El Gobierno porteño deberá tirar abajo el enrejado que separa a la escuela primaria “La Banderita”, en la Villa 31, de uno de los estacionamientos privados de los tribunales de Comodoro Py. Una cautelar dictada por el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad le dio este miércoles la razón a la comunidad educativa que llevaba cinco años reclamando que se removiera el alambrado y que los coches se mudaran bien lejos. Las familias del barrio pedían que se priorice el ingreso al establecimiento de los chicos, el transporte público y las ambulancias por sobre la comodidad de las autoridades y los funcionarios del Poder Judicial.
El fallo, firmado por la titular del Juzgado 6 del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, Patricia Graciela López Vergara, ordena al Ejecutivo local a “garantizar la accesibilidad” a la escuela para que “la comunidad (educativa) pueda acceder al exterior con mayor fluidez, rapidez, tranquilidad y seguridad”. Además, exige a los jueces y funcionarios de los tribunales federales “cumplir con la prohibición de estacionar a menos de diez metros a cada lado de la entrada de las escuelas”, por lo que el estacionamiento en cuestión deberá ser reubicado.
La jueza también desestimó los planteos de nulidad presentados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que al menos cumplió con el objetivo de entorpecer el avante del expediente durante cinco años. La causa había sido impulsada en 2017 por la abogada Miriam Medina, de Compromiso Ciudadano, y acompañada por la Unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA y varias organizaciones sociales y políticas del barrio.
«El fallo de la jueza López Vergara permite que se respeten los derechos de los alumnos y alumnas de la Villa 31 que asisten al Polo Mugica (conocido como escuela Banderita). Intima al gobierno de Larreta a que comiencen las obras para permitir el acceso seguro al establecimiento, que fue cercenado con el alambrado que pusieron hace años para el estacionamiento de Comodoro Py», le dijo a El Grito del Sur Sofía González, comunera por el Frente de Todos de la Comuna 1 y militante de La Cámpora en la 31.
El fallo llegó además con varios señalamientos al destrato del Gobierno porteño a los vecinos: le recordó que el plan de obras para la escuela debió haber sido consensuado y no impuesto y que los chicos fueron traslados compulsivamente y estuvieron largo tiempo cursando en un galpón sin condiciones mientras la Ciudad avanzaba en la construcción de un nuevo edificio, entre otros reproches.
