Carlos Rozanski sufrió en carne propia la embestida del gobierno macrista, que a través del Consejo de la Magistratura lo acusó de presunto «mal desempeño» en sus funciones y lo obligó a renunciar en octubre de 2016 como presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que había condenado algunos años antes a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian von Wernich. Lejos de poder acallar su voz, el ex juez federal continúa denunciando el accionar mafioso de la Justicia durante la administración de Mauricio Macri. Por eso celebra la iniciativa del proyecto de reforma judicial que presentó el Gobierno, aunque advierte que «es apenas un punto de partida y faltan aún muchas decisiones políticas».
En diálogo con El Grito del Sur, Rozanski analiza a fondo la iniciativa del presidente Alberto Fernández y advierte por los «sectores recalcitrantes» que van a militar activamente en contra del proyecto, tal como demostró esta semana la Cámara del Crimen a través de una acordada que ya tildó la reforma (el proyecto, en verdad) de «inconstitucional».
¿Qué diferencias tiene este proyecto con la reforma judicial del año 2013?
El proyecto actual es excelente en cuanto a lo que implica el traslado de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, esto significa cumplir con un mandato constitucional. La unificación y ampliación de juzgados federales tiende a desagotar un poco la cantidad de causas que tiene cada juez federal. Una de las diferencias fundamentales con el proyecto de Cristina Fernández, sancionado por el Congreso de la Nación y luego promulgado como ley en 2013, es que éste tenía una novedad a mi entender extraordinaria: los consejeros que integraban las tres corporaciones dentro del Consejo de la Magistratura -abogados, jueces y académicos- iban a empezar a ser elegidos por el voto popular. Al mismo tiempo, esa ley planteaba que no hacía falta ser abogado para convertirse en representante académico, lo cual tenía toda lógica porque era completamente ridículo y demencial que un/a psicólogo/a o un/a arquitecto/a no pudieran integrar el Consejo de la Magistratura en carácter de académicos. Sin embargo, esa reforma fue rápidamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema y por eso no está vigente.
¿Cuál es tu opinión respecto a la idoneidad de los once juristas que integran el Consejo Consultivo?
Es una muy buena selección de gente del Derecho, yo conozco a muchos de ellos y son profesionales con muy buenos antecedentes. Sin embargo, el Poder Judicial en nuestro país tiene una serie de deficiencias de tanta profundidad y magnitud en términos históricos y actuales que exceden el campo del Derecho. Entonces se debería sumar al Consejo -además de esa muy buena gente que fue citada- un grupo de profesionales de otras disciplinas sociales: psicología, trabajo social, antropología y sociología, entre otros. Es decir, gente que tenga una visión por fuera del Derecho y haya sido muy capacitada en comportamientos humanos. Éste es un problema mucho más amplio porque el Poder Judicial determina cuestiones que tienen que ver con la libertad, la vida, el patrimonio y la salud de los 40 millones de habitantes del país. Por lo tanto, de ningún modo la reforma tiene que ser una cuestión exclusivamente jurídica. Éste es uno de los inconvenientes que yo le veo.
Durante la presentación del proyecto de ley, se ausentaron 4 de los 5 ministros de la Corte Suprema. ¿Esto representa un obstáculo a futuro?
Yo entiendo que sí, porque anteriormente la Corte Suprema declaró inconstitucional una excelente reforma. Ésta es una Corte cuya mayoría de miembros dictó el fallo «2×1», que establecía un régimen de impunidad para delitos de lesa humanidad y luego fue modificado. No es sólo la Corte Suprema que puede llegar a interferir la base de este proyecto, sino otras circunstancias que tienen que ver con gente del propio Poder Judicial. Ese Poder Judicial que se está intentando democratizar en alguna medida -con vistas a mejorar su calidad- tiene en su actual integración jueces y fiscales que han sido cómplices del régimen de Mauricio Macri, que colaboraron en la persecución política y la extorsión a opositores. Eso es algo que no está contemplado en el proyecto como tal, pero tengo entendido que tampoco está en el temario del Consejo Consultivo. Me parece que es una cuestión central porque pasamos cuatro años tremendos, con un saqueo sin precedentes, y para ello fue imprescindible la cuarta pata del lawfare, el sector del Poder Judicial cómplice de Macri. Si eso no se toca, es muy difícil tener una Justicia mejor en nuestro país.
