El Grupo Clarín, en complicidad con el Gobierno de la Ciudad, usufructúa desde hace casi 40 años y de manera fraudulenta los terrenos del estacionamiento de Canal 13, ubicados en el barrio de Constitución. La noticia es harto conocida por los vecinos y las vecinas de la zona, pero ahora la usurpación adquiere otro cariz al calor de la concesión por 30 años y a precio de oferta que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta prevé aprobar.
Una de las primeras investigaciones que realizara este medio (hace más de cinco años) comenzó con la denuncia de que Canal 13 – ARTEAR, usufructuaba de manera ilegal los terrenos que se ubican en la calle Lima al 1200, en su intersección con la Avenida San Juan, en el barrio de Constitución. Ahora, con la subasta y concesión de los 8.700 metros cuadrados que componen el terreno, la situación vuelve a tomar relevancia.
La Historia
La historia del predio es más larga que la de nuestra reciente democracia. Todo inició a principios del siglo XX con la donación de los terrenos por parte del hacendado Eustaquio Cárdenas, quien adquirió la parcela con el objetivo de montar una escuela pública para niñas de la zona. Inicialmente el edificio tenía tres plantas y ocupaba la mayor parte de la manzana que se extiende entre Lima, San Juan, Cochabamba y la calle Salta.
Sin embargo, con la llegada de la última dictadura cívico-militar y la aprobación del plan de Autopistas Urbanas del entonces interventor de la Ciudad, el Brigadier Osvaldo Cacciatore, la mitad de la escuela primaria Nº 16 Eustaquio Cárdenas debió ser demolida. El proyecto de Cacciatore preveía la instalación de 9 autopistas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales sólo se concretaron la Perito Moreno y la 25 de Mayo. Esta última es la que atraviesa la manzana, y para su construcción debió demolerse más del 40% la escuela. La compensación que recibió el colegio por la pérdida de casi la mitad de su terreno fue irrisoria: una fotocopiadora.
Tras la demolición, Cacciatore traspasó los terrenos de Nación a Ciudad. La principal beneficiaria del traspaso fue la empresa PROARTEL -vinculada a la Marina-, que en ese entonces gestionaba el Canal 13. Desde entonces, el Grupo Clarín utilizó el terreno en comodato. Esta modalidad fue refrendada en 1995 por cinco años mediante aval del Secretario de Medios de Carlos Menem, Guillermo Setia, quien extendió el permiso a raíz de una tasación y su posterior impugnación.
La actualidad
La validación oficial del uso del terreno se concretó en 2010 a partir de un convenio entre el Grupo Clarín y el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Ahora el tema volvió a estar en agenda a partir de la licitación en la que el GCBA busca concesionar el predio de más de 8.700 metros cuadrados a un canon que apenas supera los 260 mil pesos mensuales.
La única empresa que se presentó a la licitación fue la propia ARTEAR, quien tiene la concesión hasta el año 2022. La renovación que prevé el Gobierno porteño se extendería por un plazo de otros 30 años y aún no ha sido discutida por la Legislatura. Según los cálculos realizados por el periodista Ari Lijalad para El Destape, considerando la cantidad de autos y el usufructo del predio como garage, el Grupo Clarín pagará un tercio del valor que correspondería al terreno si se lo explotara como estacionamiento.
Sofía González, comunera del Frente de Todos por la Comuna 1, explica los posibles destinos para este terreno: «En Constitución no hay centro de salud. Tenemos uno solo en San Telmo, que contiene a cuatro barrios. También hace falta un polideportivo para la comuna. Esos son los destinos que viene pidiendo la comunidad». «Entendemos que la subasta no se debería llevar adelante hasta que no se clarifique la posesión de este predio, que hasta el 2017 lo tenía ARTEAR pero que en la actualidad está difuso, a pesar de que hoy la empresa dispone de su utilización», agrega González.
La comunera del Frente de Todos explica que vienen trabajando en coordinación con vecinos y legisladores del Frente de Todos para denunciar la maniobra inmobiliaria. «Nos estamos reuniendo para efectuar una propuesta desde la Legislatura que permita decidir sobre el destino del predio. También evaluamos la posibilidad de presentar un amparo para que se suspenda la subasta en estos términos», concluyó Sofía González.
