Una veintena de camionetas de la flota oficial salen a la calle en fila desde la sede que el Programa Buenos Aires Presente (BAP) tiene bajo la Autopista 25 de Mayo, en Constitución, cada una de ellas con una hoja de ruta particular. Apenas llega, a las ocho de la noche en punto, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, entra a una sala que hace de centro de operaciones: allí se van a monitorear los recorridos durante toda la madrugada. Una pantalla gigante proyecta un mapa escaneado de la Ciudad, el mismo que muestran unas seis computadoras dispuestas sobre un escritorio todavía vacío de censistas. “La idea hoy es tomar una foto real de cuántas personas duermen en la calle, y dónde está cada una”, dice la ministra en una suerte de ronda distendida frente a periodistas. El titular del BAP, Maximiliano Corach, ultima detalles. Va abrigado con un camperón que lleva impreso en la espalda el número 108, al que los vecinos y las vecinas de la Ciudad suelen llamar cuando detectan a una persona sin techo. Es el sexto censo que organiza. “Y es el operativo más grande que realizamos hasta ahora”, agrega. El director del Centro de Estadísticas y Censos, José Donati, también se hace un tiempo para explicar la metodología del relevamiento, avalada por la UCA, dice. Una delegación de trabajadoras sociales de la Asesoría Tutelar General, presidida por Carolina Stanley, está por salir también, planilla en mano, en calidad de veedores. Hay pleno de funcionarios presentes. Semejante despliegue, sin embargo, contrasta con una ausencia ruidosa: las organizaciones sociales que trabajan a diario la problemática y los organismos públicos que deberían legitimar todo lo que está por suceder, no están.
Este año, el censo oficial de personas en situación de calle del Gobierno porteño debió haber sido de otra manera. Al menos esa era la intención: en diciembre pasado, Proyecto 7, el CELS, la ACIJ, la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, el Ministerio Público de la Defensa y la propia Defensoría del Pueblo firmaron un acta de acuerdo con Migliore para unificar criterios y hacer un único relevamiento, todos juntos. El acuerdo fue un hecho político porque en 2019 -año de los últimos datos disponibles- las organizaciones y los organismos relevaron por su cuenta 7251 personas sin techo en su Censo Popular; la Ciudad, apenas 1146. La idea original era achicar esa brecha imposible y que las políticas públicas dieran un salto más allá del asistencialismo. Era todo ganancia: la ministra barría con años de desacuerdos y las organizaciones lograban hacerse escuchar. Pero, un mes antes de la fecha fijada (en principio iba a ser en abril), la mesa de diálogo empezó a resquebrajarse y terminó por romperse la semana pasada.
“Para nosotros es una pena que no haya habido acuerdo, pero igualmente tomamos muchas de las recomendaciones que introdujeron las organizaciones durante los meses que duró el diálogo”, dijo Migliore a El Grito del Sur. “La pregunta por la autopercepción de género en el cuestionario es una de ellas, por la salud mental, las adicciones, que no estaban en años anteriores. También tomamos el pedido de incorporar nuevas cuadrillas al recorrido y de censar en los paradores y centros de día, que siguen abiertos las 24 horas desde el inicio de la pandemia. Nosotros valoramos mucho esos aportes y queremos seguir apostando a dialogar y quizás que el año que viene se pueda hacer de conjunto. Pero no hubo acuerdo fundamental en la cantidad de días y horarios en los que hacer las recorridas. Creemos que el del Censo Popular es un método falible de contar personas por duplicado y lo que nosotros buscamos es una foto de la gente que duerme efectivamente en la calle, para planificar cómo vamos a asistirlos durante el año”, especificó la ministra.
Las organizaciones no piensan igual. En un comunicado conjunto, Proyecto 7, el CELS y otras cuatro organizaciones denunciaron que el Gobierno porteño “incumplió los acuerdos” y, básicamente, se cortó solo. De hecho, hasta la semana pasada, el propio Corach jugaba a las escondidas con la fecha en que el censo se iba a concretar. Algunos organismos la conocieron prácticamente sobre la hora. La Defensoría del Pueblo, que hizo de veedora durante todos los censos oficiales (pese a que ya recibían entonces críticas de todos los sectores), se terminó de bajar minutos antes y firmó otro comunicado en el que se lamenta por la “oportunidad desaprovechada de contar con información precisa y cualitativa que siente las bases para el diseño de políticas habitacionales superadoras”.
