Comúnmente llamados Aceiteros, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, es uno de los sindicatos que se ha destacado en los últimos años por las buenas negociaciones paritarias que obtuvieron sus trabajadores. De hecho, hace poco más de un mes -con el país y las negociaciones paritarias casi frenadas-, el gremio que conduce Daniel Yofra logró un aumento salarial del 25 por ciento y una suma retroactiva de enero a abril, que ubica el ingreso básico de los aceiteros en $68.678.
Ahora, con la estatización de la aceitera Vicentín en debate, los trabajadores de este sector vuelven a estar en el centro de la escena política. El Grito del Sur se comunicó con el secretario general de Aceiteros, Daniel Yofra, para hablar sobre la decisión del Gobierno, las protestas de algunos sectores opositores y el debate por la soberanía alimentaria.
¿Cual fue tu primer impresión cuando te enteraste de la intervención?
Lo tomé como una alternativa, como una especie de alivio ante tanta incertidumbre. Que el Gobierno se hiciera cargo de una empresa que estaba concursada y no se sabía cuál era su destino próximo, me parece que era importante. Como decisión política también: que el Gobierno intervenga empresas que están con posibilidad de cerrar y dejar a sus empleados en la calle.
Ahora se discute el tema de la figura legal, si va a ser una intervención o una estatización. ¿Qué opinión tienen desde Aceiteros?
Primero hay que intervenirla para saber bien qué es lo que está pasando, más cuando tiene esa deuda pública, no se puede mover con tanta impunidad. Lo que sí es que los gobiernos, en ese sentido, tienen que ser responsables a la hora de dar un préstamo multimillonario y fraudulento. Después hay que analizar la modalidad de intervención, la estatización, la expropiación, una convención mixta. Me parece que tienen que estar todos los interesados en la empresa: productores, representantes de los trabajadores, porque hay que manejar materia prima, no es una Pyme y necesitan comprar mucha materia prima. No se puede poner solamente gente de confianza y que no esté apta para la función.
¿Pudiste hablar con los trabajadores y los delegados de Vicentín? ¿Qué opinan al respecto?
Si claro, constantemente estamos hablando y en contacto. Nosotros no hemos tenido problemas nunca con la empresa Vicentín a la hora de respetar los acuerdos, pero los trabajadores estaban muy afligidos últimamente. Tanto el bono de fin de año, como el acuerdo del 30 de abril, no lo han respetado ni sabían cuándo lo iban a hacer. Nosotros representamos a Vicentín Avellaneda, Santa Fe, y ya venía con problemas. El año pasado cerró dos sectores y dejó 60 trabajadores en la calle. Obviamente que la comunicación por parte del Gobierno trae una cierta esperanza de que se vean cuáles fueron los motivos y se pueda proteger a los trabajadores y las fuentes de trabajo.
¿Cómo ves la reacción de un sector de la sociedad que salió a cacerolear contra la estatización?
Normal. Primero, unos son los que organizan y otros los que se dejan llevar por los eslogans que los organizadores dramatizan para tratar de perjudicar las decisiones que toma el Gobierno. Este sector está interesado en hacer ver su protesta, pero la intención de los que están detrás son otras. Sino se hubiesen preocupado antes, cuando despidieron a los compañeros. Vicentín en los años 70 tenía mil trabajadores y hoy tiene 130. Si no te preocupaste hasta ahora, te estás preocupando por empresarios que hicieron fraude al Estado y la sociedad. No son tipos trabajadores esos empresarios, eso pudo haber sido antes, cuando se fundó la empresa. También yo entiendo que Vicentín pone plata en el Municipio y es lógico que salgan a defenderlo. Pero que digan toda la verdad: que «el Gobierno se quiere quedar con todo» y todos esos eslogans de la derecha de este país, nacen porque piensan que pueden hacer lo que quieren y se oponen al Gobierno en nombre de la propiedad privada. Pero cuando pedís un crédito hipotecario y dejás de pagar, te rematan la casa.
Alberto Fernández utilizó el argumento de la soberanía alimentaria para la expropiación. Ustedes son un gremio con una profunda vinculación respecto a esta temática. ¿Qué medidas se pueden tomar para avanzar hacia ese objetivo?
Está muy bien si se piensa y se ejecuta de esa manera. El Gobierno puede garantizar precios, abastecimiento de aceite, como uno de los productos esenciales de la canasta familiar. Y también, obviamente, obtener mayores ingresos para el Estado. En ese sentido, si se redistribuye bien la riqueza, seguramente vamos a erradicar el hambre. Acá el problema es una crisis social: hay poca gente que tiene mucha plata y mucha gente que tiene mucho hambre. Vos lo escuchás hablar a un productor de campo, a De Angeli por ejemplo, que tiene hectáreas de campo con la soja encanutada y te habla del hambre del país. Y que después guarda la soja para especular con el dolar mientras habla de la miseria del país. Esa hipocresía es importante que la discutamos. Sino, es como el tero, que grita por un lado y pone los huevos en otro.
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