Mientras el poder adquisitivo de los salarios se desploma por el recrudecimiento de la crisis económica y sanitaria, las organizaciones gremiales se ven obligadas a manifestarse nuevamente en las calles para visibilizar sus reclamos y exigir soluciones en uno de los peores momentos de la pandemia. Tal es el caso de los choferes de colectivos, quienes ayer se manifestaron en diferentes vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de mejoras salariales y para exigir que se los incluya en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.
Horas antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas sanitarias que regirán hasta el 21 de mayo, distintos grupos de choferes de colectivos autoconvocados realizaron cortes simultáneos en el Acceso Oeste a la altura de la Ruta 23, en el Puente Pueyrredón y también en la Autopista Panamericana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, donde se concentraron los trabajadores y las trabajadoras de la Línea 60.
Las medidas de fuerza, que duraron hasta el mediodía, fueron llevadas a cabo por grupos opositores a la conducción de la UTA que encabeza Roberto Fernández y se dieron en el marco del estancamiento de la negociación paritaria correspondiente a 2021, que ya lleva varios meses de atraso. Además, a la lucha salarial se le suma el pedido de vacunas contra el coronavirus para el sector. «Tenemos la paritaria atrasada. Estamos en $63.000 y necesitamos $100.000 de bolsillo. También necesitamos urgente un plan de vacunación porque ya tenemos muchos compañeros contagiados, algunos en terapia intensiva y 29 fallecidos”, expresó Néstor Marcolín, delegado de la Línea 60. En diálogo con radio El Destape, el dirigente también se pronunció sobre el riesgo cotidiano al que se enfrentan los choferes en medio de la segunda ola y en ese sentido sostuvo que “los colectivos van con más gente de la permitida. Un chofer no se va a pelear con un pasajero que quiere subir para ir a laburar, entonces sucede que en las horas picos viajan alrededor de diez personas paradas”. Y sobre ese punto agregó: “Queremos volver a los protocolos que teníamos hasta diciembre: que la gente pueda subir por la puerta de atrás, que nos saquen el plástico y que pongan una mampara como corresponde. Estamos muy expuestos, cayendo como moscas”. Marcolín también dijo que “las clínicas de la obra social están atestadas y casi no quedan lugares de internación” y que “hace dos días falleció un compañero mientras esperaba una cama disponible en el Hospital de Pacheco”. Además, los choferes reclaman una equiparación salarial entre administrativos, técnicos de los talleres y choferes.
Por su parte, el Consejo Directivo de la UTA había anunciado días atrás un paro en todo el país si no alcanzaba un acuerdo paritario con el sector empresario, pero la medida de fuerza fue rápidamente suspendida para acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en las distintas audiencias virtuales que se dieron en el ámbito de la cartera laboral las partes tampoco lograron arribar a un acuerdo. La última reunión tuvo lugar ayer por la mañana, paralelamente a los cortes de ruta, pero tampoco se registraron avances y la negociación quedó en punto muerto hasta la próxima audiencia que tendrá lugar el 4 de mayo.
No obstante, la disputa salarial en el sector de colectivos de corta distancia no es el único frente que mantiene abierto la UTA. En la rama de larga distancia, la discusión paritaria también se encuentra tensionada al extremo. Pero allí el escenario se presenta aún más complejo porque las empresas están agonizando en medio de la crisis pandémica. En 2020 el servicio estuvo suspendido casi nueve meses, hasta que finalmente se reactivó de forma sostenida a partir del 15 de diciembre. Hace unos días Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Larga Distancia (Celadi), dijo a este medio que “durante la temporada de verano el sector experimentó una caída del 80% de los pasajeros respecto de la temporada anterior”. La caída estrepitosa de la demanda de pasajes producto de las restricciones dispuestas por el avance de la pandemia sumergió a la actividad en una crisis sin precedentes.
Es un hecho que en ambas ramas la negociación paritaria está incendiada y el panorama se vuelve más desolador cada día que pasa. Sin embargo, en la disputa con las cámaras de corta distancia la UTA sabe que tiene margen para exigir un porcentaje de aumento que se acerque al índice inflacionario debido, entre otras variables, a que la actividad no cesó ni un solo día en lo que va de la pandemia y las empresas continuaron recaudando. Ahora bien, es real que la disminución de una gran masa de pasajeros provocada por las restricciones sanitarias pudo haber generado una reducción en las ganancias, pero aún en ese caso las compañías nunca dejaron de ser beneficiarias de los subsidios estatales, con lo cual el gremio tiene fundados argumentos para ir a fondo en la pelea.
En cambio, la contienda con las cámaras de larga distancia es diferente ya que el sector no cuenta con una estructura de subsidios sobre la cual sostenerse. Mas aún, actualmente tres cuartas partes de los micros están parados y el mismo porcentaje de trabajadores y trabajadoras se encuentran temporalmente cesanteados. Aun así, en este escenario complejo e incierto los más perjudicados son las y los laburantes. Por su parte, la conducción de la UTA advirtió que no descarta convocar a un paro nacional la semana que viene cuando se venza el plazo de la conciliación obligatoria.
