El proyecto de Ley de Envases y Reciclado Inclusivo presentado por el diputado Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente Juan Cabandié con el apoyo de organizaciones cartoneras, quedó trabado en el laberinto de la rosca política y no sería tratado finalmente en el Congreso antes de que cambie su composición en 10 de diciembre. Las razones de este freno son la rotunda oposición de las multinacionales estadounidenses ligadas a este sector y de Juntos por el Cambio, así como la falta de apoyo de los partidos provinciales y del interbloque federal que lidera Graciela Camaño. «La ley está abierta a correcciones y vamos a seguir batallando como corresponde. Esta vez no nos toca pelear solos, el ambientalismo ha sido parte de esto y que haya una discusión nacional sobre este tema ya representa un ganancia», expresó a El Grito del Sur Jackie Flores, referenta nacional de la UTEP y secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
El proyecto está basado en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), por lo que las empresas productoras deberían hacerse cargo del costo de los envases que colocan en el mercado mediante una tasa del 3 por ciento como máximo. Esta recaudación se destinaría a un fideicomiso manejado por el Ministerio de Ambiente. Luego, un monto será transferido a los municipios, siempre y cuando cuenten con un plan de abordaje de reciclado de residuos.
Cabe destacar que, en la actualidad, les recicladores realizan en forma gratuita el trabajo de juntar y separar cada material para que siga su circuito y volver a reinsertarlo en el mercado. En ese marco, uno de los objetivos de este proyecto es fortalecer los Sistemas de Reciclado con Inclusión Social que apuntan a mejorar y dignificar el trabajo de los cartoneros y las cartoneras ofreciendo una solución posible a la problemática de residuos sólidos urbanos.
Bajo la premisa de proteger los intereses empresariales, desde la oposición nucleada en Juntos por el Cambio plantearon que una mayor presión tributaria podría provocar un «efecto mariposa» negativo en la economía y que esta tasa recaerá sobre los consumidores, puesto que habría un aumento de la inflación producida por la suba generalizada de todos los precios. Incluso la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que agrupa a grandes marcas como Coca Cola, expresó su preocupación frente a «una propuesta anacrónica que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa».
«Ya van a hacer 20 años que estamos batallando por esta ley. Sabemos lo que significa el lobby de estas empresas y era de esperar: tienen los medios de comunicación a su favor, lo único que me enoja es que a partir de esos medios mientan tanto porque lo que pretendemos es una tasa ambiental. Lo loco de esto es que se hayan pronunciado públicamente: son los gringos diciendo lo que tenemos que hacer con el cuidado del medio ambiente en nuestro país. Es una locura, no somos colonia ni estamos en el gobierno de Macri», disparó Flores.
Frente a los ataques que recibió el proyecto, en los últimos días la Federación de Cartoneros impulsó una campaña que busca desarmar mitos sobre la ley de envases, entre los que se cuentan que sería «una caja millonaria para financiar cartoneros». Desde FACCyR remarcaron que la gestión de residuos es una competencia de los municipios y que las cámaras empresarias participarán de un Consejo Consultivo junto a organismos del Estado, provincias y representantes de trabajadores para evaluar la planificación de gestión de envases, controlar el envío de recursos a municipios y las rendiciones de los mismos. También plantearon que la ley propone solucionar varias problemáticas históricas en nuestro país: la contaminación ambiental, la regulación sobre la responsabilidad empresarial, el desempleo, la marginalidad, la justicia social y la justicia ambiental.
«Estoy muy feliz de que en la República Argentina se esté discutiendo la Ley de Envases con inclusión social. Queremos que los productores se hagan cargo de esta responsabilidad. Se trata de prevenir y reparar: aquel que elija un envase que contamina, va a tener que pagar la tasa. También está la opción de devolución y retorno de los envases, algo que tampoco se está diciendo. Hay muchas posibilidades, pero el lobby quiere confundir. Esto es una tasa, no un impuesto», dijo la integrante de UTEP y FACCyR. «Estamos muy expectantes, seguimos hablando con diferentes sectores. Hay un arco político que está dialogando y sabe que no podemos perder la oportunidad de avanzar en una ley que es absolutamente importante para el país», concluyó.
