A las 13 horas y 25 minutos del día de hoy, uno de los delegados del Hospital Ramos Mejía dio aviso a docentes y familias de un nuevo ataque del Gobierno de la Ciudad contra la escuela infantil. La madre de una ex alumna de la Escuela Infantil Nº 6 «Hospital Ramos Mejía» también estuvo presente en el lugar y registró fotográficamente el momento en el que trabajadores de la concesionaria, acompañados por funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se encontraban dentro del jardín retirando utensilios y elementos de la cocina y el comedor. La comunidad educativa del Ramos se pronunció rápidamente a través de las redes sociales para repudiar lo sucedido y denunciar la violación del fallo judicial del 3 de marzo de 2020 del juez López Alfonsín, que obligaba a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a poner en condiciones la escuela en un plazo de diez días para que los niños y las niñas de la escuela infantil pudieran iniciar las clases. Luego llegó la pandemia, empezó la cuarentena y todo quedó en stand-by. «No hay ninguna contra-orden o ninguna otra presentación que habilitara al Gobierno a entrar al edificio y sacar todo con lo que estaba equipado», asegura Valeria Scaffa, docente y delegada de UTE del lactario.
La madre que se acercó a la puerta de la institución fue recibida por un empleado del Ministerio de Educación porteño. A pesar de no haberse identificado, el funcionario le informó que se trataba de una decisión oficial. El conflicto radica en que, si bien «la situación judicial está parada» -primero por la pandemia y actualmente por la feria judicial-, lo último resuelto hasta diciembre del 2020 establecía que nadie puede ingresar al edificio ni retirar mobiliario o equipamiento. «En este momento están violando la decisión del juez. Ahora veremos cómo reacciona el juez y que acciones toma al respecto», le dijo a El Grito del Sur Verónica Ferreyra, otra de las docentes y delegadas de UTE en la escuela. En el mismo sentido, Scaffa apuntó contra las autoridades porteñas y las acusó de «hacer oídos sordos a la Justicia cuando se les pide algo».
Según pudo saber este medio, actualmente la causa iniciada meses atrás por la Unión de Trabajadores de la Educación y la Multisectorial en Defensa del Jardín del Ramos Mejía ya no está a cargo del doctor López Alfonsín, por estar ocupando ahora otro cargo en la Justicia. Lo que no está claro aún es quién continuará con el curso de la causa, algo que no se resolverá al menos hasta que finalice la feria judicial. «Parece ser que no funcionan los poderes», denunció Ferreyra.
Resulta cuanto menos llamativo que la misma administración que insiste en la vuelta presencial a las escuelas y fijó ya el inicio del ciclo lectivo para el próximo 17 de febrero sea el mismo que interviene, vacía y cierra escuelas. «#PrimeroLaEscuela es solo un slogan para ellos. No existen políticas públicas serias y comprometidas, con personas idóneas, partiendo de la base de que tenemos una Ministra de Educación que no es docente, que no conoce el territorio escolar y que permanentemente esta desvalorizando la educación y a los docentes», sentencia Scaffa. «Esto parece un juego para ellos, es una improvisación permanente», suma.
Ferreyra describe también la situación de las familias frente a la inminente vuelta a la presencialidad y cuenta que madres y padres están «asustados» por el regreso a la escuela y la falta de protocolos sanitarios efectivos, que eviten una ola de contagios en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. «Los docentes no sabemos cuándo nos van a vacunar. Lo ideal sería que estuviéramos todos vacunados antes de que inicien las clases, pero acá en CABA los docentes nos tenemos que presentar el 8 de febrero y el 17 ya comenzarían las clases para lo que es el nivel inicial y los primeros grados de primaria y secundaria», lamenta.
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