En agosto del 2019 cientos de mujeres mexicanas salieron a las calles a reclamar justicia luego de una seguidilla de violaciones perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad. Con bengalas rosas, carteles caseros y pañuelos violetas atados en el cuello las mexicanas acuñaron una frase que se tornaría mantra por su simplicidad y bandera por su contundencia: “No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”.
Casi un año y medio después y a 8004 kilometros de distancia, la consigna que nunca quedó caduca resurge ante el enojo y la impotencia que despertó el asesinato de Ursula Bahillo, acuchillada por Matías Ezequiel Martinez, su expareja y policia de la Provincia de Buenos Aires, a quien había denunciado en reiteradas oportunidades.
La repercusión mediática del caso puso en evidencia que, a pesar de los avances, aún existen fallas en el mecanismo institucional de detección y protección en los casos de violencia de género y dificultades para generar otro tipo de respuestas que no recaigan sobre la víctima ni se limiten al castigo. Pero principalmente reflejó que la policía sigue siendo uno de los bastiones de resistencia del patriarcado, donde la fuerza se mide en gestos violencia y la respuesta represiva varía según el destinatario.
Luego del brutal femicidio, El Grito del Sur habló con funcionarias del gobierno para conocer cómo se trabaja para articular la perspectiva de género con las fuerzas de seguridad.
Agustina Baudino es la directora provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Esta dirección, creada en diciembre del 2019 por la gestión actual, trabaja en conjunto con la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio a través una estructura de Coordinaciones Zonales de Políticas de Género que imparten capacitaciones al personal policial en funciones en la materia.
“La idea es que llevando la temática a cada comisaría se puedan generar dudas que nosotras despejamos. No se trata solamente capacitar, sino supervisar, acompañar ese trabajo y cambiar. Ahí es donde entra en juego el equipo de asesores territoriales que también hacen de nexo con otras partes del Estado y organizaciones territoriales”, aseguró la funcionaria, quien explica que esta es una más de las acciones tomadas por el Ministerio de Seguridad en vistas de profundizar y transversalizar la perspectiva de género a todas las áreas de las fuerzas.
En mayo del 2020, la resolución Resolución 341/2020 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires instituyó que las Comisarías de la Mujer y la Familia (132 en AMBA) y las Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia de Género pasen a la órbita de las Estaciones de Policía Departamentales de Seguridad y de las Jefaturas de Policía de Seguridad Comunal.
Sin embargo, Baudino reafirma que el desafío es ampliar las respuestas, descentralizándolas de los entes especializados para multiplicar las instancias de contención. “En todas las comisarías te tienen que tomar denuncias por violencia de género. En todo caso deberán facilitar el traslado a la Comisaría de la Mujer dependiendo la situación, porque en la Comisaría de la Mujer el personal es más especializado, pero no se pueden negar a tomarla”.
Uno de los rasgos más cruentos del femicidio ocurrido a pocos kilómetros de Rojas fue la inacción del sistema judicial ante las alertas previas. Martínez tenía denuncias por violencia de género de otras exparejas y abuso sexual a una menor, una carpeta psiquiatrica y una restricción de 200 metros de la víctima que fue incumplida. Además del mal funcionamiento del Juzgado de Paz y la desestimación de las denuncias, el botón antipánico requerido por Bahillo nunca llegó.
“La policía tiene una doble función, por un lado es auxiliar de la justicia y por otro un trabajo más ligado al Poder Ejecutivo que tiene que ver con la prevención. Cuando es auxiliar de la justicia, la policía debería poder evaluar la gravedad del hecho, comunicar lo que está sucediendo y plantearle qué medidas específicas le parece que es idóneo tomar para que la justicia actúe en el momento”, asegura Silvina Perugino, responsable de la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, y agrega: “Así debería funcionar, si no funciona así es porque alguien no está haciendo su trabajo. Los juzgados de turno tienen que estar activos las 24 horas todos los días. Si no hay un juez o un fiscal disponibles a las tres de la mañana es porque no están haciendo su trabajo”.
