Del 1 de enero al 20 de febrero de 2021, se quemaron 40.680 hectáreas en la Argentina. Río Negro fue la provincia más afectada con 12.524 hectáreas y La Pampa se ubicó en segundo lugar con 8.958. Estos datos, provistos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, suenan alarmantes y podrían haber sido la advertencia necesaria para evitar la nueva ola de incendios que se desató la semana pasada en varias localidades de Río Negro y Chubut, que dejaron como saldo unas 250 viviendas afectadas, personas lesionadas y desaparecidas, y daños en la provisión de los servicios públicos en la región.
Cabe destacar que este fenómeno destructivo no es nuevo: los reportes tomados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) indican que a lo largo de 2020 se quemaron en total 1.106.621 hectáreas. Esto equivale a casi 60 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Ambiente Juan Cabandié catalogó a los últimos incendios como «intencionales», pero dijo desconocer cuál es la motivación de los presuntos autores delictivos.
Cabandié se hizo presente en Lago Puelo (Chubut) junto al propio Alberto Fernández quien, en el marco de su recorrida por las zonas de los incendios fue agredido por un grupo de personas que arrojaron piedras a la camioneta en que se trasladaba. Allí el mandatario anunció aportes del Tesoro Nacional para la provincia y los municipios afectados, firmó un acuerdo para la «rápida reconstrucción» de las más de 250 viviendas dañadas por el fuego y puso en marcha un plan de obras para garantizar agua, luz y gas a quienes viven allí.
Los incendios forestales se registraron en El Hoyo, en los barrios Las Golondrinas y Cerro Radal de Lago Puelo, en Cholila y en Epuyén (Chubut). Allí los fuertes vientos propagaron las llamas con velocidad destruyendo bosques y varias viviendas. Por otra parte, también se desató un incendio cerca de El Bolsón (Río Negro), que avanzó rápidamente hacia El Maitén (Chubut) y arrasó en cuestión de horas con unas 2.000 hectáreas de bosques, plantaciones de pinos y pastizales.
Una de las principales críticas que ha recibido el ministro en los últimos días se relaciona con el desfinanciamiento del área que impide realizar tareas efectivas de prevención de los incendios. Según los datos del Presupuesto Abierto para 2020, el dinero destinado para el Sistema Nacional de Manejo de Fuego (SNMF) fue de $657 millones mientras que el ejecutado rondó los $432 millones, lo cual habla de una subejecución en un 35% de los fondos desde la cartera del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, la partida presupuestaria para el 2021 fue dotada con $282 millones, un 43% menor al año pasado.
Penalizar la destrucción de bosques
La organización no gubernamental Greenpeace Argentina lanzó una campaña en todo el país para que se cataloguen como «delito penal» tanto a los desmontes como los incendios forestales y se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos destruidos. En ese marco, sostienen la necesidad de que los gobiernos provinciales y nacional pongan «todos los recursos disponibles para frenar este ecocidio e investiguen las causas de tantos focos simultáneos». En otras palabras, menos lamento por los «efectos de tanta desgracia», como dijo el Presidente en su paso por Lago Puelo, y más acción concreta para prevenir y luchar contra el fuego.
«Estamos pidiendo que se penalicen los desmontes y los incendios forestales, dado que las multas que existen actualmente en las provincias son insuficientes para desalentar la deforestación ilegal. Hoy para un empresario es mucho más conveniente desmontar ilegalmente y pagar una multa irrisoria e insignificante porque están desactualizadas. La deforestación es un crimen ambiental, se está matando toda la biodiversidad sino también los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas», explicó a El Grito del Sur Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace en el norte del país.
Cinco años atrás, la ONG ambientalista había presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que establecía una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasionase intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o destrucción de bosques nativos. Sin embargo, esta iniciativa fue frenada por Cambiemos y terminó perdiendo estado parlamentario. Hoy redoblan la apuesta en un contexto de fortalecimiento de la agenda ambiental en todo el mundo.
Respecto a los últimos incendios acontecidos en Río Negro y Chubut, Cruz señaló que «todavía no tenemos pruebas de la intencionalidad pero muchas veces este tipo de hechos tienen que ver con el interés de ganar tierras y a eso se suma el efecto climático producto de la fuerte sequía en las zonas boscosas. Esto último también favorece que se hagan mucho más graves los incendios. Estamos esperando que se investigue el tema, sabemos de los múltiples versiones que hay pero no conocemos aún la prueba cierta de las responsabilidades».
«El ministro (Cabandié) habló de modificar la Ley de Bosques e incorporar estos hechos como delito penal. Habría que ver cuál es el proyecto, es importante avanzar en ese sentido. Sabemos que son insuficientes los insumos que se aportan y no hay una política capaz de prevenir o apagar incendios en las diferentes zonas. Los movimientos de brigadistas de norte a sur también desgastan a las personas, debería dejar de trasladarse personal de una región a otra. Cada zona debería tener sus propios equipos para combatir el fuego desde que se inicia. Hoy todos los incendios terminan siendo apagados por las lluvias», concluyó la activista de Greenpeace.
