Este miércoles 31 de marzo vence el decreto de necesidad y urgencia mediante el cual el Gobierno nacional prohibió los desalojos de vivienda por falta de pago del alquiler, prorrogó la duración de los contratos y pospuso los aumentos para un posterior refinanciamiento. La Federación de Inquilinos Nacional (FIN) convoca a un ruidazo nacional este lunes a las 20 horas para pedir una nueva prórroga del DNU y la creación de un plan de desendeudamiento.
“La caída del decreto 320/20 nos resulta preocupante ya que las medidas que se establecen en este decreto, aunque son limitadas y con muchos prob en su aplicación, fueron las únicas destinadas para asegurar el derecho a la vivienda de quienes se vieron afectados en este contexto de crisis sanitaria”, dice a El Grito del Sur Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El 29 de marzo del año pasado, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual en el marco de la emergencia “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” promueve la suspensión de los desalojos “siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación; la prórroga de los contratos de alquiler y el congelamiento de los precios de los alquileres”.
La medida regía hasta septiembre de 2020, pero fue prorrogada con nuevos decretos, el último de ellos el 66/2021 del 29 de enero. “Sin embargo, aunque la crisis sanitaria sigue vigente, el Gobierno decidió no prorrogarlo, habilitando entonces que a partir del 1 de abril se retomen los desalojos que estaban completamente suspendidos, se reestablezcan los plazos de vencimiento de contratos de alquiler y quienes alquilan y pospusieron los aumentos de sus alquileres deban abonar lo acumulado a los locadores”, dice Fassina, quien señala que esto puede tener “un impacto muy fuerte”, especialmente en aquelles inquilines cuyos ingresos se vieron más afectados por la pandemia.
“Hace dos meses el gabinete nacional firmó el decreto 66/21, donde se decía que la pandemia modificó la cotidianeidad y las previsiones de los argentinos y que muchos trabajadores, comerciantes, profesionales y pymes vieron afectados sus ingresos ‘fuertemente’. ¿Qué cambió en apenas 60 días para que se anuncie que no habrá prórroga del decreto?”, cuestiona Gervasio Muñoz, presidente del FIN en una carta que lleva también las firmas del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y la legisladora del Frente de Todes, Ofelia Fernández, entre otres.
Para los representantes del FIN, la extensión del decreto “además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo y cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado”.
La carta, dirigida al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, solicita también que el Gobierno “elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola” de coronavirus.
Fassina cuenta a este medio que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “anunció medidas para acompañar la caída del decreto”. Desde ACIJ explican que la cartera anunció que los desalojos serán “contenidos” a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que deberá convocar a una mediación y que solo se podrá realizar un desalojo sobre aquellos contratos de locación inscriptos en el registro de AFIP.
“Ambas medidas son incompatibles con la nueva Ley Nacional de Alquileres, donde se dispone que las mediaciones no son obligatorias y, al mismo tiempo, que los únicos contratos que deben inscribirse en AFIP son aquellos firmados luego de junio de 2020”, asegura la Asociación.
Asimismo, la cartera que conduce Ferraresi creó un “protocolo de riesgo temprano de desalojo” para asistir casos concretos de familias de inquilinos que corren el riesgo de quedarse en la calle si son desalojadas. “Sin embargo, este protocolo tan solo está destinado a recabar información, sin establecer mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país”, remarca ACIJ.
“Ninguna pone el foco en las tres medidas que el Estado debería estar abordando de manera urgente que son pensar un programa de desendeudamiento, la prórroga de la prohibición de desalojos mientras dure la emergencia sanitaria e impulsar políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda más allá de la construcción de inmuebles nuevos”, concluye Fassia.
