A partir del 16 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires suspendió las clases presenciales para pasar a la educación a distancia con modalidad virtual. Luego de un par de semanas, empezaron a acumularse los reclamos de la comunidad educativa con relación a los miles de estudiantes que no pudieron realizar la continuidad pedagógica por falta de conectividad.
La Ciudad podría haber afrontado de otra forma esta pandemia en lo referido al acceso a internet y computadoras de sus estudiantes. En 2010, el GCBA creó el Plan Educación Digital Una Computadora por alumno, conocido como Plan Sarmiento. Como su nombre lo indica, garantizó la entrega de una netbook por estudiante en el nivel primario y conexión inalámbrica a través de la red Wimax, lo cual permitía que cada estudiante tuviera conexión en su casa. Los estudiantes de la secundaria estaban alcanzados por el Plan Conectar Igualdad de Nación.
Mauricio Macri, al asumir la presidencia de la nación, discontinuó el Plan Conectar Igualdad. Rodríguez Larreta, como Jefe de Gobierno, siguió los mismos pasos y transformó el Plan Sarmiento, ya no garantizaría una computadora e internet en el hogar de los estudiantes, sino que las computadoras quedarían en las escuelas y se instalaría Wifi en los establecimientos educativos. Cuatro años después, la educación virtual a distancia resultó una calamidad para el sistema público de educación, entre otras cosas, por la falta de conectividad para un alto porcentaje del estudiantado.
Primeras estrategias del GCBA en el contexto de la virtualidad
La primera reacción de Rodríguez Larreta fue justificar su decisión de no entregar tablets o computadoras a los estudiantes que las necesitaban, responsabilizando a las familias por “perder las computadoras”, “usarlas los padres para otras cosas” y que “los chicos se las olvidaban en su casa”. Los propios informes del GCBA sobre el monitoreo del Plan Sarmiento desmentían al Jefe de Gobierno.
Con posterioridad, frente a la presión, el GCBA cambió de argumento y utilizó una doble táctica como para hacer ver que estaba atendiendo el problema de la brecha digital y de la desigualdad educativa que se agudizaban y, a la vez, para no universalizar el acceso a los dispositivos informáticos como al principio del Plan Sarmiento. A principios de mayo se aprobó el “Procedimiento para entrega en préstamo de dispositivos tecnológicos disponibles en el marco del Plan Sarmiento BA” (Resolución N° 13/SSTES/2020). El GCBA empezaría a entregar los dispositivos que se encontraban en los establecimientos educativos a los estudiantes. Se establecieron varios requisitos acumulativos tan restrictivos que la entrega de computadoras se realizó a cuentagotas. Por ejemplo, 33000 mil hogares beneficiarios del programa alimentario Ciudadanía Porteña no pudieron acceder a la computadora por incompatibilidad al no ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las condiciones dispuestas por el GCBA.
Por otra parte, intentó controlar la judicialización de la falta de conectividad de los estudiantes y del incumplimiento del derecho a la educación a través de la presentación de una acción de amparo realizada por uno de los asesores tutelares del Ministerio Público Tutelar, cuya cabeza responde directamente a Rodríguez Larreta. Ante la inminente presentación de demandas, se decidió iniciar un proceso judicial controlable. Algo similar a cuando se instan denuncias penales de funcionarios aún en el cargo para que sean archivadas y de esa forma queden protegidos por la cosa juzgada.
Para la mala fortuna de Larreta, la causa judicial fue sorteada en el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo del Juez Gallardo, conocido por hacer prevalecer los derechos de la ciudadanía por sobre los intereses del gobierno PRO.
El Asesor Tutelar a cargo de la Asesoría N° 2, a menos de una hora de sorteada la demanda, enterado de que había recaído en el juzgado del Juez Gallardo, solicitó inexplicablemente la suspensión del proceso. Dos días después citó la Resolución N° 13 para desistir de la acción judicial. El defensor de la niñez en tres días pasó de considerar que había vulneración de derechos a pensar que el GCBA cumplía integralmente con sus obligaciones.