Durante los encuentros del diálogo que terminó por romperse, “se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes y se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología”, explica el comunicado de Proyecto 7.
Calles desoladas
La noche porteña, después de las diez, en plena vigencia del toque de queda sanitario, es mayormente silenciosa. Apenas circulan algunos colectivos y taxis, y algún que otro particular, por las principales avenidas. Rivadavia a la altura de Primera Junta es un desierto, iluminado por demás: ante tanto vacío, la luminaria pública pareciera alumbrar un escenario sin actores. Son condiciones óptimas para detectar a quienes duermen en las entradas de los edificios, tapados hasta los dientes, ranchadas con sus bártulos, fantasmas que circulan solos o llevando un carro de cartones. Pero a bordo de una de las camionetas del BAP, no pasa nada.
Casi son las doce de la noche y la cuadrilla encargada de barrer el centro geográfico de la Ciudad apenas lleva contadas diez personas en situación de calle (el censo popular, en 2019, contó 181 en el mismo barrio). Es inevitable la sorpresa, la desazón de las censistas. ¿Dónde fue todo el mundo?
El chofer va cantando las ranchadas que detecta al paso mientras maneja. En Bonifacio al 600 señala la mano derecha: bingo. Después de hora y media de girar hay una primera parada. Las censistas bajan. Empieza el “abordaje”, como le dicen. Después de presentarse, preguntar nombre y algunos detalles más, la censista despliega el menú de opciones de la asistencia social de que dispone el Gobierno porteño: si tiene la tarjeta Ciudadanía Porteña, de 6 mil pesos, una suerte de plan social local; si acudió a algún parador en el último tiempo y por qué esa noche no está dentro de alguno; si sabe que, en el último tiempo, la Ciudad flexibilizó las condiciones para acceder al subsidio habitacional para poder alquilar temporariamente una pieza con baño y cocina compartidos en algún hotel o pensión.
–Yo estoy tramitando el DNI. Quiero salir de este infierno, claro–, le responde un varón que hace lo imposible por contar además que estuvo en la guerra de Malvinas. Se separó en 2014, dice, y desde entonces está en la calle. El frío le molesta, pero hay cosas peores en la calle, explica.
El cuestionario indaga mayormente por la edad, el lugar de nacimiento (¿es porteño o vino del Conurbano?), si tiene DNI, si tiene certificado de discapacidad, si se considera varón, mujer, mujer trans, varón trans, travesti u “otros”; qué estudios completó, si usó recientemente el sistema de salud. No hay preguntas sobre Covid, ni sobre vacunación: no se pudo saber a ciencia cierta si el entrevistado, en edad y condiciones de riesgo, tiene idea al menos de que la Ciudad está vacunando a personas que como él son población de riesgo.
–El BAP, sí el BAP –responde otro, sobre Alberdi. –Acá hacemos un chiste que dice que cuando la gente llama al 108, ahí BAP, rápido–, se ríe solo. –¿Tenés algo para comer? ¿No, no? –pregunta.
Se sabe en la calle que el BAP es la cara “buena” del Gobierno porteño. Las camionetas de Espacio Público, la secretaría que conduce Eduardo Machiavelli -jefe de campaña de Rodríguez Larreta-, son la otra cara. Los operativos de Espacio Público fueron denunciados más de una vez como violentos, coordinados con la Policía de la Ciudad. No ofrecen ni las frazadas ni la comida ni la invitación a dormir en algún refugio como hace el BAP. En 2012, la Defensoría del Pueblo denunció que ofrecían patadas, una práctica que las organizaciones sociales y ONGs que recorren las calles dicen que cada tanto vuelven a aparecer en el relato de sus destinatarios. Y que en la previa del censo volvió a suceder.
