Si bien “mi cuerpo mi decisión” y “eso que llaman amor es trabajo no pago” parecen ser dos consensos en los feminismos argentinos, aún hay mandatos que se camuflan en el pliegue entre maternidad, cariño, responsabilidad y cuidado que siguen sosteniendo opresiones patriarcales. En ese contexto surge Materfem Argentina, una organización feminista que busca dar entidad y sustancia al rol social de la maternidad, siendo uno de sus ejes fundamentales visibilizar la violencia económica que genera el incumplimiento de las cuotas alimentarias o regímenes de comunicación. “El incumplimiento alimentario, ya sea que haya surgido en un contexto de violencia de género o no, está vulnerando un derecho del niño”, explica a El Grito del Sur Paola Urquizo, psicóloga, fundadora y coordinadora de Materfem. “Hay muchas mujeres que ante la urgencia desisten de hacer las denuncias por el tiempo que demoran o porque tienen miedo de agravar la situación. Además, no todas tienen los recursos económicos o simbólicos para desarrollar una denuncia legal. No es lo mismo una mujer que no tiene formación y se dedicó siempre a los trabajos de cuidado, que una que tiene un puesto en una empresa. Sin embargo, cada vez que tenemos que recurrir a la Justicia para que se cumpla un derecho se está ejerciendo un tipo de violencia”.
En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 y en la Provincia de Buenos Aires desde 2004, existe un Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as. Para ingresar a estos registros, que funcionan en el área de la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña y el Ministerio de Seguridad bonaerense, es necesario que la persona haya incumplido al menos tres cuotas consecutivas o cinco alternadas e implica la imposibilidad de abrir cuentas corrientes, recibir tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte de instituciones y organismos públicos, entre otras limitaciones. Además, en Provincia de Buenos Aires «no podrá ser proveedor de la Provincia, Municipios ni organismos descentralizados, no se le otorgarán habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias, ni concesiones o permisos y no podrá participar en licitaciones». Sin embargo, desde Materfem aseguran que esto resulta ineficaz, ya que muchas veces los deudores no justifican el total de sus ingresos o especulan con los plazos del vencimiento de las cuotas.
“Esperan a que pasen los tres meses para pagar pero durante ese tiempo les niñes comen, van a la escuela, usan zapatillas. Constantemente vemos mujeres que resignan su crecimiento personal, su tiempo de ocio o su disfrute para ejercer la crianza y no porque sean mártires, sino porque si no lo hacen ellas nadie se hace cargo. Sin embargo, si le llega a pasar algo al menor son las primeras a las que se juzga”, enfatiza la terapeuta especializada en infancias y familias. Si bien en nuestro país existen otros registros de rango provincial, recién en noviembre la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos presentado por Julio Cobos y Ángel Rozas, que había recibido media sanción en el Senado en 2019.
Sol Erazo es abogada, docente e integrante de Materfem. Del otro lado del teléfono, la letrada relata el complejo camino de obstáculos que se repite cada vez que una mujer o disidencia recurre a la Justicia y que tiene su peor exponente en cada femicidio que no se logra evitar. Ella sostiene que se deben buscar soluciones integrales y contenedoras, ya que la burocratización no puede ser la única opción para una mujer o disidencia que está criando sola. “En caso de denunciar el incumplimiento de la cuota alimentaria o el régimen de comunicación, la persona tiene que solicitar un expediente judicial a la Justicia. Esto es un gran problema, porque la vida de esas mujeres o diversidades y sus hijes quedan atravesades por el circuito burocrático que hace ese expediente, que no es corto. En este peregrinar vemos cómo constantemente se las violenta y, al mismo tiempo, se las continúa obligando a hacerse cargo del rol que no está ejerciendo el sujeto al que le corresponde», señala.
Los cambios en la estructura familiar y la inserción de las mujeres y feminidades al mercado laboral formal son fruto de la conquista de derechos y la avanzada del feminismo, pero la contracara de esta situación representa una doble o triple jornada, sobrecarga de tareas de cuidado y peores condiciones laborales. Esta realidad deriva en que, entre aquellas que logran acceder al mercado laboral, el 69% de las jefas de hogares monomarentales, asuman horas extras o busquen más de un empleo, lo cual en los mejores casos va destinado a rentar a otras mujeres, con aún peores pagas que las primeras, en un círculo vicioso de feminización del cuidado.
