Marisa Herrera

«El proyecto del Ejecutivo impide judicializar la objeción de conciencia»

Expositora en favor del proyecto de IVE, la doctora en Derecho e investigadora del Conicet habló con El Grito del Sur sobre los argumentos en favor de la legalización del aborto y los marcos normativos para que finalmente sea ley. "La Constitución alienta a regular el aborto en nuestro país", plantea.

“Hay una responsabilidad del Estado ya sea por incumplimiento o ya sea por omisión -sostuvo Marisa Herrera al recordar las muertes que se producen por abortos clandestinos en el país en su exposición en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados-. El Estado debe hacer algo y justamente la única salida es este doble juego del proyecto de aborto y el proyecto de los Mil Días porque ambos vienen en conjunto”.

Herrera, doctora en derecho e investigadora en el Conicet, además de integrante de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dialogó con El Grito del Sur para profundizar en los argumentos que brindó en su intervención a favor de la legalización del aborto y qué instrumentos y marcos normativos tiene la Argentina para que, finalmente, sea ley.

Un argumento de aquellos que están en contra de que se legalice el aborto es que se estaría terminando con una vida. ¿Hay un acuerdo legal para decir cuándo se puede hablar de una vida?

Acá hay una diferencia sustancial entre vida y persona que Myriam Bregman marcó muy bien. (Al momento de la concepción) hay potencialidad de vida, hay carga genética. Ahora, ¿mi óvulo es una persona? No. Hay potencialidad de vida, pero hay muchos pasos para que eso llegue a ser una persona. Las categorías que tenemos nosotros son muy clásicas porque se es persona o cosa. Pero la sangre, los órganos, por ejemplo, no son una persona ni una cosa. Por esa razón no me puedo poner un kiosco de órganos ni de sangre. Para hablar de un embrión, de un feto, necesitamos categorías nuevas que salgan del binomio persona-cosa porque no es ninguna de las dos. El Código Civil no regula embriones, sino que dice que tendrá que haber una ley especial (se presentó un proyecto en Diputados en 2019) que los proteja. Es algo que va a tener su propia naturaleza jurídica. Una persona tiene derecho a la educación, a la identidad, a la inscripción. La idea de gradualidad es justamente que la protección jurídica va en aumento. No es lo mismo una persona nacida, una por nacer, un feto o un embrión no implantado. Son cosas tan distintas la una de la otra que si se regularan como si fueran lo mismo, se caería en cosas insólitas. Si se rompe la máquina de frío en una clínica en la que hay embriones no implantados, no se cuantifica como la muerte de siete personas. Ahí está la potencialidad de que una mujer fuera madre con su propio material genético. Si el techo de esa clínica se cae y mata a siete personas, ahí sí hablamos de persona.

¿Entonces no sería necesario hacer cambios en el Código Civil si se aprobara la ley?

Ni una sola coma. En el Código se dice que es la mujer embarazada la única que puede peticionar alimentos, no la persona por nacer. Eso no es casual. Los que escribimos el nuevo Código fuimos muy elocuentes en eso. Y para aquellas mujeres que quieren tener a sus hijos tienen el proyecto de los Mil Días.

Durante su exposición mencionó distintos artículos de la Constitución y de tratados internacionales que avalan e incluso alientan a que se sancione una ley que legalice el aborto. ¿Cuáles serían?

En primer lugar, hay que señalar que la Constitución es nuestra plataforma jurídica y todas las leyes tienen que estar en consonancia con ella. La Constitución no cierra el debate al aborto, no hay ningún cepo de características constitucionales que vaya en contra de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Después tenés los tratados internacionales. ¿Cómo se interpreta un tratado? Bueno, cada uno crea su propio comité que los interpreta y los actualiza. La CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) es de 1979; en ese momento había cosas que no existían, como la reproducción asistida, pero se va actualizando. ¿Qué nos dice la recomendación general número 35 del comité de la CEDAW? Que no permitir un aborto seguro es violencia de género, que es un trato cruel e inhumano. Te dicen que tenés que tener una ley que haga que los abortos sean seguros. No es solo que no esté prohibido, sino que tiene que haber una ley. La Constitución entonces no solo no prohíbe, sino que te alienta, te acompaña, te da las herramientas para que vos respaldes por qué hay que regular el aborto en nuestro país.

Usted habló de la observación 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a la vida. ¿Cómo contribuye esta observación para impulsar el proyecto de IVE?

