El colectivo de personas migrantes en el país es uno de los más golpeados por la pandemia y el parate económico derivado de las medidas sanitarias. Pero al interior de ese sector de la población también hubo (y todavía persisten) diferencias notables, sobre todo a la hora de obtener el DNI argentino, lo que en los últimos años se transformó en un trastorno burocrático y en una suerte de barrera para acceder a otros derechos fundamentales como la formalidad laboral, la seguridad social o las ayudas de emergencia. Esa brecha “documental” surgió con claridad en las conclusiones del “Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020”, publicado esta semana por la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET. Según el informe, basado en más de 3 mil entrevistas a extranjeros radicados en el país, el 25 por ciento de los y las migrantes de países extra-Mercosur no tiene documento, mientras que esa misma cifra se reduce al 11 por ciento de los y las migrantes de países dentro del Mercosur y a apenas el 2 por ciento entre quienes migran desde países europeos.
En la ecuación, dice el informe, pesan los acuerdos de residencia vigentes a nivel regional y mundial que otorgan facilidades para la radicación si se llega de algunos países, en claro desmedro de otros. Es decir, la explicación tiene mucho de geopolítica. El ejemplo más claro es la población migrante venezolana (por lejos la más numerosa de la última década), que desde 2017 tiene trámites de radicación más ágiles y desregulados. El contraejemplo es la migración desde Senegal y otros países similares, que además pagan tasas de radicación dolarizadas que aumentaron en más de mil por ciento durante los últimos años. Eso, como se ve a simple vista en la calle, se cristaliza en la calidad del trabajo que pueden obtener o en el acceso a otras necesidades básicas como el alquiler y los servicios de salud y educación de los más chicos.
Otro factor determinante es la cantidad de años de residencia en el país: a los más “nuevos” les cuesta mucho más completar el trámite que a quienes llevan ya varios años viviendo en el país. Así, “durante el primer año de arribo, solo un 12 % de les migrantes logró obtener el DNI, aumentando este porcentaje considerablemente con el paso del tiempo, hasta alcanzar el 98% entre quienes residen hace más de 10 en el país”, dice el informe.
“Las dos variables, nacionalidad de origen y tiempo de permanencia en el país, son determinantes a la hora de evaluar los niveles de integración de las personas migrantes. Afectan claramente la posibilidad de acceder al DNI. El anuario muestra claramente que importa y mucho de dónde vienen quienes migran y qué tipo de acuerdos tiene Argentina y ese otro país. Eso no debería ser así: es casi un criterio neo feudal, porque si hay algo que nadie elige es dónde nacer. Y eso impacta en el resto de los derechos, se da una cadena de afectación en la seguridad social, los niveles de regularidad laboral y el acceso al hábitat”, explicó a El Grito del Sur la investigadora Ana Paula Penchaszadeh.
El año pasado, la falta de documentación quedó expuesta en los rechazos de la Anses a personas migrantes que solicitaron nada menos que el IFE, la única ayuda de emergencia que tenían al alcance durante la primera ola de Covid. Fueron rechazadas 495 mil solicitudes, el 56 por ciento del total, en su mayoría por no haber podido acreditar los dos años de residencia necesarios. Otros 200 mil migrantes ni siquiera figuraban en los registros del organismo, según datos a los que accedió este medio.
Para colmo, desde la implementación durante el gobierno anterior del sistema de radicación on-line, de nombre Radex, quedaron unos 75 mil trámites de residencia en una suerte de limbo burocrático, situación que empeoró con las dificultades que introdujo la llegada de la pandemia.
“Lo que da cuenta el informe, para nosotras, es sobre la necesidad de avanzar en una desnacionalización de los procesos de regularidad documentaria. Hace falta crear nuevos mecanismos y nuevas figuras que tiendan a universalizar el derecho a la regularidad en la Argentina, con independencia del país de origen”, concluyó Penchaszadeh.
