Une de cada tres inquilines del AMBA adeuda como mínimo un mes de alquiler, y más de la mitad alquila de manera informal, sin contrato. Los datos forman parte de un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el instituto IDAES de la Universidad de San Martín y explican hasta qué punto creció en el último tiempo la vulnerabilidad de los hogares no propietarios.
“La realidad de los hogares inquilinos en al Área Metropolitana es que la mitad alquila sin un contrato escrito, situación que es más profunda en la Provincia, donde llega a un 60 por ciento. Quienes alquilan de palabra, demás está decirlo, están en una situación por demás comprometida y vulnerable, y son además quienes más problemas tienen para pagar todos los meses. En total, encontramos que une de cada tres tiene alguna deuda, al menos de un mes de alquiler. Y la situación es mucho más grave en hogares cuyo jefe o jefa está desocupado”, describió en diálogo con El Grito del Sur Luna Miguens, coordinadora del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.
Les investigadores vienen realizando encuestas telefónicas a hogares inquilinos de forma periódica desde octubre del año pasado. Los resultados de la última medición, actualizados a junio de este año, les permitieron desarrollar un nuevo instrumento, que bautizaron “Índice de Vulnerabilidad Inquilina”, con el objetivo de medir el mayor o menor grado de fragilidad entre quienes alquilan, a partir de “distintas variables críticas como el nivel de ingresos, el porcentaje de ingresos destinado al alquiler, si hay de por medio un contrato o el riesgo de desalojo”, explicó Miguens.
Los hogares con mayor vulnerabilidad, según el primer índice, resultaron “aquellos sostenidos por mujeres, personas trans y jóvenes, los que reciben la AUH u otras ayudas del Estado, quienes habitan en villas o son migrantes”, detalló la investigadora. Esos sectores son los más endeudados, los que más alquilan “de palabra” y viven con la incertidumbre de poder quedar en la calle.
En números concretos, de acuerdo al informe, el 34 por ciento de los hogares inquilinos encuestados que son sostenidos por mujeres tienen un grado de “vulnerabilidad alta” y otro 30 por ciento de “vulnerabilidad media”, mientras que en hogares a cargo de varones el mismo índice es de 26 y 39 por ciento, respectivamente. Si en el hogar hay niñes, la “vulnerabilidad alta” trepa al 35 por ciento, bastante más que el 15 por ciento en los hogares en que no los hay. Si se alquila “de palabra”, el mismo guarismo alcanza al 43 por ciento de los hogares, y se reduce al 14 por ciento entre quienes tienen un contrato firmado.
“El alto grado de informalidad es un problema muy grave si tenemos en cuenta que las políticas de protección están destinadas a quienes alquilan con contrato, entonces por lo menos la mitad de quienes alquilan están excluidos”, sostuvo Miguens. “La ley de Alquileres, que extiende la duración del contrato de 2 a 3 años, fija topes máximos en depósitos y adelantos y ofrece mayor estabilidad, también incluye una alerta temprana ante el desalojo, pero siempre estamos hablando de inquilinos con contrato”, aclaró.
Otro de los puntos sobre los que el informe llama la atención es la relación entre desocupación y desalojo. “Los ingresos tienen una afectación directa sobre el riesgo habitacional de la población inquilina, ya que definen la posibilidad cierta de no poder pagar el alquiler o no contar con los ingresos suficientes para acceder a un nuevo contrato de alquiler en caso de ser desalojades o de que no les renueven el contrato. La situación laboral incide de manera directa sobre la vulnerabilidad inquilina”, concluye el documento, que marca que casi la mitad de los hogares con desocupación están enmarcados dentro del índice de “vulnerabilidad alta”.
Para Miguens, la incertidumbre respecto del hábitat repercute en el resto de las variables que hacen a la calidad de vida. “El riesgo de no poder pagar un alquiler no sólo tiene que ver con no tener un techo, también se juega la posibilidad de mandar a les hijes al mismo colegio y no tener que cambiarlos, o con el tratamiento específico de salud que la persona está haciendo en determinado hospital cercano. El lugar donde se vive también está asociado al trabajo que se hace, así que también puede tener consecuencias negativas en ese sentido. Todas estas dimensiones están asociadas a vivir en un lugar estable, y esa no es la situación de previsibilidad deseada que están viviendo al menos la mitad de les inquilines”.
