viandas que son preparadas en el comedor de lunes a viernes. Como en el caso de Laura, el menú tiene alimentos secos y frescos, pero no siempre alcanzan. Bilma señala que, debido al faltante y a la baja calidad de los alimentos, debe salir a comprar por cuenta propia una o dos veces por semana», describieron.

También denunciaron la falta de agua en algunas manzanas. «El Gobierno de la Ciudad no desarrolló la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en diversos sectores de la Villa 15. Quienes habitan en la Manzana 32 denuncian que el agua que reciben en sus viviendas no es apta para el consumo humano, tiene color amarillo y olor nauseabundo. Por consiguiente, tampoco resulta apta para la limpieza e higiene básica personal y de sus alimentos».

«Se requieren respuestas urgentes por parte del Gobierno de la Ciudad, en articulación con el Estado Nacional, para garantizar las prestaciones sociales necesarias, el acceso al agua potable, y para fortalecer y ampliar la asistencia alimentaria. Asimismo, resulta sumamente necesario desarrollar medidas para evitar los desalojos de inquilines, y dotar de mayores recursos y protección a les trabajadores de los centros de salud comunitaria», concluyeron.