“Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, los distintos somos las personas”, prometió Alberto Fernández durante la campaña presidencial de 2019. Promesa cumplida: apenas asumió la primera magistratura, Fernández creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), puso al frente a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y en el presupuesto 2021 -el primero con perspectiva de género- figura como una de las carteras que dispondrá de más fondos. A poco más de un año de su fundación, referentas feministas reflexionan sobre los logros de la gestión y los desafíos que todavía tiene el Ministerio.
“Hemos logrado montar en el medio de la pandemia los ejes principales que llevamos adelante -dijo a El Grito del Sur Cecilia “Checha” Merchán, titular de la Secretaría de Igualdad y Diversidad de la Nación, al reflexionar sobre este primer año de existencia del Ministerio-. Consolidamos una estructura y logramos dar respuestas importantes en medio de la pandemia, incluso cuando no teníamos áreas administrativas o jurídicas”.
Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, contó que “cuando se anunció la creación del Ministerio, todas las organizaciones lo celebramos porque era lo que pedíamos hace muchos años”. “Pedíamos un Ministerio para que, entre otras cosas, tuviera una partida presupuestaria autónoma, eso nos parecía fundamental”, opinó.
En la misma línea se expresó Salomé Grunblatt, socióloga y militante de la agrupación La Pingüino, quien aseguró que la creación del MMGyD “puso sobre la mesa las políticas que reclamábamos las colectivas feministas” y las convirtió en políticas de Estado. “Ese para mí es el gran logro y haberlo sostenido en un año tan difícil me parece que vale la pena destacarlo”, aseguró y recordó que la transversalidad con la que trabaja la cartera “hizo que cada Ministerio tenga su área de género”.
Merchán explicó que el MMGyD tuvo “tres líneas principales de trabajo”: la atención a las víctimas de violencia; los problemas específicos que padece la población travesti-trans y la necesidad de un sistema de cuidados.
Asimismo, la funcionaria destacó que durante 2020, entre otras cosas, se avanzó en el fortalecimiento de la línea 144; el Ministerio creó “un registro de promotoras y promotores de género y diversidad de todo el país con 28 mil personas inscriptas” que brindaron “talleres, capacitaciones y encuentros a más de 10 mil personas”; se logró tener por primera vez un presupuesto con perspectiva de género y se promovió una lucha sostenida por el movimiento feminista: la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Contra las violencias por motivos de género
A mediados del año pasado, el Gobierno anunció la creación de un Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género, fruto de un proceso federal que involucró la discusión en foros en los que participaron distintas organizaciones. El Plan tiene 15 medidas centrales, entre las que se encuentran la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país, y el fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Otro de los programas creados por el Plan es el Acompañar, presentado en septiembre por el Presidente y que otorga un salario mínimo vital y móvil a mujeres y personas trans que se encuentren en una situación de violencia. “Se adjudica por seis meses y no es necesario que exista una denuncia previa -explicó Rico-. Esto es muy importante porque a veces las mujeres y las compañeras trans no se van (del lugar donde son violentadas) porque no tienen los medios económicos”.
Sin embargo, Rico señaló que -a pesar de que se fueron firmando los convenios correspondientes con cada provincia- “todavía ninguna persona cobró ese dinero”. “Nos llamaron muchísimas personas a la Casa del Encuentro. Este programa ayudaría a muchísimas mujeres y compañeras trans, ¿por qué en las provincias donde se firmó todavía no se implementa?”, cuestionó.
Merchán respondió que hay “más de 800 personas en el país” que son asistidas por el programa Acompañar, aunque reconoció que “hay lugares en los que demora más”. “Si bien tiene dificultades como todo lo que se inicia y que tiene que pasar por convenios, hay muchas personas que lo están cobrando”, aseguró.
Implementación de la Ley Micaela y reforma judicial feminista
Merchán detalló que las trabajadoras del Ministerio lograron “iniciar las capacitaciones en la totalidad del Poder Ejecutivo y en todos los ministerios, organismos y altas autoridades del Poder Legislativo”. La Ley Micaela -promulgada en enero de 2019- establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública dentro de los tres poderes del Estado. Hasta ahora, el único poder que rechazó la capacitación de la ley es el Judicial.
En octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó una resolución en la que le respondieron a la ministra Gómez Alcorta que las actividades de “sensibilización y capacitación” en relación a la Ley Micaela se hacen a través de la Oficina de la Mujer, una dependencia creada en 2009 que dirige Elena Highton de Nolasco.
La falta de capacitación y perspectiva de género en la Justicia ha quedado de manifiesto una y otra vez en fallos como el del caso de Lucía Pérez, la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, o en femicidios como el de Úrsula Bahillo, quien había radicado numerosas denuncias contra su expareja, Matías Martínez -que ya tenía denuncias previas- y quien terminó asesinando a la adolescente a mediados de febrero de este año.
