El Gobierno nacional está reorganizando una nueva metodología de clases presenciales en todo el país. Luego de la fallida “presencialidad cuidada” y de la tramposa frase “las escuelas no contagian” pronunciada por el ministro Nicolás Trotta y su par de Ciudad, Soledad Acuña, el objetivo es escapar de la malograda modalidad previa que produjo un crecimiento exponencial de casos en las últimas semanas y proponer algo distinto a lo ya conocido. La pregunta es si podrá o no hacerlo en medio de la avanzada de la segunda ola. Si bien ya existen diferentes indicadores que advierten sobre los riesgos de contagios en las escuelas, cada uno de ellos fueron sistemáticamente ignorados por quienes motivaron desde un comienzo las clases presenciales, y por los que ahora decidieron violar un DNU presidencial para llevar adelante sus propósitos electoralistas.
El más conocido de estos indicadores es el lanzado por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), que realizó un contundente marco epidemiológico sobre la viralización del COVID y los potenciales contagios que se producirían dentro de las escuelas, tomando la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Una escala de referencia que se repite en casi todos los indicadores de los países del primer mundo y que tienen como objetivo resguardar la salud.
La SAP toma como referencia los últimos 14 días y si la cantidad de contagios COVID es mayor a 200 cada 100 mil habitantes, la situación está en el riesgo más alto y no permite la realización de clases presenciales. Si nos basamos en estos parámetros y tomamos como referencia los casos confirmados del 11 al 24 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires da como resultado casi 1370 contagios cada 100 mil habitantes, es decir, la Ciudad septuplica a la cifra permitida para que las clases presenciales puedan llevarse adelante.
Otro de los indicadores que fue (y es) totalmente ignorado, es el semáforo epidemiológico elaborado por el Consejo Federal de Educación y aceptado por las 24 jurisdicciones en octubre de 2020. Haciendo un breve repaso se estableció que en las áreas de “bajo riesgo” se puede programar una “reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades en el marco del protocolo”; en las de “mediano riesgo” se pueden disponer “actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas preferentemente al aire libre; y por último las áreas de “alto riesgo”, que es la situación en la que hoy se encuentran varias jurisdicciones pero principalmente la zona del AMBA con foco en la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso la pregunta debe repetirse en “modo loop”: si se siguen violando estos parámetros, las modalidades que se lleven a cabo ¿serán efectivas? Según el Gobierno nacional, el objetivo de la “presencialidad administrada” es reducir a un tercio o menos el número de alumnas y alumnos en circulación y priorizar a aquellos estudiantes que están en los niveles más bajos (inicial y primer ciclo de primaria) y a quienes requieren un acompañamiento especial de las y los docentes.
La iniciativa oficial avanza a 96 horas de que venza el DNU sanitario firmado por el presidente Alberto Fernández. Esta modalidad demanda una restricción parcial de la asistencia de estudiantes que permita bajar la circulación en las calles y presenta tres modelos de educación: dar prioridad a todos los niveles educativos y reducir la frecuencia de la concurrencia de las y los estudiantes durante la semana; anteponer determinados niveles (como el preescolar y los primeros y últimos años de la primaria y secundaria) para que continúen la presencialidad como hasta la fecha, mientras reduce la asistencia del resto de los cursos; y por último, sugiere prevalecer a aquellos y aquellas estudiantes que se vieron más afectados por la pandemia, incluidos en la modalidad de promoción acompañada.
El ministro de Educación Nicolás Trotta señaló que hay que esperar “cómo evoluciona la realidad epidemiológica en toda la región del AMBA, pero el proyecto propone que, antes que suspender la presencialidad, hay que reducir la misma a través de su administración». De llegar a instalarse esta modalidad, en vez de los más 700 mil alumnos que circulan a diario por la Ciudad para ir a las escuelas, lo harán cerca de 240 mil.
“Qué importa que adjetivo nuevo le ponga a la presencialidad el ministro Trotta”, advierte en diálogo con El Grito del Sur Eduardo López, secretario adjunto de UTE. “Se puede llamar ‘presencialidad copada’ o ‘presencialidad amiga’, pero ante todo lo que debería hacer Trotta es enviar una carta documento a Larreta para que se abstenga de sancionar a las familias que eligen no enviar sus hijos a las escuelas y a los docentes que eligen adherirse a la huelga en defensa de la salud y la vida y respetando el decreto del propio Gobierno nacional que integra el Ministro”. Las y los maestros porteños son los que, hasta la fecha, hacen cumplir el DNU presidencial con la realización de medidas de fuerza.
Hoy se desarrolla la séptima jornada de paro en todas las escuelas porteñas. “Nosotros ganamos 40 mil pesos por mes trabajando una jornada simple, en una semana de paro Acuña nos descuenta 10 mil pesos, dos semanas de paro 20 mil y así sucesivamente”, agrega López. “Por eso no entendemos por qué el ministro Trotta discute esta nueva modalidad en medio de los descuentos. En las próximas horas vamos a abrir una cuenta solidaria de apoyo a la lucha docente y esperamos que Trotta haga cumplir las leyes”, remata López. La nueva jornada de paro que llevan adelante las y los maestros porteños bajo el nombre “La salud y la vida son prioridad”, es encabezada por los gremios mayoritarios del distrito: UTE, ADEMYS y CAMYP, con tres puntos esenciales: Por la suspensión temporaria de la presencialidad; la continuidad del plan de vacunación docente; y el carácter alimentario del salario.
La desconfianza de los gremios sobre la nueva modalidad que quiere llevar adelante Trotta, se sostiene en que tampoco el Gobierno porteño respetará esta iniciativa tomando como ejemplo mediato lo ocurrido con el decreto presidencial.
Mientras Horacio Rodríguez Larreta sigue violando el DNU sanitario firmado por el Presidente, el Frente de Todos presentó la semana pasada en la Legislatura porteña un proyecto de ley para traer certidumbre a la comunidad educativa y establecer parámetros fijos que determinen automáticamente el retorno a la virtualidad según el contexto epidemiológico. “La norma es similar a una existente en Alemania y busca garantizar la presencialidad siempre que haya menos de 200 casos semanales cada 100.000 habitantes”, explicó en sus redes el legislador Leandro Santoro. “Si se supera este número, automáticamente las clases pasan a modo virtual, hasta que la tasa de incidencia descienda de 200 casos. Estos parámetros permitirán definir los días viernes, la modalidad de enseñanza de la semana subsiguiente”.