¿Qué implicancias tendría una eventual ampliación de la Corte Suprema? ¿Creés que se va a avanzar en ese tema?
No sé si se va a avanzar, pero me parece que sería extraordinario porque es una de las formas más rápidas de mejorar la situación general. Nuestra Corte Suprema tiene cinco miembros, lo cual es completamente insuficiente para el volumen de actividad que tiene que desarrollar. Una Corte de muchos más miembros permitiría la división en salas, con una especialización en ciertas materias y eso agilizaría mucho el trámite de las causas. Además significaría incorporar gente mediante el proceso tradicional de selección del Poder Ejecutivo y su propuesta al Senado, pero yo agregaría algo que está previsto en la Constitución: la consulta popular no vinculante. Sería una muy buena oportunidad para que se escuchara la opinión de la gente, porque 40 millones de personas son afectadas por fallos de los jueces y ni siquiera pueden opinar sobre los jueces de la Corte Suprema. Eso me parece algo sencillo de llevar adelante.
El oficialismo plantea que la desconcentración de Comodoro Py pone un fin al armado de causas por persecución política, mientras que la derecha plantea que es una vía a la impunidad. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Cuando los grandes medios vinculan la reforma con lograr impunidad y se refieren a Cristina Fernández de Kirchner -y otros integrantes de su gobierno-, se trata de un discurso ridículo de la derecha regional. No resiste análisis porque nada de lo que contiene el proyecto de reforma afectaría lo que están diciendo. Por otro lado, a mí me parece que la sola distribución de causas o ampliación de juzgados no alcanza de ningún modo para garantizar que trabajen mejor, salvo por el hecho de que va a haber menos trabajo concentrado. Lo que me preocupa es que eso no modifica la esencia, como son los titulares de juzgados y fiscalías que han colaborado en delitos cometidos por el gobierno de Mauricio Macri.
Respecto a los cambios que buscan dotar de mayor poder a los fiscales, ¿qué consecuencias tendría en lo concreto?
Eso se vincula con el sistema acusatorio, que actualmente es mixto y conforma un camino intermedio de lo que fue el antiguo sistema inquisitivo escrito. Lo que se va a concretar es el sistema acusatorio puro, en el cual toda la investigación es llevada a cabo por fiscales y los jueces pasan a quedar como jueces de garantía del debido proceso para así llevar adelante en forma adecuada el control sobre las investigaciones. Pero la titularidad y la responsabilidad de las investigaciones quedaría en cabeza de los fiscales.
¿A qué responde que la Cámara del Crimen ya haya tildado de «inconstitucional» la reforma?
Ese es un tema más que interesante, no es la primera vez que se plantea el traspaso (de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires) porque es un mandato constitucional. Hay que tener en cuenta que los jueces de la Cámara del Crimen se llaman «jueces nacionales», pero su jurisdicción es la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto proviene desde antes que la Ciudad fuera Autónoma. El problema es que eso carece totalmente de sentido en la actualidad y deberían pasar por mandato constitucional a la Ciudad. Hay varias cuestiones ahí, pero una razón del rechazo tiene que ver con la pertenencia histórica -el Poder Judicial es una clase social en algún sentido- y ellos creen que bajar a jueces de la Ciudad les hace perder prestigio y categoría. Ésta es una realidad que no se está mencionando, pero ahora están sacando una acordada que es completamente absurda y motivo de juicio político. No es materia de la Cámara del Crimen realizar este tipo de acción con algo que todavía no existe, un proyecto no es una ley. Esto también es un anticipo de la cantidad de obstáculos que le van a poner al Gobierno para reformar la Justicia.
¿Te da temor de que se pueda retroceder con esta reforma, como ocurrió con Vicentin?
El Gobierno tendrá que superar los obstáculos que le van a poner cada día los sectores más recalcitrantes. No nos olvidemos que estamos hablando de la ultraderecha que ha convalidado golpes de Estado a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, los obstáculos van a ser y ya son muy difíciles. Históricamente, cada vez que se quiso pasar la Justicia Penal a la Ciudad no se logró. Hay que tener en cuenta que, al día de hoy, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires es Juan Bautista Mahiques, justamente quien ayudaba a definir en la mesa judicial el tema de las persecuciones. Éstos son síntomas que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar el alcance que va a tener la reforma. Insisto en que es un muy buen proyecto y el Consejo Consultivo está muy bien seleccionado, pero es apenas un punto de partida y faltan aún muchas decisiones políticas.
