Luego de lidiar durante cuatro meses con la toma de Guernica, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a las siete de la tarde de ayer, decidió dar por terminadas las negociaciones con las familias que aún permanecían dentro del predio y no se presentó ante la fiscalía a cargo de la causa para forzar una nueva postergación del desalojo, cuyo plazo vencía mañana. El resultado es conocido: unos cuatro mil efectivos de la Bonaerense, comandados por el ministro Sergio Berni, avanzaron cerca de las cinco de la mañana sobre las miles de casillas de chapa y cartón repartidas a lo largo de 100 hectáreas entre balas de goma y gases lacrimógenos, dejando tras de sí un tendal de heridos. Doce personas fueron detenidas durante la represión, y otras 24 en las inmediaciones del terreno, durante la cacería posterior. Organismos de Derechos Humanos como el CELS y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel, que estuvieron presentes como veedores durante el operativo, denunciaron una “desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales”. “Nos sacaron como si fuéramos ratas, con una violencia que no esperábamos”, relató a El Grito del Sur Juana Lissar, una de las vecinas desalojadas, que formaba parte de la Comisión de Mujeres dentro de la toma.
“Fue demasiado violento. Llegaron a las cinco de la mañana y avanzaron tirándonos con balas de goma y gases, sin importarles que hubiera chicos, mamás embarazadas, nada. Cada casilla que veían, la quemaban. A medida que avanzaban se iban llevando gente. Se escuchaban arriba los helicópteros mientras la gente corría. Nos trataron como delincuentes, nos echaron como ratas. Estamos agotadas, fue humillante”, describió Juana mientras hacía guardia frente a la Municipalidad de Presidente Perón, para exigir la libertad de los 36 detenidos.
Hasta el momento no hay precisiones sobre el número total de heridos. Las organizaciones sociales difundieron este mediodía una lista de al menos siete personas a las que todavía no se había podido ubicar luego de la represión. La lista de detenidos fue difundida oficialmente por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Tampoco hay acuerdo entre las partes sobre cuántas personas se encontraban dentro del predio a la hora del desalojo. Para el Gobierno de la Provincia, eran menos de un tercio de las 1450 familias censadas por el CELS y otros organismos la semana pasada. Según la versión oficial, no había menores en el lugar. Lo cierto es que quedaban pocas manzanas, pocos “barrios” de los que fueron organizándose durante los meses de la toma, porque muchas familias fueron y vinieron. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, afirmó ayer que se había llegado a un acuerdo con más de 700 familias, a las que se otorgaron beneficios como subsidios y planes de construcción. El problema es que el resto no se terminó de convencer de la propuesta oficial, y reclamaba mayores garantías antes de abandonar el terreno y reubicarse. En esa discusión estaban las partes hasta que el ministro decidió retirarse de la mesa y no forzar en la justicia una nueva prórroga del desalojo.
“Se llegó a un límite de tiempo y se actuó”, se justificaban esta mañana desde el entorno de Berni, al que se vio casi festejando la rapidez con la que la Bonaerense avanzó sobre el predio. También aseguran que el propio ministro convocó a los medios para televisar el operativo, por lo que se buscó dar un fuerte mensaje político. Incluso, deslizaron que la posición de Berni, de desalojar por la fuerza, se impuso sobre otras posiciones dentro del Gobierno más contemplativas de la situación de las familias a la hora de resolver el problema.
La explicación de la Provincia sobre el fracaso de las negociaciones fue la siguiente: “Después de múltiples mesas de diálogos, un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial. Por decisión del juez y a pedido del fiscal, dentro del plazo establecido y sin posibilidad de prórroga, habiendo agotado todas las instancias de diálogo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la orden de desalojo establecida, en las condiciones que ordenó el Juez y con presencia y supervisión del poder judicial”.
Lo que no está claro en este punto es por qué, si el grupo que quedaba sobre el predio era «minoritario» y se trataba únicamente de grupos militantes ligados a la izquierda los que resistían en el lugar, fue necesario desplegar un operativo de 4 mil efectivos, que desataron una represión desmedida durante horas.
Las organizaciones, por su parte, seguían afirmando hoy que fue el propio Gobierno el que se retiró de las negociaciones. La traba principal radicaba en que, según los vecinos organizados, la Provincia ofrecía un predio transitorio para reubicarlas, una propuesta muy lejana de la exigencia del grupo que seguía resistiendo el desalojo, que pedía lisa y llanamente terrenos fiscales donde poder levantar una vivienda.
“Larroque es un mentiroso compulsivo. Primero dijo que quedaban 150 familias en el predio, cuando el censo oficial dijo concretamente, ratificado del CELS, que eran 1450. No hay que tomarlo en serio lo que dice. Ayer se retiraron cínicamente de la negociación, y les dijeron a los delegados y delegadas que ya no había tiempo para un acuerdo, unilateralmente”, respondió en diálogo con este medio Silvia Saravia, de Barrios de Pie.
“Yo no necesito plata, necesito una vivienda. No quiero morirme sin tener un techo para mi hija y mi nieta, y en la misma situación estamos varias familias más”, insistió Juana sobre los por qué de la persistencia de la toma. “Para nosotros este operativo desmedido es un quiebre, una situación sin retorno”, explicaban desde uno de los organismos que intervino en el proceso.