Según estimaciones de CIPPEC, en 2015 sólo el 32% de los hogares monomarentales recibían ingresos por cuota de alimentos. Para esa fecha, la mitad de los padres de los quintiles de mayores ingresos y uno de cada cinco en los quintiles de menores ingresos cumplían la cuota. Este panorama recrudece cuando les chiques crecen: mientras el 39% de les menores de 15 habían recibido cuota de alimentos en el año 2015, en el caso de quienes habían superado esta edad el porcentaje fue del 25%, lo cual implica retomar acciones legales con el costo económico y el esfuerzo que esto conlleva. “Las redes de apoyo son fundamentales, pero no son suficientes. Es necesario que el progenitor se haga cargo y que el Estado genere recursos. Los juzgados no hacen seguimientos de las sentencias, salvo que haya una retención directa de haberes y eso es en muy pocos casos. Incluso muchas veces los progenitores no formalizan sus ingresos para no pagar las cuotas. Esto los juzgados de familia lo saben, los abogados lo saben, las mujeres lo sabemos, es un secreto a voces”, cuenta Paola. “El incumplimiento de la cuota alimentaria es la punta del iceberg de muchas violencias y obligaciones y responsabilidades que no se están cumpliendo. Vemos muchísimo de eso en los juzgados, pero al mismo tiempo sabemos que la Justicia no puede ser la única solución. Necesitamos que el deudor tenga algún tipo de traba, que puede ser desde que le represente un problema a la hora de sacar el registro, acceder a actividades recreativas como ir a la cancha o en la AFIP. Esto no se va a lograr si no hay datos, por eso necesitamos un registro y una mirada integral”, agrega Sol.
Materfem exige que la problemática sea agenciada por los feminismos para que se incluya en la agenda política y plantea metas a corto plazo como modificar la ley de incumplimiento alimentario, garantizar gratuidad y celeridad en los procesos legales, lograr que se inscriba al deudor luego de diez días del mes en que ha incurrido en el incumplimiento de la cuota, efectivizar las penalidades, y elaborar un registro cualitativo y cuantitativo de hogares monomarentales. Sin embargo, las activistas saben que para desarmar los estereotipos que sostienen estas violencias es fundamental hablar de cuidados compartidos y paternidades responsables. “Queremos que se tomen medidas específicas desde el Estado y se elaboren políticas teniendo en cuenta que es un colectivo enorme pero queda invisibilizado e incluso romantizado bajo el rol de la ‘buena madre’. Necesitamos que se hable de esto, porque cuando ejercemos nuestras crianzas tenemos dos caminos: o reproducimos otras formas de opresión o criamos a nuestres hijes de manera feminista en un entorno de justicia”, continúa Paola Urquizo, quien forma parte de la Red de Salud Mental Perinatal y del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Si bien la crisis económica producto de la pandemia generó un sismo para toda la sociedad, ésta tuvo mayor eco en los hogares monomarentales, que en muchos casos vieron su único ingreso mermado. En el último trimestre del 2020, la tasa de desempleo entre las mujeres alcanzó el 13,1% y la desocupación escaló hasta el 23% en la franja de entre 14 y 29 años. Otra problemática giró en torno al acceso a la vivienda. Si bien en marzo de 2020 el gobierno nacional instituyó el DNU 61/21 para frenar los desalojos y congelar los alquileres durante la pandemia (cuyo vencimiento está previsto para el miércoles), desde Materfem denuncian que las mujeres y diversidades que crían solas tuvieron más dificultades para conservar o acceder un alquiler y continuaron siendo amenazadas y hostigadas por les propietaries.
En el caso de la convivencia entre parejas heterosexuales, el encierro tampoco pareció establecer mejoras: según Unicef, la participaciones de los varones en las tareas del hogar en abril de 2020 disminuyó respecto a lo habitual cuando se trató de cocinar, limpiar y hacer tareas escolares y sólo tuvo un incremento en la labor de hacer las compras. Por su parte, el INDEC relevó que durante la pandemia las mujeres estuvieron a cargo de las tareas domésticas en 2 de cada 3 hogares del Gran Buenos Aires y en 7 de cada 10 cuando se trató de cuidados. Además, por la naturaleza de sus empleos, los varones tuvieron mayores facilidades para adaptarse al teletrabajo que las mujeres (32%-34% vs. 24%-25%).
“La maternidad debe ser entendida como una problemática de la clase trabajadora para evidenciar que hay un violencia solapada en cada casa donde se incumplen las cuotas. La ESI es fundamental para construir una crianza conjunta y una paternidad responsable en la que no parezca que los varones están colaborando cuando se hacen cargo de sus obligaciones. Por eso, desde Materfem queremos impulsar soluciones integrales”, concluye Erazo.
