Gracias al avance del plan de vacunación contra el Covid-19 y al descenso de los contagios, el gobierno nacional dispuso la vuelta a la “presencialidad programada” en la Administración Pública Nacional (APN). A través de la Resolución 91/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, se estableció que les trabajadores estatales volverán progresivamente a sus labores bajo la modalidad presencial.
Si bien la medida fue consensuada con los gremios del sector, aún faltan definir varios pasos para que se efectivice el pleno retorno a las dependencias estatales. “Venimos exigiendo y promoviendo que la vuelta a la presencialidad se implemente de manera cuidada”, expresó Agustina Panissa, secretaria adjunta de ATE Capital, en diálogo con El Grito del Sur. Y agregó: “Le exigimos al Estado empleador que las convocatorias no sean desmedidas y fundamentalmente que se cumplan con los protocolos sanitarios, pero no solo desde la letra de una resolución sino contemplando la realidad concreta de cada edificio público”.
La nueva normativa, que lleva la firma de la secretaria de Gestión y Empleo Público Ana Castellani, establece que “serán convocables quienes hayan recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el Covid-19”, independientemente de la edad, la condición de riesgo y luego de trascurridas dos semanas de la inoculación. En este sentido, les responsables de recursos humanos de cada organismo estarán autorizados para solicitar a las y los convocados el certificado de vacunación, al cual se puede acceder desde la aplicación Mi Argentina. Asimismo, la resolución establece que corresponde a les titulares de cada jurisdicción, organismo o entidad de la APN llevar a cabo el efectivo cumplimiento de los protocolos Covid-19 aprobados por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
Por su parte, quienes hayan optado por no vacunarse “deberán firmar una Declaración Jurada expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores”.
Al ser consultada por las posibilidades concretas de implementar protocolos sanitarios estrictos en la administración pública, Panissa declaró que “varios edificios públicos ya tenían algunas dificultades previo a la pandemia” y que “es fundamental que el Estado, que viene teniendo una política de cuidados extremos hacia su población, también sea consecuente con el cuidado de sus trabajadores y trabajadoras”. “La pandemia nos exige que repensemos las oficinas; los espacios comunes; los comedores; los ascensores; la atención al público. Vamos a bregar porque esté todo estrictamente protocolizado para protegernos y proteger a la población en su conjunto”, recalcó.
A partir de esta medida se prevé que la totalidad de les agentes del sector público nacional retornen progresivamente desde el 1 de septiembre a sus respectivas oficinas. En ese marco, Panissa subrayó que “es necesario que estén dadas todas las condiciones para que se cumpla el distanciamiento de acuerdo a los metros cuadrados de cada lugar y que efectivamente haya ventilación cruzada”. “Exigimos que en todos los edificios se garanticen los cuidados sanitarios, el respeto por la seguridad y la salud de todos y todas”, enfatizó.
Según la resolución emitida por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en caso de que los espacios físicos no se adecúen al protocolo acordado por la Comisión de CyMAT, se continuará con el desempeño de funciones bajo la modalidad a distancia. “Realizaremos relevamientos a través de nuestros delegados especializados en CyMAT para evaluar en qué lugares están las condiciones dadas y en cuáles no es seguro el retorno a la presencialidad”, advirtió Panissa y además aseguró: “Como sindicato contamos con todas las herramientas necesarias para contribuir a generar ambientes de trabajo seguros”.
La norma especifica que la asistencia al trabajo presencial deberá ser notificada por el personal jerárquico con al menos setenta y dos (72) horas hábiles de anticipación y quedarán exceptuadas las personas con inmudeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados. Además, se autoriza a les titulares de las jurisdicciones y organismos que en caso de ser necesaria la alternancia con el trabajo remoto, puedan disponerla a tiempo parcial. Sin embargo, “la prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores al 50% de la jornada normal y habitual, o hasta 20 horas semanales, las que no podrán exceder la carga horaria prevista para la categoría de cada agente”. También se fijó que al momento de establecer los períodos de alternancia entre presencialidad y trabajo remoto se contemplarán las situaciones de las madres, padres o tutores de niñas y niños de hasta trece (13) años inclusive que asistan alternadamente a los establecimientos educativos.
“Desde ATE Capital hemos tenido un rol muy importante en el control de las condiciones de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, donde durante toda la pandemia tuvimos grados de presencialidad muy altos”, remarcó Panissa. Y concluyó: “Exigimos que sea una vuelta a la presencialidad paulatina y cuidada, y nos parece fundamental que toda decisión sectorial que se tome sea consensuada con los delegados de base”.
