“En medio de una pandemia, jugar con la salud de 45 millones de personas es perverso”, sentencia Mijael Kaufman, integrante de Consciente Colectivo, un espacio militante fundado por jóvenes para visibilizar las problemáticas socioambientales en nuestro país. La ley de etiquetado frontal, que iba a tratarse este martes en la Cámara de Diputados pero el bloque de Juntos por el Cambio decidió boicotear (a pesar de haber manifestado su apoyo a la iniciativa), es una de sus principales luchas. “Uno de los argumentos que más utilizan para desprestigiar la ley es decir que es elitista y está militado desde Palermo. Lo que no saben es que es un proyecto que va a beneficiar de distintas formas a millones de argentinos y argentinas”, asegura.
Resistida por los monopolios alimenticios, la ley de etiquetado frontal es una de las causas que generó mayor consenso en el último año y medio, especialmente frente a una crisis sanitaria que obligó a repensar la relación del ser humano con la naturaleza y su manera de nutrirse. El proyecto, que surgió de la unificación de diversos textos, contempla cuatro ejes fundamentales: el etiquetado con sellos de advertencia en productos que contengan excesivos “nutrientes críticos” (azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y grasas totales); la prohibición de aquellos productos que contengan exceso de algún nutriente crítico en las escuelas; la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes y la obligación de que el Estado priorice la compras de aquellos productos que no contengan sellos de advertencia, lo cual repercutirá de manera directa en la alimentación de las clases populares.
“Actualmente, en Argentina es muy difícil que las personas hagan compras informadas. Hay evidencia científica de que solo el 26 por ciento de las personas leen las etiquetas y la mitad -es decir 13 por ciento- las comprende. Las elecciones terminan siendo más consecuencia de la publicidad que del verdadero conocimiento de lo que estamos poniendo en el carrito de supermercado”, explica Ignacio Porras, licenciado en Nutrición y director ejecutivo de Fundación SANAR.
Según la experiencia latinoamericana, Porras aclara que desde la primera ley de etiquetado, sancionada en 2016 por Chile, los países han mejorado tanto el sistema gráfico como el perfil de nutrientes. Esto, lejos de generar una debacle económica como alegan quienes se oponen a la ley, permite mejorar la ingesta al mismo tiempo que se crean nuevos puestos de trabajo. “En Chile hubo una reducción de bebidas azucaradas del 35 por ciento y de copos azucarados del 14 por ciento. Se consiguió disminuir el consumo sin generar una catástrofe económica. Incluso cuando las empresas buscaron reformular sus alimentos terminaron contratando ingenieros en alimentos o médicos. El etiquetado genera un viraje en el consumo, no una pérdida”.
Otra de las objeciones a la ley suele ser que, más allá de que exista información, si no se acompaña de medidas económicas los productos con nutrientes críticos seguirán siendo los más baratos y por lo tanto aquellos más consumidos por las clases populares, lo cual lleva a pensar que es una medida elitista, premisa que ambos entrevistados desmienten. “Esto no tiene por qué ser así si se complementa con otras estrategias”, advierte Ignacio. “Hay países como México que comenzaron a gravar los productos con exceso de nutrientes críticos. Son impuestos selectivos que tienen un impacto negativo en el consumo y permiten invertir lo recaudado en el fomento de producción de alimentos saludables. Nuestra ley prevé que el Estado no pueda incluir alimentos que tengan sellos en la asistencia alimentaria o programas de fijación de precios, como Precios Cuidados. De esta manera van a tener que focalizar en productos de buena calidad nutricional y no diseños comestibles”.
“Un ejemplo claro de que la ley no es elitista es que el Estado nacional deberá priorizar la compra de productos que no tengan exceso de nutrientes críticos. Esto afecta directamente a las miles de familias que en todo el país reciben bolsones de merenderos, clubes o escuelas”, apoya Kaufman.
Que seis de cada diez adultes presenten exceso de peso en nuestro país y el 6 por ciento de les niñes en edad escolar entren en lo que se considera obesidad fue uno de los principales motivos para defender la impresión de octógonos negros en los alimentos. Sin embargo, desde el activismo gorde advierten que ningún etiquetado puede convertirse en una excusa más para violentar las corporalidades que no entran en la norma. Como declara Laura Contrera en un artículo de Cosecha Roja: “Desde los activismos insistimos en el derecho a saber qué comemos, insistimos en señalar las complicidades de la industria de la alimentación y de la industria de la dieta y en preocuparnos por la justicia y la soberanía alimentaria de este país”. “Lo que nos preocupa es que estas campañas centradas en el pánico moral y en el estigma de la gordura no apuntan correctamente al objetivo”, agrega.
“No hay evidencia científica de que el etiquetado afecte en la percepción corporal. Hacer cargo de los Trastornos de la Conducta Alimentaria al etiquetado frontal es un tanto rebuscado. Creo más peligrosa la publicidad engañosa que te muestra una modelo hiper flaca como si fuera el único cuerpo posible, que una etiqueta advirtiendo sobre los nutrientes críticos. Además, es fundamental resaltar que este tipo de alimentos enferman a toda la gente sin necesidad de una adiposidad mayor. Hay muchas enfermedades por malnutrición que se pueden dar en cuerpos flacos como la hipertensión o el hígado graso”.
De no tratarse antes del 30 de noviembre, el proyecto (que ya cuenta con dictamen en comisiones) podría perder estado parlamentario. “El 29 de octubre del año pasado se consiguió media sanción en el Senado y ya pasaron más de 2 meses desde el dictamen del Plenario de las cuatro comisiones de la Cámara de Diputades. Es vital que se debata y apruebe sin modificaciones. No podemos esperar más esta ley”, finaliza Mijael.
