Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Geiler son como fantasmas. No tienen redes sociales ni aparecen sus rostros en Internet. Fischberg es monotributista y registra actividades por «gestión empresarial». Geiler ni siquiera se encuentra registrado en AFIP. Dos tipos con rastro difícil de seguir, que durante años estuvieron imputados por reducción a la servidumbre luego de que dos adultos y cuatro niñes murieran en el taller textil de Caballito donde esclavizaban trabajadores de origen boliviano. El hecho sucedió un 30 de marzo de 2006 y 13 años después ambos empresarios fueron sobreseídos, están libres y recuperaron la propiedad del inmueble.
15 años después del hecho, amigos, sobrevivientes y familiares -nucleados en la «Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viales»- exigen que el inmueble se expropie, se patrimonialice y funcione allí un centro de la memoria. Con la consigna «Víctimas de la explotación laboral, perdieron la vida quemados cosiendo ropa», esta semana se movilizaron a las puertas de la Legislatura porteña para reclamar la iniciativa.
«Los sobrevivientes y la Comisión presentamos tres proyectos de ley: de patrimonialización, de expropiación y de Día de la Memoria», explica Lourdes Hidalgo, sobreviviente y una de las voceras del reclamo. La intención es montar en el inmueble de Luis Viale 1269 un centro de la memoria que visibilice la problemática del trabajo esclavo y la explotación laboral infantil. «Pedimos también que se recuerde en las escuelas de Capital y Provincia», agrega Hidalgo en diálogo con El Grito del Sur.
Juana Vilca, de 25 años y cursando un embarazo, Wilfredo Quispe (15 años), Elías Carabajal (10 años), Rodrigo Quispe Carabajal (4 años), Luis Quispe (4 años) y Harry Rodríguez Palma (3 años) fallecieron en esa fatídica tarde mientras cosían ropa junto con otras 61 personas en un mismo inmueble. «Estuvimos dentro de una casa 65 personas, entre ellos 25 niños. Nuestras piezas estaban separadas por telas, nylon y cartón. Teníamos un único baño para los 65, un baño chiquito que no se abastecía y teníamos que hacer cola a la noche para ducharnos, a veces hasta las dos de la mañana». Lourdes agrega que el lugar no contaba con ventilación ni elementos mínimos de seguridad, que los matafuegos no funcionaban y que en el mismo baño las 65 personas hacían sus necesidades, también se bañaban y lavaban la ropa.
Pese a que albergaban trabajadores en situación de esclavitud y les retenían los documentos, las gestiones de sus dueños permitieron contar con autorización policial de facto para funcionar. «Los policías venían a pedir pantalones de jean, incluso el talle que usaban. Los cargaban al baúl de la patrulla y se iban», comenta Lourdes, que también señala que funcionaries del Gobierno de la Ciudad realizaron inspecciones pero nunca clausuraron el inmueble.
Tan nefasta como la actuación policial y de control municipal fue el desempeño judicial: los dueños Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Geiler fueron sobreseídos por el Juzgado Criminal y Correccional 27, a cargo de Alberto Baños. La fiscal Betina Votta «hizo un trabajo espantoso», según cuentan desde la Comisión por la Memoria.
Los capataces fueron los únicos condenados por el hecho, aunque actualmente gozan de arresto domiciliario. «Ellos sabían de las condiciones inhumanas en que estaba el lugar y no hicieron nada». Pero los grandes ganadores fueron Fischberg y Geiler, que salieron impunes: «Para los patrones solo era embolsillarse las ganancias. Ellos dijeron que no sabían nada pero es mentira, entraban al lugar e incluso tienen otra fábrica en la calle Artigas desde donde siempre transportaban las prendas para coser», agrega Lourdes. En mayo de 2019, ambos dueños fueron sobreseídos y en octubre del mismo año se les devolvió la llave del inmueble.
Luego del incendio, los peritos informaron que el siniestro se debió al sobrecalentamiento de los cables. El fuego se inició en la planta superior, donde a las cinco de la tarde se prendieron los nylon que dividían las «piezas». El régimen de cama caliente y la ultra explotación laboral también afectaron a las máquinas y al precario tendido eléctrico de la casa. El matafuego no funcionaba.
Este sábado, la Comisión estuvo en la plaza Luciano Arruga realizando una muestra de fotos sobre la lucha de les familiares y víctimas del incendio que volverán a replicar este jueves en la puerta de la Legislatura. «Les pido a todos que nos acompañen en esta causa porque queremos que la memoria de nuestros compañeros y sus hijos que murieron cosiendo ropa no quede en el olvido», dijeron.
