La temporada de renuncias sonantes de funcionarios también se inauguró en el Ejecutivo porteño. Luego de varios amagues, Diego Fernández firmó su alejamiento de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), el organismo encargado de ejecutar los millones de dólares prestados por el BID y el Banco Mundial para la urbanización de la Villa 31.
El ex empresario gastronómico –la oposición siempre le recordó su paso por una cadena de Sushi y las acciones que adquirió en el fondo buitre BlackRock– se va desgastado por sus diferencias con la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, quien pasó a ser su jefa desde diciembre de 2019 por orden de Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe de Gobierno había optado por dejarlo en el cargo pese a culparlo por los malos resultados electorales que obtuvo Juntos por el Cambio en el barrio ese año (perdió por más de 30 puntos contra el Frente de Todos), pero lo sacó de la órbita de la Jefatura de Gabinete porteña y le recortó toda su autonomía. Desde entonces, su desplazamiento final era una cuestión de tiempo.
Aún así, Fernández no pudo haber elegido peor momento para irse: la renuncia se publicó este jueves en el Boletín Oficial porteño, el mismo día que unas 100 familias de una toma en la zona “Containera” del barrio se preparaban para resistir un posible desalojo (ver acá).
El funcionario se va, además, sobre la fecha del vencimiento del pago de la primera cuota que la Ciudad debe cancelar con la Confederación Andina de Fomento (CAF) por el crédito para la construcción del Paseo del Bajo, antes de que termine julio. El Ejecutivo porteño había aceptado hacerse cargo de 175 millones de dólares de ese préstamo tomado por Nación a cambio de la transferencia de una serie de terrenos públicos, entre ellos todo el perímetro de urbanización de la 31, que la Legislatura no permitió rematar. El convenio firmado para esa transacción (deuda por tierras) fue denunciado por la Oficina Anticorrupción en el marco de la mega causa que cursa en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se apilan los expedientes por todas las transferencias de inmuebles públicos aparentemente irregulares entre 2015 y 2019.
Todos esos convenios están siendo revisados en una mesa de negociación entre la Ciudad y La Rosada y se especula con que la “propiedad” de los terrenos del barrio vuelva a Nación, un pedido del PJ porteño que ya llegó a los oídos del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del Ministro de Interior Wado de Pedro. Según pudo saber El Grito del Sur, el gobierno nacional pagará esa primera cuota a la CAF y estaría muy cerca de voltear el convenio del traspaso, lo que impactaría de lleno en el proceso de urbanización.
Fernández, de todos modos, ya está muy lejos de esa discusión. Larreta le dio un premio consuelo y lo ubicó en el cargo que dejaba trascender que quería: mantendrá el estatus de secretario, pero en la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, en reemplazo de Fernando Banegas. La SECISYU no correrá la misma suerte: desde la cartera de Milgiore ya avisaron que la Secretaría será degradada a Unidad de Proyectos Especiales. La conducirá Tomás Galmarini, tal como adelantó este medio.
RAMONA MEDINA Y LAS OBRAS INCONCLUSAS
Entre el 25 de abril y el 6 de mayo del año pasado, durante 12 críticos días, la Villa 31 tuvo problemas con el suministro de agua potable. En el sector del bajo de la Autopista Illia, el más comprometido, no salía nada de las canillas. La primera ola de la pandemia tenía como epicentro a los barrios populares porteños y una de las referentas de un comedor de la organización La Poderosa, Ramona Medina, se alzaba como portavoz del reclamo colectivo por la falta de servicio. Mientras tanto, ella negociaba con el Ejecutivo de Larreta las condiciones para mudarse a uno de los edificios populares construidos por el Estado porteño en el sector conocido como “YPF”. Reclamaba reformas en el departamento para adaptarlo a las necesidades de una de sus hijas, con discapacidades múltiples, desde hacía dos años. Del otro lado de la mesa, el que respondía por ambos reclamos era el propio Diego Fernández.
Ramona cayó internada por Covid la misma noche en que se discutieron detalles de la obra en el baño y no llegó a firmar la hipoteca. Falleció una semana después, y recién entonces el resto de la familia se pudo mudar.
El agua volvió a la 31 con la intervención de Aysa. Fernández se encargó por entonces de culpar a la empresa estatal por la falta de servicio. Si bien la poca presión en las canillas se originó en un problema técnico en la planta de Aysa de “San Martín”, el mayor peso lo cargaba la Ciudad, responsable en última instancia de las redes internas del servicio. “Desde el Gobierno de la Ciudad comenzamos a hacer las conexiones que quedaban pendientes entre los caños troncales de la red de agua y los caños internos de la red de distribución del barrio”, sostuvo Fernández en mayo del año pasado poco después de reunirse con la titular del organismo, Malena Galmarini.
