En las últimas semanas volvió a tomar relevancia la implementación de los juicios por jurado popular. Al hablar de reforma judicial, en el crimen del panadero de La Matanza que asesinó a un joven que quiso robarle o durante las audiencias del juicio al policía Luis Chocobar, donde su abogado solicita -y le niegan- que sea juzgado por un jurado popular. Pero esta modalidad de enjuiciamiento no es novedosa, sino que está contemplada en la redacción de la Constitución Nacional de 1853.
“Debería llamarnos la atención que una convención constituyente integrada por hombres blancos y propietarios hayan tenido más confianza en que el pueblo argentino podía participar de la administración de justicia que todos los que vinieron después”, opinó en diálogo con El Grito del Sur el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
A nivel nacional, el nuevo Código Procesal Penal Federal contempla la realización de juicios por jurados. En el caso de las provincias, hay solo siete que cuentan con este tipo de juicios: Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Chaco, Río Negro y San Juan.
En la Ciudad de Buenos Aires, actualmente se discuten tres proyectos de ley para implementar este sistema. “Te diría que es una de las deudas que tenemos con el sistema de justicia”, dijo a este medio Diego Latrónico, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) CABA, uno de los expositores durante los debates en comisión en la Legislatura. “Es importante definir qué justicia queremos y qué legitimidad y representatividad tiene el Poder Judicial”, agregó.
Latrónico señaló que, según encuestas de opinión pública, el Poder Judicial es “la institución con peor imagen pública”. De acuerdo a un sondeo realizado en 2019 por la Universidad de San Andrés, un 77 por ciento de quienes participaron en la encuesta dijeron estar “insatisfechos” con el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Permitir que ingrese el pueblo puede ser una herramienta para dotar de representatividad y legitimidad a la justicia. Si no, se dicta un fallo y esa decisión queda en un estado de duda y discusión”, apuntó el secretario de prensa de SiTraJu.
El juicio por jurados
Los proyectos presentados en CABA contemplan -al igual que en el resto de las provincias- que las personas que integren los jurados sean tomados del padrón electoral, como sucede con las autoridades de mesa en los actos electorales. “Los proyectos están orientados a tener paridad de género (en el jurado), pero siempre en un marco de binarismo”, señaló Latrónico.
“(Desde SiTraJu) la idea es que haya una integración que dé cuenta de la diversidad sexual y de género”, sostuvo el representante del sindicato y agregó que “muchas veces (las personas LGBTIQ+) son las que más sufren el sistema penal”.
Los jurados tienen doce integrantes que, después de considerar las pruebas exhibidas durante el proceso penal, deben fallar de manera unánime y determinar si el acusado es culpable o no. Luego un juez determina el monto de la pena. Esto también está previsto en los proyectos para la Ciudad.
En las provincias, sin embargo, hay algunas diferencias. En el caso de Neuquén, se requieren los votos de dos tercios del jurado. En Córdoba, por otro lado, los jurados son escabinados: una mitad son integrantes de la sociedad civil y la otra son técnicos.
“Los jurados reciben una instrucción sobre lo que se tienen que expedir, que son los hechos y las pruebas. No va a surgir ningún impedimento de estilo formativo que haga que los jurados populares no puedan dictar el veredicto libremente”, afirmó Latrónico.
El juicio por jurados solo puede realizarse -y así está contemplado en los proyectos de CABA- para delitos con penas de un mínimo de ocho años. “Son los delitos en los que hay una muerte -explicó Gil Domínguez-. Para mí, también deberían entrar los delitos para la corrupción. La Constitución establece que atenta contra la democracia quien comete actos de corrupción”.
Jurados populares versus jueces “totémicos”
A pesar de que tanto Latrónico como Gil Domínguez aseguraron que hay “muy buenas experiencias” de juicios con jurados populares en todo el país, en los medios masivos de comunicación se suelen visibilizar aquellos que fallan en casos de “legítima defensa”.
Lino Villar Cataldo, el médico que mató de cuatro disparos a un ladrón que intentó robarle el auto en 2016, fue declarado tres años más tarde «no culpable» del hecho por decisión de un jurado popular. Lo mismo sucedió en el caso del carnicero Daniel Oyarzún, que también en 2016 atropelló y mató a un ladrón que había robado su local en Zárate. En las elecciones de 2019, Oyarzún fue candidato a concejal de Juntos por el Cambio.
El abogado de Luis Chocobar, Fernando Soto, solicitó que su cliente sea juzgado en un juicio por jurado. “El jurado juzgará con sana crítica racional a través de la aplicación del sentido común, que tiene toda persona razonable”, dice un escrito que presentó en 2019 el policía elogiado por el expresidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La implementación del juicio por jurados, además, tiene sus detractores. Diana Cohen Agrest, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, se ha expresado en contra de esta modalidad en varias oportunidades.
“Un jurado inexperto es una promesa utópica: el juez se verá forzado a construir un artificioso formato lógico y legal para fundamentar un veredicto que carece de razón suficiente, ensayando malabares conceptuales cuyo resultado serán razones argumentativas que, presuntamente, respaldarán las ‘íntimas convicciones’, opiniones emotivas sin sustento racional de los jurados”, escribió Cohen Agrest en una columna de opinión publicada en 2014 en La Nación.
“Hay un problema y es que hay un presupuesto ficcional de que la figura de un juez, a priori, tiene características morales e intelectuales que no tiene alguien del pueblo. Como si el juez fuera una figura casi totémica”, criticó Gil Domínguez. Asimismo, se presupone que los jurados populares pueden ser influenciables por la opinión pública. “Lo mismo que puede ser influenciable un juez. Yo creo más en un jurado que en un juez”, apuntó el abogado.
Por su parte, Latrónico señaló que “en el Poder Judicial se habla mucho de ‘la familia judicial’”, porque está integrado por “la familia de los jueces o quienes cursaron con un determinado juez en la facultad”. “Todos pertenecen a un mismo sector social, no es un Poder que represente desde su composición al pueblo. Y el sistema penal casi siempre reprime a las clases bajas o sectores minoritarios”, añadió.
Un Poder Judicial al servicio del pueblo
“(El juicio por jurados) oxigena el sistema de administración de justicia. Posibilita a las personas actuar en la administración de la justicia en casos graves y eso redirecciona el funcionamiento del Poder Judicial porque el fiscal va a tener que convencer a un jurado”, enumeró Gil Domínguez.
Además, sostuvo, “son procesos más rápidos y más transparentes en la producción de la prueba”. “Te juzgan tus pares en lugar de tres personas. Tenés la posibilidad de recusar a varios y se incluye a hombres y mujeres de todas las clases sociales. Eso quita el sesgo elitista que pueda tener un juez”, afirmó.
Según Latrónico, un jurado popular le daría al Poder Judicial “la legitimidad que no tiene”. “Es un Poder que internamente no es democrático en sus relaciones laborales y si no tenés democracia interna es difícil que tengan sentencias acordes a la dimensión social del tiempo que corre, que sucede algunas veces, pero otras tantas no -aseguró-. Un Poder Judicial al servicio del pueblo es el lema de lo que queremos construir”.
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