Me parece que esto es central porque es una observación de 2019, es decir, no contábamos con esto en el debate de 2018. La observación número 36 dice en el párrafo 8 que lo que importa es la vida de las mujeres y las niñas. Los Estados partes deben proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto cuando la vida y la salud de la mujer o la niña embarazada corran peligro, o cuando llevar el embarazo a término causaría dolores o sufrimientos considerables a la mujer o la niña embarazada, especialmente si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto, o si no es viable. Nosotros las causales ya las tenemos (en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia), de lo que se habla acá no es solo del aborto en caso de violación, sino que ese embarazo cause un sufrimiento. Con una violación es claro que hay sufrimiento, pero el sufrimiento no está solo ahí. Además, la observación dice que los Estados deberían eliminar los obstáculos existentes para el aborto legal, incluso en los casos de la objeción de conciencia.

El proyecto del Poder Ejecutivo tiene un artículo en el que contempla la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal de 2018 no lo tenía. ¿Conviene tener la objeción en la ley o se podría convertir en una manera de obstaculizar el acceso a la práctica?

Yo estoy a favor del proyecto que mandó el Ejecutivo, creo que no regular la objeción de conciencia es peor. Tenemos que tener en cuenta lo que pasa en nuestro país, que incluso en los casos de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) hay un montón de gente que se sigue oponiendo. Esta semana pasó en Jujuy con una nena. Tenerlo regulado hace que si sos objetor y derivás, todo bien. Esa persona se va a cuidar de derivar a un lugar donde no haya objetores y que la próxima persona que ingrese a su hospital no sea objetora. Es lo que no nos pasa con ILE, donde la objeción de conciencia sirve para obstruir. Si es así, limitémosla. Hay derecho a la libertad y si la persona quiere ser objetora, ¿para qué negárselo? Si se niega (ese derecho), se va a judicializar. El proyecto no da herramientas para que se judicialice.

Militantes celestes sostienen que la mayoría de los argentinos y las argentinas están en contra del aborto. Usted en su exposición dijo que los derechos no se plebiscitan. ¿Por qué?

En general, la gente tiene hijos porque lo desea, el aborto es la excepción. En el marco de los Derechos Humanos, mayoría y minoría están juntos, no es la mayoría contra la minoría. Los Derechos Humanos se conquistan con argumentos, si hubiéramos hecho un plebiscito con la ley de matrimonio igualitario, perdíamos. No se pueden plebiscitar los derechos de las minorías en las manos de las mayorías. Además, el artículo 39 de la Constitución dice que no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Despenalización y legalización (del aborto) van juntas, es la misma conflictiva. Por eso la parte penal no puede pensarse por iniciativa popular.

La oposición a la legalización del aborto está liderada por sectores religiosos y, por otro lado, la Constitución dice que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. ¿Esto condiciona de alguna manera al Estado para la sanción de la ley?

La Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que el sostenimiento tiene que ver con una cuestión económica. Lo que hay es un debate de si sostener económicamente o no. No somos un Estado religioso, somos un Estado democrático y laico donde se comparten distintas religiones y visiones. Que exista un sostenimiento económico no debería impactar. No se discute que somos un Estado laico, aunque hemos visto personas que argumentan que no se puede debatir la ley ahora que vienen las fiestas. ¿Qué tiene que ver? En las exposiciones vimos un rabino, un cura, un representante del Islam. Esto te dice que los argumentos no son de tinte jurídico, no son argumentos válidos. Lo que pienses en materia religiosa no son argumentos de debate en el Congreso en un Estado laico.

En el plenario, usted recordó que la legalización del aborto se trata al mismo tiempo que el Programa de los Mil Días y que eso no fue mencionado por los otros expositores. ¿Qué le parece que se manden al Congreso de forma conjunta?

Creo que fue una buena decisión y está muy claro que son cara y contracara de la misma moneda. La maternidad será deseada o no será. Aquellas mujeres que por razones económicas tienen problemas para llevar adelante un embarazo tienen el proyecto de los Mil Días. Las que no quieren, tienen la otra ley. La base es el deseo, la autonomía, y el Estado está presente en ambas situaciones. Yo creo que la ley va a salir. El hecho de que sea un proyecto que viene del Poder Ejecutivo le da un espaldarazo, significa que es un Estado comprometido no solo para que salga la ley, sino también para que se implemente y eso es importante.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La mucama negra, chorra y bruta