En un nuevo Día Internacional del Agua, organizaciones políticas, referentes culturales y agrupaciones ambientalistas convocaron a una “Marcha plurinacional por el agua” para visibilizar las consecuencias del cambio climático en nuestro país. En Buenos Aires, la ciudad que entre bicisendas y campanas verdes tiene sólo 6 m2 de verde por habitante, la manifestación comenzará a las 16.30 frente al Congreso con un verdurazo de la UTT para luego marchar hacia Plaza de Mayo.
Durante los últimos años, la problemática ambiental se volvió ineludible no sólo gracias la potencia de la juventud, que logró latinoamericanizar el reclamo, sino luego de que quedara en evidencia que los desastres climáticos originados por la explotación de los recursos naturales no son hechos aislados ni fortuitos sino desenlaces lógicos de un sistema extractivista.
Si bien en el último año hubo grandes avances legislativos, como la aprobación del acuerdo de Escazú, la ley Yolanda y la sanción de la ley de Manejo del Fuego, el 2020 dejó el saldo de un millón de hectáreas incendiadas y Argentina tiene el récord mundial de aplicación de glifosato por persona. Además, luego de dos intentos fallidos (en 2013 y 2016), la ley de humedales sigue sin sancionarse y aún no existe una legislación sobre acceso a la tierra y reciclaje.
“El agua es uno de los ejes transversales que estructura muchos de los otros reclamos ambientales, como los humedales o la megaminería. A su vez, la marcha sucede en un momento donde estamos atravesando una serie de problemáticas en el país y en el mundo que no son casuales y están cada vez más presentes”, asegura a El Grito del Sur Mercedes Pombo, integrante de Jóvenes por el Clima. “Hasta hace muy poco el ambientalismo estaba asociado solamente al reciclaje y tener las calles limpias. Nosotres planteamos que estas problemáticas ambientales no son tan inocentes como pensábamos y que están relacionadas profundamente con las problemáticas sociales que vivimos” explica a este medio Iván Masciulli, militante de la Red de Universitaries por la Crisis Climática, quien asegura que la pandemia terminó de demostrar los estragos que se generan cuando el sistema de producción y consumo priorizan los intereses económicos frente a las necesidades de la población. “Creemos que las acciones individuales son importantes, pero que si no tenemos estas discusiones como sociedad -si no nos organizamos- esto va a seguir pasando”.
En Argentina, 5.3 millones de personas no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno, según un informe realizado por ENI Argentina en conjunto con la UTT y otras organizaciones sociales. En las regiones más afectadas, como la zona del Gran Chaco, el porcentaje llega a un 41% de hogares sin este servicio básico. Respecto a los bosques la situación no mejora: en nuestro país, entre 1998 y 2008 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos, el 87% en el Parque Chaqueño y si bien desde el 2007 existe una ley de Bosques, el 43% del terreno fue deforestado luego de su sanción y más de la mitad (52,8 %) en áreas no transformables.
La crisis ambiental trae su correlato social que cae siempre sobre los más vulnerados: del 13% de les argentines que tienen alguna necesidad básica insatisfecha, el 8% vive en los departamentos con bosques nativos y les pobladores de las comunidades rurales aisladas llegan a pagar hasta ocho veces más por el agua que en las zonas urbanas. “Las problemáticas ambientales solo acentúan las desigualdades y siempre impactan más sobre los sectores vulnerables que son los más perjudicados. Nosotres creemos en un ambientalismo que ponga como prioridad la salud de la gente. Entendemos que muchas veces no hay una falta de recursos sino un monopolio, por eso necesitamos que el campo popular entienda que estas problemáticas son fundamentales para que las cosas cierren con la gente adentro”, explica el activista sobre la importancia de que la agenda ecológica permee todo el arco político.
A fines de diciembre del año pasado, el Congreso sancionó el proyecto de ley de Manejo del Fuego presentado por Máximo Kirchner, que entre otras cosas prohíbe por un plazo de entre 30 y 60 años la venta de los terrenos incendiados, poniendo el foco en frenar las especulaciones inmobiliarias y los monopolios. Sin embargo, las organizaciones plantean que además del texto es necesario que se aumenten y cumplan los presupuestos destinados a la materia y se garantice el pleno cumplimiento de las normas. Si bien el el presupuesto aprobado para 2021 duplica al anterior, el monto destinado al manejo del fuego se mantiene, asignando solo 0,003% del gasto público anual al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
“Incluso teniendo leyes de avanzada muchas veces por el mismo lobby de las empresas no llegan a aplicarse”, afirma Iván, quien enfatiza en la necesidad de avanzar hacia un modelo de consumo diferente. “Nuestro mayor objetivo es conseguir una justicia con perspectiva ambiental que deje de mirar hacia el costado y deje de ser cómplice como si nunca hubiera responsables de lo que le pasa a la gente”. Pombo también hace hincapié en el rol de la justicia en el momento donde la reforma judicial está en boca de todes y señala que es fundamental que se aplique la capacitación en perspectiva ambiental para todo el personal público que estipula la ley Yolanda. “La ley es solo una de todas las herramientas tenemos. Hay legislaciones muy buenas que, si bien es mejor que estén a que no estén, si no se cumplen terminan siendo ineficaces. Tiene que haber inversión de parte del Estado y una justicia presente. En Argentina, el 95% de los incendios son de carácter intencional y nadie es juzgado, ahí hay una impunidad muy fuerte”.
Otro de los conflictos que surge en torno a las causas ambientales, y resurgió con el conflicto por la megaminería en Chubut, es la oposición entre explotación ambiental y desarrollo económico. Sin embargo, Masciulli sostiene que se trata de una falsa dicotomía que contrapone conservacionismo y desarrollo sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener en la calidad de vida de la gente. “El ambientalismo viene a disputar con todo los poderes concentrados y por eso se necesita un movimiento masivo que respalde ese reclamo”, suma la integrante de JoCa. “Lo único que puede hacerle frente a los intereses de los grandes negocios es el pueblo movilizado y por eso la causa del ambientalismo se tiene que levantar por el grueso de la sociedad, no puede ser la bandera de unos pocos”, concluye.