“El Poder Judicial es uno de los desafíos y una de las demandas principales es que se empiece a dar una respuesta a todo esto -señaló Merchán-. Nosotras tenemos la obligación de capacitar a las altas autoridades y después los Ministerios y los poderes deben encontrar los modos en que aplican la capacitación (al resto de los trabajadores y las trabajadoras)”.
Por su parte, Grunblatt sostuvo que es “urgente y necesaria” una reforma judicial feminista. “No es solo para que los jueces no dejen libres a potenciales femicidas -aclaró-. Tiene que ver con la formación obligatoria en materia de género para quienes integran el Poder Judicial porque eso es lo que está fallando. No sé si podría ser potestad del Ministerio, pero esta reforma no es una cuestión partidaria, es necesaria y urgente porque se lleva puesta la vida de pibas todos los días y, cuando no lo hace, revictimiza permanentemente”.
Grunblatt cuestionó que “las denuncias por violencia de género pasen de la comisaría a la fiscalía sin monitoreo por parte de áreas del Gobierno”. “¿Cómo llega una piba a hacer 18 denuncias y que ningún efector se entere?”, inquirió.
“Caemos siempre en el mismo círculo. Cuando una mujer se acerca a un área de género la única respuesta es ‘tenés que hacer la denuncia’. ¿Quién monitorea la denuncia? ¿Cómo nos aseguramos que llega al juez y qué pasa una vez que dicta la medida de protección? ¿Se le pone vigilancia y un botón de pánico a una persona que está en una situación de vulneración? ¿La mujer se queda con un botoncito mientras el violento hace su vida?”, preguntó Grunblatt.
Por un mundo laboral con (más) perspectiva de género
A principios de septiembre, el Presidente firmó el Decreto N° 721/2020 y estableció así el cupo laboral travesti-trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. “Creamos el registro y se sumaron 3 mil personas que quieren trabajar (en el Estado). También tenemos en funcionamiento un programa para garantizar el acceso a la educación, porque hay baja terminalidad de primaria y secundaria, y estamos trabajando en la formación en empleo -detalló Merchán-. A finales de marzo vamos a tener el primer informe y podremos saber cuántas personas fue tomando el Poder Ejecutivo. Y apretaremos las clavijas donde tengamos que hacerlo”.
La titular de la Secretaría de Igualdad y Diversidad de la Nación también destacó el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en el Trabajo, el Empleo y la Producción «Igualar», que apunta a reducir las brechas de género en el mundo del trabajo. “Aspiramos a que tenga una mirada bien interseccional de las distintas poblaciones: afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y también con los aportes de ámbitos como el deporte, la cultura, el rural, de hábitat”, enumeró Mechán y afirmó que se trabaja con “varios Ministerios” y “cada uno hizo su aporte”.
Asimismo, agregó que “tenerlo como plan permite un seguimiento constante” no solo del Poder Ejecutivo, sino también de las organizaciones.
Próximos desafíos: un sistema integral de cuidados
Uno de los principales objetivos del MMGyD -y que Alberto Fernández mencionó en la apertura de sesiones legislativas- es la creación de un sistema integral de cuidados y que se reconozcan estas tareas como un trabajo. “Nos parece que es el corazón de lo que tenemos que trabajar durante este año”, sostuvo Merchán.
La funcionaria contó que “se viene trabajando muy bien en rondas de debate” con distintos actores del mundo sindical, las obras sociales y con legisladoras para darle forma al proyecto legislativo. “Hay que mover mucho culturalmente, hay que mover cuestiones de intereses, pero estamos bien encaminadas”, aseguró.
Por su parte, Grunblatt sostuvo: “Espero que al igual que pasó con el aborto el año pasado, el Ministerio se ponga al frente de las grandes reivindicaciones como es el sistema nacional de cuidados”. La socióloga opinó que durante 2020 “el Ministerio se quedó en una etapa de diagnóstico” y que, si bien es necesario hacerlo, “es momento de activar”. “Espero que éste sea el año de la gran gestión del Ministerio. Hay un montón de compañeras super formadas y que dan lo mejor de sí para sacar al Ministerio adelante y generar una transformación de fondo”, manifestó.
En una línea similar se expresó Rico, quien espera que se haga cumplir la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que “se ejecuten los anuncios que se hicieron”. “No voy a pedir algo nuevo. Queremos que se focalice en acompañar a las mujeres que están en una situación de violencia. Tenemos un femicidio por día”, lamentó.
A modo de conclusión, Merchán sostuvo que “el desafío es hacer que el Ministerio tenga cada vez más interseccionalidad, una mirada más federal, más indígena, más afro, más rural”. “Todas esas cuestiones que quedan a un costado y que no terminamos de ver desde muchos espacios, incluso desde la política, y darle lugar a la potencia que tienen esos sectores en la sociedad”, dijo.