“El problema es que se sigue viendo a las violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans como si no fueran hechos graves. Eso es lo que decimos cuando desde el feminismo hablamos de que lo personal es político. Es una responsabilidad del Estado provincial que los equipos de las comisarías empiecen a leer estos delitos como delitos de igual rango que otros”, remarca la funcionaria.
Entre 2010 y 2020, 48 mujeres fueron asesinadas por policías en la zona del AMBA, según relevó el CELS; la Casa del Encuentro contabilizó 214 femicidios ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad desde 2008; mientras que de acuerdo a datos de Mumalá, el 12 por ciento de los femicidios cometidos al 31 de enero fueron cometidos por agentes de la fuerza de seguridad y el 20% de las víctimas habían realizado denuncias previas. .
Si bien desde el 2012 existe un “Protocolo para la Evaluación y Tratamiento del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en casos de Violencia Familiar”, el pedido de informe del medio Perycia reveló que el 80% de los casi seis mil policías bonaerenses denunciados por violencia de género entre 2013 y 2020 sigue en funciones.
“La evaluación de las denuncias a los integrantes de la policía, ya sea por violencia de género o no, la hace el área de Asuntos Internos. Ellos evalúan la gravedad y deciden cómo proceder. En el caso de los policías sancionados por violencia de género que quedan dentro de la institución tienen una capacitación accesoria que está en proceso de revisión, con la idea que no sea solo una capacitación o algo en torno a la sanción, sino pensar en qué abordaje le vamos a dar a las situaciones de violencia. Estamos apuntando a cambiar la conducta”, afirma Baudillo.
Además, la funcionaria asegura que pronto entrará en vigencia la licencia por violencia de género para las mujeres policías y esperan que “contribuya a visibilizar la problemática dentro de las propias fuerzas”. El protocolo, sostiene Baudillo, se encuentra en actualización desde antes del caso de Baillo. “La situación tremenda que pasó esta semana visibiliza la línea en la que veníamos viendo y trabajando sabiendo que era necesaria. Aca vemos lo central y lo grave de esta situación”, opina.
El último sábado se anunció el lanzamiento del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios integrado por el Ministerio de Seguridad, Mujeres, Géneros y Diversidad y Justicia en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial, y del Poder Legislativo de la Nación y autoridades provinciales, y un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) con el objetivo de “sistematizar la información disponible sobre casos de violencia de género y de constituir una herramienta de consulta y seguimiento que permita el diseño de políticas públicas” a nivel nacional.
Aunque ya existen instancias similares, el Gobierno precisa que el dispositivo nacido de la urgencia busca aceitar la comunicación entre las instituciones del Estado para unificar criterios y dar respuestas más ágiles y específicas. Esta fue una de las necesidades planteadas por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien luego del femicidio cuestionó el mal accionar del Poder Judicial y exigió una reforma judicial feminista.
“Nosotras estamos en una constante revisión de la tarea”, recalca Perugino, quien también enfatiza en lo fundamental del cambio social. “Cuando se abrió el Ministerio había muy poca infraestructura, más allá de la buena voluntad de los y las trabajadoras, especialmente quienes trabajaban en la línea 144. Empezamos la gestión con 58 tobilleras activas y ahora tenemos 258 tobilleras en menos de un año”, detalla.
“Cuando hablamos de femicidios y travesticidios, que están muy invisibilizados, hablamos de crímenes multicausales donde es muy difícil poder detectar el momento exacto del problema. Nosotras sabemos que la responsabilidad es del Estado en la dimensión de los tres poderes, pero ahí hay una disparidad en el avance de la perspectiva de género -afirma Perugino-. En Argentina tenemos un Poder Legislativo que está a la vanguardia y un Ejecutivo que tomó esa posta y se ha puesto a trabajar en ese sentido, pero también tenemos un Poder Judicial que está un paso más atrás y quees necesario democratizar, porque va a hacer que la perspectiva de género empiece a permear”.
