Se viven momentos álgidos en la política nacional luego de la derrota electoral del Frente de Todos y la presentación del nuevo gabinete de ministros. El gobierno nacional se encuentra en una crisis compleja, en donde se debaten los pasos a seguir, el rumbo de la economía y la correlación de fuerzas con la que cada sector del frente cuenta para imponer su agenda. En ese contexto, varios de los principales funcionarios nacionales abandonaron su cargo pero hubo un ministro fuertemente criticado que salió indemne del terremoto post-electoral: Claudio Moroni, ministro de Trabajo, apuntado puertas adentro (y afuera) como uno de los “funcionarios que no funcionan”.
A diferencia de otros posibles cambios de nombre en el gabinete, el pedido de recambio en el caso de Moroni no es nuevo. Ya en mayo de 2020, comenzó a hablarse del malestar de algunos sectores ligados al kirchnerismo sobre el rol de Ministerio de Trabajo. El manejo de la pandemia en términos laborales es uno de los principales focos de discusión por el trato que tuvieron temas como la reducción de sueldos, los despidos y la desigual aplicación de políticas de apoyo como los ATP. Fue por ese tiempo que el jefe del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, criticó la homologación de una rebaja salarial del 23% en favor de la alimenticia Mondelez, empresa que se había stockeado y utilizado beneficios estatales para evitar el pago de parte de los sueldos. Este hecho fue el puntapié inicial para la resolución 397 que saco el mismo Ministerio, donde autorizó la homologación de acuerdos con rebajas salariales de hasta el 25%, aún en aquellos casos donde el sindicato no hubiera respondido una vez notificado. La medida fue “consensuada” entre los “gordos” de la CGT y la UIA, pero resultó fuertemente cuestionada por otros actores como el moyanismo y el kirchnerismo sindical.
Por esos tiempos, también se lo criticó a Moroni por ciertos favoritismos o “faltas de criterio” a la hora de repartir una política tan importante durante la pandemia como los ATP. El enojo surgió luego de que trascendiera que directivos de los grupos Techint y Clarín recibieran el salario complementario de hasta $33.750. Y esos no fueron los únicos casos, ya que la principal fabricante de pollos del país (Granja Tres Arroyos) anotó a su personal al subsidio pese a que sus plantas trabajaron durante toda la pandemia. Lo mismo sucedió con Ledesma, que produjo azúcar durante la cuarentena, y con la alimenticia Farm Frites. Los subsidios también llegaron a la fabricante de neumáticos Fate, del grupo Madanes, luego de intentar aplicar una rebaja del 25% en los salarios, así como a la cadena McDonald´s y a la principal curtidora del país Sadesa, del hermano de Marcos Galperín.
Salarios de indigencia
Estos manejos de la situación laboral en pandemia comenzaron a generar rispideces entre el ministro, los sectores del Gobierno más ligados a Cristina Fernández y otros referentes del arco sindical. Pero el principal malestar se debe al paupérrimo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil que se dio en abril de este año. Fue por ese mes que se acordó un aumento del 35% en siete tramos no acumulativos, un incremento que, por sus cuotas escalonadas, hará que recién en febrero del 2022 el sueldo mínimo alcance los $29.160. Si bien se planteaba la revisión del mismo en el mes de septiembre, la inflación y el resultado electoral hicieron que el ministro confirmase de urgencia que el próximo martes 21 finalmente sesionará el Consejo del Salario para debatir su modificación. Una nueva demostración de la necesidad de reformular ese ajuste del 35%, definido en su momento con 31 votos a favor y una única abstención, a cargo de la CTA Autónoma.
Si bien se trató de una pauta salarial que alentaba la Casa Rosada e iba a la par de las paritarias que firmaron los principales gremios (Comercio 32%, UOM 36% y UOCRA 35%), lo cierto es que el Salario Mínimo viene perdiendo poder de compra desde hace varios años. La caída continua del salario real desde hace más de un quinquenio pone de manifiesto la necesidad urgente de generar aumentos fuertes que recompongan una situación de pobreza compleja y creciente en nuestro país. Y aunque el Consejo del Salario no depende solamente del Ministerio de Trabajo (está compuesto además por entidades sindicales y empresariales), lo cierto es que la orientación estipulada desde el Ministerio nunca fue buscar un aumento significativo que permitiera acelerar la recuperación de aquellos trabajadores y trabajadoras de menores ingresos. Pese a ello, la crítica principal al respecto es la lentitud de Moroni a la hora de reabrir el acuerdo: si bien a principio de año el objetivo del gobierno nacional era cerrar paritarias alrededor del 30% para ganarle a las pautas de inflación programadas, lo cierto es que ante el aumento acelerado de los precios todas las paritarias se fueron reabriendo mientras que el mínimo recién será reconsiderado este mes luego de la derrota electoral de las PASO. Para ponerlo en números: al día de hoy, según el INDEC, la línea de indigencia es de $29.213 y el salario mínimo está en $29.160, menos de 50 pesos de diferencia.
