72 horas después del asesinato de Elías Garay, las principales sospechas de sus compañeros de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu de Cuesta de Ternero, 25 kilómetros al norte de El Bolsón, están puestas en el accionar de la brigada del COER (Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate) de la Policía de Río Negro. Nadie se explica cómo el domingo de la balacera –de la que también resultó herido Gonzalo Cabrera– dos personas de civil lograron atravesar el cordón policial que mantenía cercado el territorio recuperado sin identificarse, y armados. “El COER tenía sitiada la comunidad. Desde que empezó la recuperación del territorio, a fines de septiembre, ninguno de nosotros pasaba sin antes dejar sus datos en el retén y sin ser revisados en los puestos de control. Además, la ruta está cortada y la comunidad es muy chica. Por eso decimos que claramente la policía tiene una responsabilidad en lo que pasó y queremos que la Justicia investigue, porque es realmente muy sospechoso”, dijo en diálogo con El Grito del Sur Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora Mapuche Tehuelche.
La fiscalía de El Bolsón no hizo pública, por ahora, ninguna hipótesis sobre lo sucedido y la investigación prácticamente no avanzó, dado que el fiscal Francisco Arrien dijo que “no están dadas las condiciones” para ingresar al territorio y realizar nuevos peritajes. Lo único que se sabe en concreto en el marco de la causa es que la autopsia demostró que Elías falleció desangrado producto de un balazo a la altura del tórax. Su familia recuperó el cuerpo anoche y lo trasladó hacia la localidad de Jacobacci, donde se hará el funeral. “Hablé con ellos ayer y están destrozados. Reclaman justicia, como todos”, dijo Carriqueo.
La abogada del Lof, Andrea Reile, fue bastante concreta: “A Elías lo mató la policía o permitió que ingresara gente a matarlos”, denunció esta tarde en declaraciones a Radio Nacional de El Bolsón. Y pidió en nombre de la comunidad que el COER se retirara de la zona, dada la situación de tensión que se vive, pero el fiscal “no cumplió con lo pactado”. “Hay muchos hechos y se atribuyen a las comunidades, pero no investigan. Cualquier cosa mala que pasa en El Bolsón son los mapuches. Pero cuando matan a un mapuche, nadie toma una sola medida de protección”, protestó la abogada.
“Entraron dos sicarios, eso es lo que sabemos hasta ahora. O son policías o la policía los dejó entrar”, agregó Carriqueo. El testimonio de Gonzalo Cabrera, que este miércoles envió un mensaje desde el Hospital de El Bolsón, donde se recupera de un balazo en el abdomen, podría ser fundamental para echar luz sobre los hechos. “Su testimonio nos puede ayudar a identificar a los agresores”, dijo el referente mapuche.
Una fuente con contacto con el territorio aseguró a este medio que la relación entre los comuneros mapuches del Lof y el COER “fue muy picante desde el inicio de la recuperación de los terrenos”, el 26 de septiembre. “Permanentemente estaban provocando, intentando generar violencia, pero por supuesto nadie caía en esas provocaciones. Por eso nos parece muy raro lo que pasó”.
Carriqueo puso eje en la necesidad de establecer una mesa de diálogo con el Gobierno provincial y el nacional para llegar a un acuerdo. “Esto sólo se resuelve con diálogo, ni a los tiros ni tampoco en la judicialización del conflicto”, sostuvo el referente. “Le pedimos a la gobernadora (Arabela Carreras) que recapacite. No dialoga y desconoce a la comunidad”, agregó.
Un grupo de organizaciones indígenas, en tanto, mantiene un acampe frente al Congreso en reclamo de la prórroga de la ley de Emergencia Territorial, que prohíbe los desalojos de comunidades y ordena a los Ejecutivos provinciales a realizar un relevamiento de tierras. «Las organizaciones indígenas que estamos llevando adelante el acampe en Plaza de Congreso decimos basta de represión, de violencia y de odio. Queremos repudiar el accionar del Gobierno Provincial, el Poder Judicial de Río Negro y las fuerzas de seguridad que frente al levantamiento del campamento humanitario que se llevaba adelante en el Lof Quemquemtrew, han dejado sin ninguna garantía de seguridad jurídica a los miembros del Lof», dijeron en un comunicado.