“Entristece e indigna escuchar a nuestrxs compañerxs que nos cuenten que pasó Espacio Público, que nos relaten que ‘se llevaron el colchón‘, ‘me tiraron mis cosas’ y que cada día nos pidan a las organizaciones ropa de abrigo, frazadas, colchones, zapatillas”, denunció la Asamblea de Personas en Situación de Calle pocos días antes del relevamiento oficial. Subieron a sus redes sociales la filmación, hecha por un vecino, de un desalojo violento de febrero de este año realizado de madrugada en pleno Corrientes y Riobamba; y otro del 4 de mayo en Córdoba y Sánchez de Bustamante.
Dentro del BAP tampoco es todo color de rosas. La mayoría de las trabajadoras no forman parte de la planta permanente. Un grupo denunció que a inicios de la pandemia salían a las calles sin protección contra el Covid, y que carecían de herramientas para abordar a los adultos mayores.
Foto vs. Subregistro
El sábado pasado, Guillermo encontró a Hugo, su compañero de ranchada, en pleno ataque cardíaco. Convulsionaba sin parar, sobre el Metrobús de Chile e Independencia. Después se desvaneció y dejó de respirar. El SAME constató su muerte a las 11 de la mañana.
En poco más de un año, murieron diez personas en situación de calle. Algunas víctimas del frío después de un desalojo, otras asesinadas, incluso calcinadas. Varios casos tomaron estado público y pusieron al Gobierno de la Ciudad a dar explicaciones, como sucedió con el caso M, la nena que fue secuestrada en Lugano y encontrada días más tarde en Luján, de la mano de otro adulto varón también en calle.
Para Migliore, ese caso explica la dinámica que adquiere la problemática. “La mamá de M tiene un problema de adicciones y la estamos apoyando. A nosotros nos preocupa la urgencia primero, y para eso desplegamos el Operativo Frío, con todos los refugios abiertos las 24 horas todo el año. Y por eso también el censo: en 2019 contaron 1146 personas y ampliamos en 1100 camas el sistema. Pero hay otros temas más profundos que tienen que ver con la salud mental, con las adicciones, que requieren un abordaje integral, y estamos trabajando con esa perspectiva, para que se pueda reconstruir un proyecto de vida”, dice.
Corach asiente. “Hay personas en calle hace muchos años, con las que pudimos entablar una relación más cercana, otras con las que no tanto porque parten de una situación más complicada. Pero en general hay un acumulado de personas a las que les cuesta mucho salir de la calle”, explica.
¿Dónde encaja, en toda la política pública destinada a la gente en calle, un censo todos los años? Para las distintas organizaciones, es un tema central: no se puede desconocer la magnitud del problemática si se la quiere solucionar. Varios amparos, el último de hace dos años, obligaban al Gobierno porteño a convocarlas para consensuar un método que convenciera a todas las partes. Así lo pide también la ley 3076, de avanzada, que reconoce desde 2011 los derechos de las personas en calle en la Ciudad, y que brinda el marco legal del relevamiento.
“La metodología es política. Nos invitaron nada más para observar, para avalar desde afuera su propio método. Y no vamos a ser cómplices de un subregistro”, dijeron a este medio desde la Asamblea, la primera de las organizaciones en bajarse de la invitación.
La objeción principal de las organizaciones con el censo oficial pasa por su extensión: mientras la Ciudad busca una “foto” de una noche, el Censo Popular recorrió las calles durante una semana entera, en varios momentos del día. Donati, de la Dirección de Estadísticas, retruca que de esa forma se pueden duplicar las personas contadas y se escuda en el aval que consiguió de la UNTREF y la UCA. Fuera de micrófono, los funcionarios porteños hablan de dificultades para coordinar por la confrontación política en la que entraron Nación y Ciudad este año, electoral.
La discusión seguirá sin resolverse: de fondo hay dos formas de entender –y dos experiencias muy distintas– qué es lo que pasa en la calle todos los días, a la vista de todxs.
