En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 25 condenó a prisión perpetua a Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, los tres efectivos de la Policía de la Ciudad identificados como los autores materiales del crimen de Lucas González, un joven de 17 años que fue víctima de gatillo fácil el 17 de noviembre de 2021 en las inmediaciones de la villa Zabaleta, en Barracas. Los jueces encontraron culpables a los agentes de «homicidio quíntuplemente agravado”, una sentencia durísima con fines aleccionadores, “por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad».
Es la primera vez que el “odio racial” forma parte de una sentencia por gatillo fácil. “Es un fallo histórico: no sólo establece que a Lucas lo mató el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sino que el crimen se cometió por racismo. A Lucas lo mataron por su color de piel”, dijo tras el fallo el abogado de familia de Lucas, Gregorio Dalbón.
Isassi, López y Nieva -todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad– también fueron condenados como coautores de los delitos de «tentativa de homicidio quíntuplemente agravado» en concurso ideal con «falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad», de Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca, los adolescentes que viajaban junto a Lucas a bordo del Volkswagen Sura y que una vez consumado el crimen fueron criminalizados, torturados, apresados y amenazados por los agentes.
El Tribunal condenó además por encubrimiento a otros seis agentes, a quienes encontró culpables por haber ayudado a Isassi a plantar la escena de un falso enfrentamiento, que fue la primera versión de los hechos que hizo circular la propia Policía, con el objetivo de desviar la investigación. El comisario Juan Horacio Romero y el subcomisario Roberto Inca, ambos jefes de la Brigada; el comisario a cargo de la Comisaría 4D de Barracas, Fabián Du Santo, y el comisario de la 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, recibieron cada uno la pena de seis años de prisión. Además, el inspector Héctor Cuevas recibió una pena menor, de 4 años de prisión, matizada porque su testimonio sirvió para reconstruir parte del encubrimiento. Otro oficial, Sebastián Baidón, recibió una pena de ocho años, porque además de encubridor fue considerado autor del delito de torturas contra los sobrevivientes.
Ramón Jesús Chocobar, Angel Darío Arévalos, Jonathan Alexis Martínez, Daniel Espinosa y el comisario Daniel Santana, por su parte, resultaron absueltos.
La sentencia fue leída en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py, hasta donde llegaron familiares, amigos y organizaciones sociales. “Es lo que esperábamos. Se hizo justicia”, dijo Cintia López, la mamá de Lucas, quien este martes cumplió 37 años.
Los hechos
La mañana del 17 de noviembre de 2021, Lucas y sus tres amigos terminaron un entrenamiento en Barracas Central, donde jugaban al fútbol. Pasadas las 9.30 AM se subieron a un Volkswagen Suran, propiedad del padre de uno de ellos para volver a su barrio, el San Eduardo de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Pero antes, hicieron una parada en el kiosko de Iriarte y Luna, cerca de la Zavaleta, donde compraron un jugo para festejar que uno de los pibes, Joaquín, había “quedado” como parte del plantel juvenil del club.
Esa parada fue fatal. Un auto Nissan Tiida blanco de la división de División Brigadas y Sumarios de la Comisaría Vecinal 4D, sin patente, se les cruzó. Asustados, pensando que se trataba de un intento de robo, intentaron escapar. Isassi, López y Nieva se bajaron y empezaron a los tiros. Nunca dieron la voz de alto ni mencionaron que pertenecían a la fuerza. Realizaron más de 20 disparos: cinco impactaron contra el auto, uno en la cabeza de Lucas.
“Cuando vi el arma lo único que hice fue arrancar, desesperado. Lo vi de reojo a Lucas, que estaba re mal y mientras yo estaba manejando se puso en mis rodillas. Si para un auto, se baja un chabón con un arma, jamás te va a pasar por la cabeza que es policía”, contó Julián. Lucas se desangraba en sus rodillas antes de ser trasladado de urgencia hasta el Hospital El Cruce de Varela, donde falleció al día siguiente.
