La Legislatura porteña, con amplia mayoría del Pro y aliados, incumplió el miércoles pasado un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, que daba lugar a la medida cautelar presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad para impedir el tratamiento vía audiencia pública virtual de la venta de 13 nuevos inmuebles. Entre éstos, se encuentran las sedes comunales 9 y 12, y un edificio donde viven 15 familias. Arrasando Buenos Aires no tiene descanso ni en pandemia.
La audiencia pública del miércoles 12 fue posible a partir de la modificación a la Ley 6 realizada el pasado 28 de mayo por la Legislatura, que dispuso la posibilidad de implementar la modalidad presencial, virtual o mixta, y estableció que «son virtuales las audiencias que se desarrollan y transmiten en forma telemática garantizando que los participantes, expositores y público tomen intervención a través de los medios técnicos que disponga la autoridad convocante». Sin embargo, la demanda de amparo colectivo contra el Poder Legislativo porteño apuntó a aquelles participantes sin acceso a medios virtuales y fue aceptada por la Justicia, que declaró la nulidad de la audiencia y exigió su postergación hasta tanto se pueda realizar una convocatoria presencial «garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes».
Conducida por el legislador oficialista Claudio Romero (Vamos Juntos), la audiencia pública resultó escandalosa e ilegal desde todo punto de vista: además de ignorar la medida cautelar que impedía su realización, se efectuó en horario matutino -cuando la norma fija que sean en vespertino- y muches participantes quedaron sin posibilidad de hacer uso de la palabra. Inclusive la secretaria del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Beatriz Campos, informó que «procedí a ingresar a dicha audiencia a través de la aplicación ¨Zoom¨, a efectos de comunicar a la persona que la presidía lo resuelto en estas actuaciones y de informarle que debía proceder a la suspensión inmediata del acto». Luego de que se le impidiera el acceso en más de una oportunidad, Campos logró su cometido pero jamás se le habilitó el audio para poder intervenir en la reunión.
«Una vez cumplidas las formalidades, dado que las audiencias no son vinculantes, ellos proseguirán con su derrotero de venta y despojo, despatrimonialización de la Ciudad. Ahora estamos esperando el dictamen del juez Gallardo ante el avasallamiento sufrido, luego de intentar que el legislador Romero se diera por notificado de la invalidez de la asamblea a partir de la medida cautelar del Juzgado», explicó a El Grito del Sur Myriam Godoy Arroyo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Las organizaciones amparistas exigieron que se declare la nulidad de la audiencia pública y que la Legislatura informe a través de su página web de la medida cautelar dictada en autos, pero hasta el momento no tuvieron respuesta.
Los nuevos predios a remate de la inmobiliaria Pro
Entre las 13 propiedades que busca vender el Gobierno porteño, se destacan un edificio completo con 15 familias adentro (México 1392), las sedes comunales 9 en Mataderos (Timoteo Gordillo 2212) y 12 en Villa Urquiza (Galván 3463) -está ultima trasladada tres años atrás a un edificio más moderno en Holmberg 2548-, los edificios de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Av. Santa Fe 4358/64) y de la Dirección General de Ciudadanía Porteña (Curapaligue 525), y el Mercado Gastronómico de San Nicolás (Av. Córdoba 1738/44/50).
La decisión oficial de poner en venta la sede comunal Nº 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) generó un amplio repudio de los vecinos y las vecinas de esta zona. En diálogo con este medio, la comunera Lorena Crespo contó que «pedimos que se retire ese predio del listado, ya se lo habíamos pedido a Larreta en febrero cuando vino a hacer una charla con vecinos y vecinas. No fuimos consultados por el destino de ese predio ni tampoco sabemos a dónde va a ir la sede comunal, nada de esto pasó por Junta ni Consejo Consultivo. Esto significa un avasallamiento de la Ley de Comunas». «No queremos que este predio se remate y en todo caso que sí se pueda destinar a algún proyecto, en base a todas las necesidades que tenemos en la Comuna y en nuestros barrios, como es el caso de un jardín maternal. Las necesidades son muchas», agregó la representante del Frente de Todos.
El edificio de México 1392, ubicado en la Comuna 1, es otro posible foco de conflicto. Allí hay 15 unidades funcionales ocupadas al día de hoy sin regulación dominial. Algunos años atrás hubo problemas edilicios y el Gobierno de la Ciudad instó a desalojar el lugar. Sin embargo, los inquilinos se comprometieron a realizar arreglos y firmaron un comodato con el GCBA. Desde ese momento no hubo acercamiento entre ambas partes.
Los predios en cuestión abarcan un total de 4875 metros cuadrados. De esta forma, ahora con la particularidad de la pandemia, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sigue avanzando con su modelo de privatización que lo llevó a vender 267 hectáreas de tierras entre los años 2016 y 2019, muy por encima de las 205 enajenadas durante los ocho años de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.
