En las últimas horas, las redes sociales estuvieron incendiadas con una lluvia de críticas desde y hacia distintos sectores del feminismo producto del anuncio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acerca del lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Una vez más se reabrió uno de los parteaguas más importantes dentro del movimiento feminista: regulacionismo vs. abolicionismo. En dicho registro se incorpora la categoría de trabajador/a sexual y mientras que desde AMMAR, el sindicato de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, salieron a celebrar la medida, desde colectivos y agrupaciones abolicionistas salieron a denunciar la medida por «avalar el trabajo sexual».
Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, dialogó con El Grito del Sur y describió como «un gran avance» la incorporación del sector al registro impulsado por la cartera que conduce Daniel Arroyo. «Es importante no solamente la inclusión de la categoría de trabajador y trabajadora sexual sino, más aún, la creación del registro. Esto para nosotras representa un Estado presente, que comienza a velar por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores históricamente excluidos, que conoce nuestras realidades, que comienza a conocer cuántas somos y a legislar políticas públicas para nuestro sector», expresó.
Florencia Guimaraes, activista trans y militante del colectivo Furia Trava, considera «cosificadora, patriarcal y capitalista» la categoría de trabajo sexual. «Si el Estado, o el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, incluye en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular la opción de trabajadores o trabajadoras sexuales está contradiciendo la legislación abolicionista que fue adoptada por el propio Estado y reforzada luego por pactos internacionales que tienen rango constitucional», sentenció.
La alegría para los trabajadores y las trabajadoras sexuales, que se consideran parte de la economía popular, no duró mucho, pero dejó números significativos. A pesar de haber sido dado de baja del ReNaTEP, en las cinco horas que estuvo en funcionamiento, un total de 800 trabajadores y trabajadoras sexuales se inscribieron en esa categoría. «En un mismo día pasamos de la emoción a la tristeza y la impotencia en muy pocas horas», cuenta Orellano. En ese sentido, criticó no haber sido avisades de la marcha atrás, apuntó contra quienes militaron en las redes para que se retrocediera con el anuncio y reclamó que los trabajadores y las trabajadoras sexuales sean reconocidas por el Estado.
Las idas y vueltas de las últimas horas reabrieron un debate que parece irreconciliable dentro de los feminismos y desde AMMAR fueron categóricas: «Se revolucionaron las redes sociales y, nuevamente, en vez de acompañar nuestra lucha y nuestra demanda, algunos sectores dedicaron horas para presionar hasta que se dé marcha atrás esto y luego festejaron». «No podemos entender cómo se celebra la clandestinidad, cómo se celebra que un sector siga estando con mayor exclusión social, nos parece super discriminatorio hacia las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Más allá de la discusión histórica que hay dentro de los feminismos, más allá de las posiciones ideológicas arcaicas y ortodoxas que tengan algunos funcionarios, las trabajadoras sexuales existimos y justamente ese registro viene a poner sobre la mesa la problemática de las trabajadoras y los trabajadores no registrados e históricamente excluidos», cuestionó la secretaria general del sindicato.
Por otro lado, consultada por este medio, Guimaraes afirmó que no se trató de idas y vueltas sobre el tema «sino que directamente sentenciaron. Avalaron el término trabajo sexual, que edulcora la explotación sexual y la violencia de género sin un consenso institucional, político, de las organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos, de personas sobrevivientes de prostitución, los sindicatos, etc». Para la activista trans, el primer anuncio del Ministerio de Desarrollo Social se trató de «una manipulación y un intento de poner una categoría de trabajo sexual dentro de la Economía Popular, sin dar un debate absolutamente a nadie».
La militante de Furia Trava no se quiso guardar nada y apuntó también contra los funcionarios nacionales que intervinieron en la decisión de incluir al trabajo sexual como una de las categorías en el registro. «Hay funcionarios en esta nueva gestión, de rango nacional, que llevan adelante el lobby proxeneta del sistema prostituyente. Esperamos urgentemente una respuesta y también esperamos la revisión en todas las instancias estatales en donde se nombraron funcionarios que ejercen sentidos y acciones administrativas y públicas en pos del proxenetismo como parte de su gestión», denunció.
Según pudo saber este medio, el Registro de la Economía Popular fue dado de baja porque el debate en torno a este eje desató un conflicto interno entre las diversas posiciones que conviven en la cartera de Desarrollo Social. El tema será resuelto a través de una mesa de diálogo entre las partes, donde todos los sectores piden estar representados. A esto, Orellano le suma que desde el Ministerio se vieron presionados a tomar esta decisión sobre la marcha y asegura que este tipo de cosas suceden porque la política se sigue discutiendo sin ellas. «Y no me refiero necesariamente a las trabajadoras sexuales, sino a que las cosas las siguen definiendo los varones. Nos enteramos por un tweet cómo dos varones deciden sobre todo un colectivo y se arrogan nuestra representatividad, resolviendo esto por teléfono», explicó.
Cabe destacar que ayer se conoció un tweet de Gustavo Vera, que rápidamente salió a anunciar que mantuvo conversaciones con el ministro Daniel Arroyo y que se había resuelto suspender el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. En relación a esto, Florencia Guimaraes admitió no haberle prestado atención al tweet y aseguró que, de todas formas, este debate debe ser llevado a cabo principalmente por las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Georgina Orellano, sin embargo, no lo dejó pasar y catalogó de misógino a Vera, cuestionó su posición respecto del aborto y el colectivo LGBT, y lo acusó de haber construido su carrera política haciéndole cámaras ocultas a las trabajadoras sexuales.
