La Justicia porteña frenó ayer el tratamiento del convenio que habilita al grupo IRSA la construcción de un barrio cerrado de lujo con torres vip de hasta 98 metros de altura en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de La Boca. El juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler hizo lugar a un amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y ordenó suspender el trámite legislativo del proyecto hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental en la zona y se convoque a audiencia pública. Ambas instancias administrativas, obligatorias según lo establecen distintas leyes porteñas para este tipo emprendimientos que modifican profundamente el entorno urbano, habían sido salteadas por el bloque oficialista de Vamos Juntos y todo el trámite volvió a foja cero.
El fallo de Scheibler complica el recorrido del proyecto de ley, que lleva la firma del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual la Legislatura se apuraba a aprobar el convenio firmado entre la Ciudad e IRSA para habilitar la construcción del viejo proyecto “Solares de Santa María”, rebautizado “Costa Urbana”. El texto ya había ingresado a las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano, contraladas por el oficialismo, y estaba a punto de ser votado en el recinto. La Legislatura deberá ahora suspender la reunión conjunta de ambas comisiones que estaba prevista para mañana y está obligada a realizar la convocatoria de audiencias públicas, lo cual puede retrasar su aprobación y hasta frenarla, tal como sucedió en el caso de Costa Salguero, cuyas audiencias se estiraron durante meses con récord de inscriptos.
“Es una sentencia histórica. El juez Scheibler enaltece la democracia ambiental para estar a la altura del desafío de la crisis climática. No podemos permitir que la Planificación de la Ciudad esté sometida a la voluntad de los sectores inmobiliarios concentrados que destruyen nuestro patrimonio cultural y natural, y el ambiente urbano. Tampoco que se consolide el mayor despojo de tierras públicas de la Ciudad que perdió 71 hectáreas de tierras públicas costaneras sin nada a cambio”, dijo tras el fallo el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
Del amparo participaron también la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP de Unidad Popular y la Defensoría de Laburantes. El proyecto ya había sido objetado por la oposición porteña y organizaciones ambientalistas, de protección del patrimonio histórico de la Ciudad y hasta por agrupaciones barriales de La Boca, por varios motivos. El principal es que el Código Urbanístico vigente prohíbe la construcción de countries o barrios privados en la Ciudad. De levantarse este proyecto, además, se perdería una oportunidad histórica de utilizar poco más de 70 hectáreas para ampliar la oferta de espacios públicos verdes y, en cambio, se levantaría una muralla de cemento de más de 90 metros de altura entre el Río de La Plata y la costanera porteña, a espejo de lo que sucede más al norte con los terrenos de Costa Salguero, que también están en discusión.
Desde La Boca Resiste y Propone, que nuclea decenas de organizaciones sociales del barrio, denunciaron la semana pasada que el proyecto de IRSA “no es más que otro negocio de especulación inmobiliaria que aumenta la presión sobre el precio de nuestro suelo, sobre nuestra identidad colectiva, sobre nuestras posibilidades de desarrollo como comunidad”. “Con claridad decimos que este proyecto desvía el turismo afectando la economía local, encarece nuestro suelo, atenta contra nuestra identidad, sustituye población, impone nuevos hábitos de consumo destruyendo los comercios de proximidad y explota nuestro hábitat peligrando nuestro derecho a la ciudad y el acceso a los recursos de todos y todas”, agregaron.
El proyecto de IRSA lleva ya más de una década cosechando rechazos. Además del que fue objetado ayer por la Justicia, hubo otros cuatro proyectos de ley impulsados desde 2011 por el Ejecutivo porteño para habilitar el negocio en esa zona, ganada al Río de la Plata en la década del 60 y cedida más tarde al Club Boca Juniors, que en la década de los 90 le vendió a la constructora el terreno, ubicado en el vértice sur de Puerto Madero, en 50 millones de dólares. Se calcula que el valor hoy, con todo construido, multiplica al menos por diez su valor original. De concretarse el barrio, además, se consolidaría la privatización de los terrenos costeros porteños, a partir de una idea de “urbanización” basada en construcciones VIP, sólo al alcance del sector conocido como ABC1, de mayores ingresos.
“El tratamiento exprés del proyecto de Costa Urbana, evadiendo procesos de evaluación y de participación dispuestos en la Constitución, a fin de garantizar ganancias extraordinarias de millones de dólares a una desarrolladora privada, evidencia la necesidad colectiva de discutir y avanzar hacia un nuevo paradigma urbano diametralmente opuesto al que se ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas y que se ha basado en el despojo y la privatización de lo público, haciéndola colapsar y llevándola a una crisis ambiental, habitacional y de servicios públicos. Nuestro norte debe ser la democratización de la ciudad desde una perspectiva ecológica y feminista”, expresó por su parte tras el fallo María Eva Koutsovitis, de CLIC.
