Ni fanáticas de los boliches ni crímenes pasionales. Si algo dejó en claro el feminismo en los últimos años -lenguaje inclusivo de por medio- es que lo que no se nombra no existe y que la forma de nombrar genera sentido. Por eso este martes, un grupo de diputadas del Frente de Todos, con el apoyo de la Red de Medios Digitales, presentaron un proyecto de ley para la implementación de la Ley Micaela en medios de comunicación.
El texto firmado surge del trabajo conjunto de las diputadas Ayelén Sposito (FdT Río Negro), Gisela Marziotta (FdT CABA) y Silvana Ginocchio (FdT de Catamarca) con periodistas feministas, representantes de la Enacom e integrantes de la fundación Micaela García que trabajaron en la unificación de las tres propuestas.
“Se trata de una adaptación de la misma ley Micaela que rige en el Estado, impartiendo capacitaciones de género y diversidad. La intención es ampliar derechos, fomentando el tratamiento digno y responsable de la información a la hora de generar contenidos periodísticos sobre femicidios y travesticidios, pero no solo en estas temáticas”, contó Delfina Pedelacq, periodista del diario El Zorzal e integrante de la Red de Medios Digitales. «Entendemos que estos cambios no se dan de un día para otro, por eso necesitamos que la formación sea constante y transversal. No queremos que quede limitado a una charla aislada sino interpelar realmente a las personas, que es la única manera de dejar de vulnerar derechos».
“Partimos de la base que la ley Micaela debe estar en todos los espacios porque la perspectiva de género debe atravesar el tejido social y no solamente los tres poderes del Estado. Los medios no pueden estar exentos de este tipo de formaciones porque es a partir de los mensajes que ellos distribuyen desde donde podemos empezar a deconstruir las violencias» , aseguró por su parte Agustina Lanza, periodista de Feminacida e integrante de la Fundación Micaela García.
El eje de la ley se basa en impartir capacitaciones obligatorias en temáticas de género para dueñes y personal, jerárquico y no jerárquico de todos los medios de comunicación anotados en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial. Para eso estipula la creación de la Mesa Interpoderes para la Aplicación de la Ley Micaela en Medios de Comunicación (Mialmmc) formada por representantes de entes gubernamentales, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Medios y Comunicación Pública. Esta no solo será la encargada de aplicar y establecer los lineamientos de las formaciones, sino que podrá arbitrar los mecanismos necesarios, incluyendo sanciones, para el cumplimiento de la misma.
“Pese a que contempla sanciones, la ley es antipunitivista y esto siempre lo remarcan los padres de Micaela García, que también formaron parte de la elaboración del proyecto. En este caso, las sanciones van a ser determinadas por la mesa. Además, los medios que no se quieran formar van a estar nombrados en los informes periódicos que se elaborarán para evaluar la implementación y funcionamiento de la ley”, aclaró Lanza. En pos de sensibilizar a la sociedad, los medios deberán reproducir el material oficial sobre la temática que elabore la Secretaría de Medios en sus pautas publicitarias.
Desde el primer NiUnaMenos en junio de 2015, los discursos públicos han tenido cambios notables. Sin embargo, el machismo sigue presente en noticieros, estudios de radio y redacciones: las mujeres continúan relegadas a ciertas secciones, el cupo trans no se cumple y los comentarios misóginos sólo se modifican luego del repudio popular. En ese sentido, más allá de la importancia de deconstruir a quienes actualmente tienen la palabra, las entrevistadas remarcaron la necesidad de involucrar a las escuelas de periodismo y los espacios de formación.
«Los medios autogestivos venimos dando estas discusiones tanto hacia afuera como hacia adentro de nuestras organizaciones. En ese sentido, hay una diferencia generacional porque somos nosotres quienes venimos a exigirle a los medios masivos que sean capaces de adaptarse para estar a la altura de las circunstancias», sentenció Delfina, integrante de la Red donde se nuclean más de 200 portales a nivel nacional.
Asimismo, las periodistas feministas coincidieron en que la ley no solo es beneficiosa para periodistas y usuarios, sino que contribuye a resarcir el maltrato que muches familiares de víctimas de femicidios sufrieron durante el tratamiento de sus casos.
«Hay muchas familias que siguieron siendo vulneradas por el periodismo, teniendo que leer a los formadores de opinión estigmatizar y juzgar moralmente a sus hijas. Es fundamental salir del amarillismo y la perversidad para poder contar las historias de una manera cuidada y respetuosa ante tanto dolor. No queremos más titulares misóginos como los del caso de Melina Romero o Araceli Fulles. Para eso necesariamente tiene que haber formación», aportó Pedelacq.
“Algunas cosas parecen lejanas, pero esta misma semana se conoció el caso de (Ricardo) Bussi donde la denunciante salió al aire en la radio al mismo tiempo que su abusador. La idea es no repetir revictimizaciones sino velar por los derechos de quienes están sufriendo y replicar su voz. Hay que ser conscientes de la implicancia que tienen nuestras acciones en los medios, no solo a la hora de hablar de asesinatos, sino también en las representaciones cotidianas de mujeres y disidencias”, finalizó Lanza.