Este artilugio fue frenado por distintas organizaciones que ingresaron en la causa judicial y se opusieron al desistimiento (UTE, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria, IPYPP, Frente Salvador Herrera, ACIJ, etcétera). La primera recusación del juez Gallardo sobrevino cuando decidió no aceptar el desistimiento de la causa judicial, es decir, su cierre.
Cuadernillos impresos equivalentes a la educación virtual
Rechazada la recusación, el Juez Gallardo ordenó cautelarmente (8 de junio) que el GCBA garantice un dispositivo informático y acceso libre y gratuito a internet a todo estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social y asista a establecimientos educativos de la Ciudad.
El GCBA decidió no cumplir con el mandato judicial argumentando que la entrega de cuadernillos impresos equivalía a acceder a las plataformas virtuales. El contacto virtual con los docentes se reemplazaba con la posibilidad de llamar a un número telefónico general de apoyo y con hacer consultas a sus docentes cuando se retiraban los bolsones alimentarios (cada 15 días en un contexto de filas de varias cuadras al aire libre).
La reticencia del GCBA llevó al Tribunal a ordenar la creación del “Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas No Satisfechas”. Nuevamente esto fue inaceptable para el GCBA y recusaron por segunda vez al Juez Gallardo.
De las ataduras judiciales a las escuelas ciber
Rechazada la recusación, a casi dos meses de dictada la medida cautelar incumplida, el Juez Gallardo ordenó notificar personalmente de las decisiones judiciales al Jefe de Gobierno y a la Ministra de Educación. Si no cumplían, se remitiría el expediente judicial a la justicia penal para que investigue la posible comisión de delitos.
Era hora de activar los hilos del Larretismo en la Justicia. No por nada, apenas asumió el PRO como gobierno impulsó la reforma de la justicia, logró el control del Consejo de la Magistratura y designó jueces/zas a piacere.
En poco más de una semana, la Sala III de la Cámara de Apelaciones suspendió el Registro Judicial y revocó casi la totalidad de las medidas cautelares dictadas por el Juez Gallardo.
Sin las ataduras judiciales, Rodríguez Larreta anunció la “vuelta a clases” para 6500 estudiantes que en estos casi seis meses estuvieron “desconectados” de la escuela.
Ante la negativa de Nación, como se había reconocido la cantidad de estudiantes sin conectividad, Larreta elaboró una nueva propuesta: transformar las escuelas en unos cibers y los llamó marketineramente “Espacios Digitales – Conectate en la Escuela”. Los estudiantes tendrían acceso a computadoras e internet sin asistencia de docentes y con el mandato de que se manejen en “forma autónoma”. Para preparar estos espacios se gastó lo que se necesitaría para garantizar conectividad en los hogares. Esta propuesta no superó los protocolos sanitarios y educativos nacionales y el 26 de agosto fue rechazada por el Ministerio de Educación Nacional.
El GCBA soslayó la reciente ley nacional N° 27.550 aprobada por el Congreso, que dispone que para “el desarrollo de trayectorias educativas a distancia” se debe proceder a “la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad”.
El GCBA reconoció que como mínimo existen 6500 estudiantes sin conectividad. Sus propuestas alternativas a garantizar computadora e internet en casa fueron rechazadas. ¿Saben cuál fue la siguiente movida del GCBA? Sí, adivinaron, volver a apartar al Juez Gallardo de la causa judicial. Esta vez con la ayuda del Tribunal Superior de Justicia a partir del voto de tres jueces/zas designados por el gobierno del PRO.
Es momento también de plantear la Reforma Judicial en la Ciudad. Los integrantes del Poder Judicial no pueden ser vitalicios, ni designados por organismos controlados directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, a los que deben juzgar.
En esta última década se fue forjando un Poder Judicial más acorde a una Monarquía que a una Democracia Participativa, como exige el art. 1 de la Constitución de la Ciudad.