Desde el primer momento empezó el operativo de encubrimiento. “¿Qué pasó Rodo? ¿Se mandaron un moco?”, se escucha en una de las conversaciones por radio entre Ozán y Du Santo una vez consumado el hecho. “Le dije a Inca (Roberto, jefe de la Brigada) que está como subcomisario que vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar esto. Yo lo llamo a Santana (Daniel, uno de los absueltos), por qué no lo llamas al Perro y le decís que vengan a emprolijar esta cagada”. El “perro” es Juan Romero, jefe de la brigada.
El mismo día del crimen se cumplía un nuevo aniversario de la Policía de la Ciudad, por lo que se especula que varios jefes de la fuerza intercedieron para intentar encubrir los hechos, lo que forma parte de una segunda causa, todavía en etapa de investigación. “Ahora vamos por los de arriba, por los jefes de la fuerza”, dijo Dalbón.
Cuevas, el policía quebrado
A fines de mayo, en el tramo final del juicio, el inspector Cuevas pidió hablar. Decidido a quebrar el pacto de silencio, reveló ante los jueces, los fiscales y la querella todo lo que sabía sobre el encubrimiento del crimen. Su testimonio implicó un vuelco en la causa y fue fundamental para terminar de cerrar el círculo de complicidades. Mencionó a Isassi como quien plantó el arma de juguete en el auto donde viajaba Lucas y que Inca le dio la orden para que lo haga. También involucró a Torres y lo señaló como el encargado de llevar a Isassi, en una moto de la propia Policía, hasta la comisaría 4D, donde se guardaba la pistolita de mentira que se usaría para plantar la escena del encubrimiento.
“Si contaba antes lo que vi, me mataban”, le contó en una entrevista al periodista Fernando Soriano.
Las condenas y los roles
– Isassi, López y Nieva fueron condenados por el homicidio “quintuplemente agravado” de Lucas. Los tres formaban parte de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad e iban a bordo del Nissan sin identificación que cruzó al auto en que iban Lucas y sus amigos. Dispararon 20 veces. Uno de los tiros fue mortal. También fueron condenados por haber amenazado y detenido sin causa a los tres amigos de la víctima.
–Sebastián Baidón, oficial de la 4D, fue uno de los primeros en llegar y en intentar encubrir a los asesinos. En el juicio, Joaquín, amigo de Lucas, lo señaló como el agente que le dijo “así que sos de Varela, villero, tendrías que estar muerto como tu amigo”.
–Ramón Chocobar, subcomisario de la 4D, fue el autor del parte policial que habló de “enfrentamiento”. Fue absuelto.
–Daniel Espinosa fue el consigna del traslado del cuerpo de Lucas hasta el hospital. También fue absuelto, lo mismo que Daniel Santana, pese a que su nombre aparece mencionado en los audios. Misma suerte corrió Jonathan Martínez, uno de los primeros en llegar a la esquina de Alvarado y Perdriel, donde mataron a Lucas.
–El subcomisario Roberto Inca fue el primero en hacer una “consulta judicial” sobre los hechos. Fue señalado por Cuevas como quien dió la orden de plantar una pistola trucha.
–Rodolfo Ozán y Fabián Du Santo quedaron escrachados en los audios donde confabulan como “arreglar esta cagada”.
–El de Facundo Torres es un caso particular, ya que fue incorporado en el segundo cuerpo de la causa que está en investigación. Fue Cuevas quien lo involucró como el chofer de la moto que fue a buscar la pistola de juguete.
Un caso emblemático
El de Lucas González es uno de los 38 casos de gatillo fácil relevados por El Grito del Sur y el Mapa de la Policía entre 2016 –año del debut de la Policía de la Ciudad– y mediados del 2022 dentro del territorio de la Ciudad. Más de la mitad fueron en los alrededores de los barrios populares porteños, y la mayoría de las víctimas fueron varones menores de 25 años.
Según un informe del CELS, entre 2010 y 2018 hubo apenas 13 policías procesados y cinco condenados de un total de 32 causas iniciadas por gatillo fácil en la Justicia porteña. De acuerdo con el informe, la enorme mayoría no llegó a juicio oral y tres de cada cinco fueron sobreseídos porque los tribunales consideraron que los agentes habían actuado en “legítima defensa”.