Esas obras “pendientes” formaban parte de un desaguisado en el manejo de recursos millonarios. La secretaría de Fernández gastó unos 560 millones de pesos en distintas obras de mantenimiento de la red de agua potable interna y también en distintos servicios de consultoría que hacían seguimiento. En aquel entonces se señalaba a un empresario ligado al ex intendente menemista Carlos Grosso, Pablo Gustavo Aparo, también vinculado a dos de las empresas que se llevaron los contratos más jugosos: Kopar SA y CIS (Construcciones, Infraestructura y Servicios) SA. Por el servicio de «Completamiento de la Red de Agua Potable y de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales en el marco de la Integración Social y Urbana de la Villa 31», CIS se llevó 400 millones en 2017. La empresa nunca recibió ninguna sanción.
En pleno escándalo por la muerte de Ramona y el crecimiento de casos de Covid en la 31 el año pasado, Fernández pidió un servicio de consultoría “para la contratación de recursos humanos para conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento” por más de dos millones de dólares. El objetivo era que la consultora asesorara en la contratación de personal para la reubicación de unas 800 familias sobre el bajo Autopista, precisamente donde la falta de agua era más que crítica y donde vivía Ramona hasta que falleció. La ganadora fue HYTSA, misma empresa que ya había ganado otra licitación nada menos que para el “servicio profesional de supervisión integral de obras de infraestructura troncal para la provisión de servicio de agua potable” en la 31.
CONSTRUCCIONES ENDEBLES, PATRIMONIO ROBUSTO
El proyecto integral para el barrio siempre fue muy ambicioso. A fin de su primer mandato como jefe de Gobierno, Larreta había aprobado licitaciones por más de cinco mil millones de pesos en más de 40 obras de infraestructura en la 31. Los fondos salieron de préstamos del BID y el Banco Mundial, y Fernández fue el encargado de ejecutarlos.
Una de las obras más jugosas fue la construcción de los edificios de departamentos en el sector YPF, por más de mil millones de pesos. Cuando se conocieron los planos de las obras y el tipo de construcción que se utilizaría, denominado “Steel Framing”, fueron varias las organizaciones civiles que la cuestionaron. Los edificios, que vistos desde afuera son similares estéticamente a un container (no hay balcones y la fachada es chapa pintada de color azul), eran frágiles para evitar costos a la hora de la reparación. Eso generó dudas en un sector importante de las familias del bajo autopista, sus destinatarias, que veían con recelo la construcción y en muchos casos se negaban a mudarse. Algunos de los peores fantasmas se comprobaron con el paso del tiempo: incendios, humedad, inundaciones y falta de contemplación en el desglose familiar son algunas de las denuncias que realizaron los vecinos y las vecinas ya mudados, que incluso organizaron recorridas abiertas a los medios para visibilizar su situación. Ese tipo de construcción, endeble, era señalado puertas adentro del gobierno porteño por su contraste con otras urbanizaciones, como en la Rodrigo Bueno o la Villa 20, que se realizaron en seco y en la que las familias tuvieron voz y voto a la hora de elegir qué tipo de materiales utilizar para sus casas.
En paralelo a las obras más grandes, el propio Larreta fue más de una vez al barrio para inaugurar locales de comida (McDonalds, por caso) como un ejemplo de integración. En ese tipo de movidas primaba una concepción de moda entre empresarios snobs del primer mundo llamado “Impact Investing”, “inversiones de impacto”, una suerte de inversión publicitaria de las grandes marcas en obras de tipo social.
El nombre y el apellido detrás de esa idea es Alejandro Preusche, uno de los precursores del “Impact Investing” en el país, que llegó a dar charlas Ted al respecto en el barrio convocado por la Juventud Pro. También compartió junto al propio Larreta una conferencia durante el XX Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), en la que habló de la 31. Nada fue gratis: Preusche fue director de dos consultoras, Mckinsey SA y Almado SRL. Ambas consultoras son prácticamente una sola: comparten oficinas y directores y se llevaron los primeros contratos de consultoría en 2016 para la organización interna y puesta en marcha de la Secretaría de Fernández.
El funcionario ya venía formateado en el contacto con ONGs interesadas en la función pública y el mundo de las consultorías desde que formara parte del Think Tank de Esteban Bullrich, “G-25”, desde donde pasó primero a la jefatura de Gabinete del Ministerio de Educación porteño, antes de saltar a la 31.
Entre otros fracasos que le recriminaban dentro del Pro, además de perder por paliza cada elección, fue el hecho de haber llevado la grieta al propio barrio. Como nunca antes, la intervención del Estado generó dos bandos claros de militancia: quienes estaban a favor del proceso de urbanización y formaban parte de las cooperativas de trabajo premiadas con licitaciones, y los vecinos que lo criticaban y quedaban por fuera, más vinculados a las organizaciones del peronismo y la izquierda. Esa grieta afloró como nunca durante la presentación en 2018 del proyecto de ley de la urbanización, que terminó en un escándalo.
De todos modos, Fernández tendrá con qué entretenerse lejos de la política intensa de la 31: según su última declaración jurada, tiene una 4×4 Toyota de un millón de pesos, una moto BMW de 500 mil, un yate Travessia de 1,3 millones y una quinta en el Tigre de 450 metros cuadrados, además de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires y acciones en el fondo buitre BlackRock.
