La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se presentó ante la Justicia a fines del año pasado para denunciar a miembros de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), entre ellos a la secretaria general Angélica Graciano, por una medida de fuerza realizada junto a ADEMYS en noviembre del 2019 en distintas escuelas donde se buscaba realizar actos públicos desconociendo los criterios establecidos y sin respetar lo planteado en el estatuto docente. Esta semana, en una nueva arremetida del Gobierno de la Ciudad, fue citado a declarar -en el marco de la misma causa- el secretario general adjunto de ADEMYS, Jorge Adaro. «Es tal la desesperación y lo burdo de la maniobra del Gobierno porteño, que no hay un solo elemento donde pueda haber un registro de acciones violentas por parte no solamente de mi persona, sino que no han podido tampoco aportar ningún argumento en relación a ninguna compañera o compañero de los que habíamos participado en aquella concentración», sostuvo Adaro en dialogo con El Grito del Sur.
La riña entre el Gobierno de la Ciudad y los gremios docentes no es ninguna novedad, ya que son numerosos los conflictos acumulados en los más de 13 años de gestión del Pro en territorio porteño. Incluso por esta misma medida de fuerza por la que se está judicializando a representantes de ambos sindicatos, ya habían sido sumariados y sumariadas un grupo de entre 20 y 30 docentes. Sin embargo, la denuncia radicada por la ministra Acuña en diciembre del 2020, un año después de acontecido el hecho, llevó el enfrentamiento a la arena judicial y abrió paso a una nueva persecución del Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta. «En lo personal ya no hay sorpresas. Nosotros como sindicato tenemos una larga enumeración de hechos que están ligados a ataques del Gobierno porteño hacia nuestro sindicato: persecución a nuestros delegados, la prohibición de realizar cursos de capacitación a nuestros afiliados de manera gratuita. Este tipo de sumario e iniciativas penales buscan tratar no solamente de amedrentar sino básicamente de disciplinar a la base de la docencia», explicó el representante de ADEMYS.
Esto sucede además en medio del comienzo de la segunda ola en la Argentina y una fuerte suba de casos especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los gremios docentes piden mayores cuidados, revisión de protocolos y en algunos casos también la vuelta a la virtualidad. En este sentido, Adaro (foto abajo) considera que no resulta extraño este accionar de las autoridades porteñas. «Esto es una política constante del Gobierno. Más allá de lo que cada uno haya ido a declarar, obviamente hacer un llamado a declaración en este momento en una causa que ellos iniciaron penalmente, por lo menos en efecto uno entiende que iría por el lado de recordar esto en un momento donde la docencia está con un creciente malestar por las condiciones en las que se está trabajando, en un contexto donde la pandemia está con un número de casos en la Ciudad de Buenos Aires mucho más que alarmante y ellos obviamente intentando, al mejor estilo bolsonarista, sostener estas condiciones más allá de cómo pueda impactar en la salud tanto de los pibes como de los trabajadores», reforzó.
ADEMYS fue muy categórico desde el inicio de las clases presenciales en la Ciudad, e incluso tiempo antes también, sobre los riesgos que esto implica para el conjunto de la comunidad educativa y que se reflejan en las decenas de casos o de burbujas aisladas que se cuentan cada semana. En ese marco, desde el sindicato convocaron para este miércoles a un paro de 24 horas y reclaman suspensión de clases presenciales y otras actividades no esenciales, plan de vacunación masivo para toda la población, equipos y conectividad para docentes y estudiantes, ingreso de emergencia para familias desocupadas y/o precarizadas, y que ningún docente sea cesanteado. «Todos los días hay información constante de burbujas que se aíslan, nuevamente y a riesgo de que se interprete como datos parciales, hoy cuando llegue a mi escuela había 9 burbujas aisladas, y esto se multiplica en toda la Ciudad y hace que lleguemos a la conclusión de que ya hay que frenar el tema de la presencialidad», insistió Adaro.
Y concluyó: «El problema es que el Gobierno va a tener una gran dificultad, porque lo que vamos a ver cuando tengamos que pasar a la virtualidad es que se desaprovechó, con clara intencionalidad política, el año 2020 y lo que va del 2021 para generar los recursos que permitan que estudiantes y docentes cuenten con los elementos para trabajar. Entonces, cuando hablen nuevamente del año perdido, será estricta responsabilidad del Gobierno».
