El 17 de noviembre, horas antes del asesinato de Lucas González, el ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro resaltaba «la vocación y el profesionalismo de los hombres y mujeres que integran esta moderna Fuerza», refiriéndose a la Policía de la Ciudad, que acaba de cumplir cinco años de existencia. Apenas unas horas más tarde, el funcionario se vio obligado a «apartar» a los policías responsables del asesinato de Lucas y reconocer un «accionar» que se alejó del «buen desempeño policial». El propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, señaló en Twitter que «seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley». La semana posterior a las elecciones legislativas, donde se pusieron nuevamente en agenda los discursos punitivistas y hasta la discusión sobre la pena de muerte, culmina con otro joven asesinado por las fuerzas policiales en nuestro país. «El caso muestra una serie de irregularidades gravísimas, que tienen que ver con la intervención de la policía sin estar identificados y con un auto que tampoco era de la policía. La primera respuesta de la policía fue usar el arma de fuego ante una persecución vehicular, cuestión que estaba absolutamente desaconsejada», explicó en diálogo con El Grito del Sur Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
«El uso de las fuerzas para las policías solo está permitido en los casos de peligro inminente -siempre provocando el daño menor-, pero acá lo que vemos fue una intervención violenta y letal sin que hubiera una justificación para ello. Las consideraciones relacionadas con el aumento del castigo y la respuesta punitiva por parte del Estado es un eslogan que se repite, pero se vincula a resultados como en el asesinato de Lucas», agregó.
Lucas González, de apenas 17 años, vivía en Varela pero entrenaba en la sexta división del club Barracas Central. Si bien todos los días viajaba en transporte público para entrenar, el miércoles viajó en el auto de uno de sus amigos -a quienes acompañaba para realizar una prueba- y fueron cruzados por un Nissan Tiida, sin identificación oficial. A bordo iban tres policías vestidos de civil, por lo que los jóvenes creyeron que eran ladrones y aceleraron, lo cual desató una persecución mortal. Este nuevo caso de gatillo fácil muestra algún paralelismo con el que terminó con la vida de Facundo Scalzo, quien en junio del año pasado fue asesinado por la espalda luego de ser perseguido por un grupo de gendarmes entre quienes estaban Juan Pablo Ruiz, Jorge Pérez y Diego Rocha, procesados como autores del crimen pero que hoy gozan de impunidad al ser liberados.
De acuerdo con la especialista del CELS, existe un modus operandi que se repite en estos casos de gatillo fácil. «Estas situaciones abusivas y extorsivas por parte de las policías se dan sobre todo con los jóvenes hombres de los barrios populares porque hay una idea de que son el otro peligroso. Es importante revertir esas formas de relacionarse de las policías con los jóvenes de los sectores populares, que se produce de manera repetida y que muy pocas veces se ha visibilizado en los medios de comunicación», señaló.
Si bien la Policía de la Ciudad ya cumplió cinco años de existencia y la ley de que la creó establece una serie de obligaciones en materia del uso de la fuerza, Darraidou expresó que «el Gobierno porteño incumple con numerosos puntos establecidos en la ley que hacen a la transparencia del accionar de la policía. Concretamente, la ley obliga a efectuar un registro del uso de la fuerza por parte del personal policial y que se deben realizar informes anuales que relaten las acciones del Poder Ejecutivo de CABA para controlar y reducir el uso del arma de fuego. Hasta el momento, en estos cinco años no ha habido novedades sobre el cumplimiento de estas obligaciones». «Por otra parte, la auditoría externa del Ministerio de Seguridad -que investiga el accionar de las policías- tiene que publicar anualmente diez expedientes que hayan sido llevados por esta oficina, que demuestren cómo se investigan los casos de irregularidades policiales. Tampoco han sido publicados en los últimos años. Hay una deuda pendiente clara por parte del Gobierno de la Ciudad», añadió.
La discusión que se busca instalar desde ciertos sectores políticos y los medios de comunicación es si el policía está autorizado a matar en cualquier caso y se califica como «ideología» a cualquier posición que cuestione la actuación policial. En ese sentido, durante la semana previa a las elecciones legislativas los pedidos de «mano dura» y hasta de pena de muerte estuvieron a la orden tras el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. El principal peligro de la legitimación de este accionar policial es generar «muertes naturalizadas», tal como señala un informe del CELS en el que se advierte sobre el déficit de datos oficiales sobre el uso de la fuerza policial, con o sin resultado letal. «Esta carencia histórica expresa cómo se piensa la función policial y determina la ausencia de políticas públicas orientadas a prevenir el uso abusivo de las armas de fuego: si la estructura de gobierno político de las policías no genera esta información, esto implica que no monitorea el uso policial de la fuerza ni interviene con acciones concretas», alerta el trabajo.
Por estas horas, la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense está realizando la autopsia de rigor para determinar científicamente las lesiones de bala que sufrió Lucas en la cabeza. Una vez concluido el proceso lo entregarán a la familia para que puedan velarlo. Victoria Darraidou planteó respecto a los pasos a seguir que «es necesario propiciar una investigación transparente que pueda mostrar efectivamente lo que ocurrió. En ese sentido, resulta importante tomar las cámaras de la Ciudad y poder observar cuáles fueron las comunicaciones internas entre los policías y las primeras actas de procedimiento policial que se llevaron a cabo. El problema es que muchas veces prima la versión policial, siendo convalidada por el sistema de justicia y también replicada por los medios de comunicación». «Es necesario saber quiénes fueron los policías que utilizaron el arma de fuego, reconocer cuántos disparos hubo y realizar un completo peritaje de la escena», concluyó.