¿Quién es Claudio Moroni?
Si lo miramos desde la disputa ministerial abierta esta semana, Moroni es «100% Alberto”. Este abogado de la UBA mantiene una larga relación personal y política con Fernández, a quien reemplazó en la Superintendencia de Seguros de la Nación en los 90 y donde se sostuvo hasta el 2004. Luego, su carrera continuó como síndico de la Nación entre 2004 y 2007, cuando reemplazó a Sergio Massa en la ANSES para luego presidir la AFIP desde 2008. Ese “albertismo” le permite tener un cierto apoyo en los sectores sindicales y empresariales más conservadores que no quieren que en su campo crezcan otras opciones del Gobierno. Entre quienes lo defienden, aparecen en primer lugar los sectores empresariales, quienes hasta el momento no han tenido criticas sobre su desempeño y con quienes Moroni mantiene un fluido diálogo. Por otro lado, la cúpula de la CGT también tiene una buena valoración del ministro, ya que los llamados “gordos” prefieren tener en la mesa de negociación a un albertista antes que un ministro ligado al ala K, lo que podría quitarles poder en un esquema en donde otras opciones sindicales (mucho más identificadas con Cristina Fernández) disputan el liderazgo de la CGT. Aun así, Héctor Daer, actual secretario general de la CGT, también tuvo algunos chispazos con el ministro Moroni cuando su gremio, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), encabezó una serie de protestas en reclamo de aumentos salariales.
Moroni vs. Moyano
Pero el principal cruce de Moroni ha sido sin lugar a dudas con la familia Moyano y el sindicato de Camioneros. Fueron dos sucesos en los cuales el Ministro de Trabajo criticó las medidas de fuerzas que este sindicato llevó adelante. Primero, en el marco de un reclamo frente al supermercado Walmart, donde el Sindicato de Camioneros bloqueó las instalaciones del supermercado de capital extranjero. En aquel momento, Pablo Moyano salió a cruzar al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y a su par de Trabajo y les reclamó “sensatez y empatía”, luego de que trascendieran declaraciones en las que ambos funcionarios manifestaron su preocupación por “los bloqueos a empresas por parte de Camioneros”. Casi anticipando la reciente moda de mandar cartas, Moyano les escribió una misiva donde sentenciaba: “Resulta conveniente invitar a los señores ministros que hoy cuestionan públicamente los legítimos reclamos del sector trabajador que represento ante comportamientos abusivos de parte de la patronal empresaria, a repasar el pasado de luchas comunes antes de evaluar con ligereza conductas que inequívocamente denotan una actitud coherente, sacrificada y siempre en defensa de la dignidad del pueblo trabajador y la salud de las instituciones de la República”, sostuvo Moyano en su texto.
Tiempo después, Camioneros realizó un bloqueo en la empresa Mercado Libre, lo que generó un nuevo cruce con el Ministro de Trabajo, quien volvió a repudiar la medida. El debate sobre el encuadramiento de los empleados de Galperin viene desde hace tiempo y es un conflicto que incluye además del gremio de los Moyano al bancario Sergio Palazzo, quien afirma que esa empresa online actúa “como un banco sin serlo, a tal punto que los propios banqueros lo critican y se quejan en la intimidad”. El Ministerio a cargo de Moroni todavía no hizo ninguna modificación con respecto al pedido de ambos pesos pesados del sindicalismo argentino, algo que llama la atención al tratarse de una empresa como Mercado Libre, que aprovechó el gobierno de Mauricio Macri para evitar la correcta sindicalización de sus empleados.
Por último, hay que señalar que Moroni fue uno de los primeros en cerrarle la puerta a la posibilidad de pagar un nuevo IFE cuando declaró: “la situación es distinta al 2020”. Esto generó malestar también con otro actor importante como es el sector de la economía popular, con el que el propio Ministro de Trabajo había tenido un buen primer acercamiento cuando formalizó el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, que permite a las personas que se desempeñan en ese ámbito ejercer su representación colectiva.
Este historial no fue suficiente para que uno de los ministros más señalados, desde adentro y desde afuera, abandonara su cargo. Resta ver si en este nuevo relanzamiento del gabinete de Alberto Fernández, la cartera de Trabajo modificará sus lineamientos y cuál será su orientación de cara a un futuro que augura mayores conflictos laborales y la necesidad de mejorar los ingresos de los sectores más postergados.
